Empresas en Angola

El sector empresarial formal de Angola coexiste con una economía de empleo y microempresas predominantemente informal. A finales de 2025, el 69,4 por ciento de las personas ocupadas trabajaba de manera informal; la proporción era del 88,8 por ciento en las zonas rurales, del 65,6 por ciento en las ciudades, del 76,0 por ciento entre las mujeres y del 63,5 por ciento entre los hombres. La constitución formal suele mejorar la seguridad jurídica, el acceso a financiación, la protección social y determinadas ventajas para las micro, pequeñas y medianas empresas. Fuera de Luanda, los puntos de servicio, el acceso a internet y la aplicación municipal pueden dificultar el acceso. La ventanilla única empresarial, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos), gestiona la constitución, modificación y disolución de empresas. Las formas disponibles incluyen comerciante individual (Comerciante em Nome Individual), sociedad de responsabilidad limitada (Sociedade por Quotas) con uno o más socios, sociedad anónima (Sociedade Anónima) con uno o más socios, cooperativa (Cooperativa) con al menos diez miembros, sucursal (Sucursal) u oficina de representación (Escritório de Representação), y agrupación de empresas (Agrupamento de Empresas) con al menos dos empresas. La entidad ofrece procedimientos en línea y presenciales; la vía en línea está disponible en todo el país, mientras que las oficinas presenciales incluyen ubicaciones en Luanda, Huíla, Benguela, Bié y Malanje. El procedimiento simplificado está disponible en línea o presencialmente, pero la escritura pública (Escritura Pública) solo puede formalizarse de manera presencial. La entidad indica un plazo máximo de finalización de 24 horas si los documentos están completos. Para una sociedad de responsabilidad limitada, basta un capital de al menos 1 kwanza; el pago puede aplazarse hasta el final del primer ejercicio financiero. Una sociedad anónima requiere un capital equivalente a 20.000 USD en kwanzas, que debe desembolsarse. Las tasas actuales son de 9.500 Kz para un comerciante individual, más 11.880 Kz en el registro mercantil (Conservatória), 11.000 Kz para una sociedad de responsabilidad limitada y 41.000 Kz para una sociedad anónima. Una escritura pública, el notario, el registro mercantil y las certificaciones pueden generar costes adicionales. Los fundadores extranjeros no necesitan una autorización previa especial para constituir una empresa. Sin embargo, necesitan residencia legal o representación legal y, según el caso, un pasaporte y visado o permiso de residencia, número de identificación fiscal (NIF), dirección de correo electrónico y número de teléfono. En el caso de socios corporativos, también se exige un certificado actualizado del registro mercantil, el número de identificación fiscal y un acuerdo de socios; los socios casados deben aportar además los datos de su cónyuge. Antes de iniciar una actividad comercial o industrial, la inscripción se realiza en el Registro General de Contribuyentes (Registo Geral de Contribuintes) ante la Administración General Tributaria (Administração Geral Tributária (AGT)). Las personas físicas suelen estar sujetas al grupo C del IRT (IRT Grupo C), mientras que las personas jurídicas están sujetas al Impuesto Industrial (Imposto Industrial). Según las condiciones aplicables, se aplica el Régimen General (Regime Geral) o el Régimen Simplificado (Regime Simplificado). En el régimen del IVA, los archivos de auditoría fiscal de datos de facturación y compras (SAF-T(AO)), así como la facturación y los registros contables adecuados, forman parte de las obligaciones continuas. Los registros contables deben conservarse durante al menos cinco años; los plazos y tipos fiscales concretos deben comprobarse en el calendario fiscal vigente y según el caso individual. Las empresas comerciales y de servicios suelen necesitar una Licencia Comercial Única (Alvará Comercial Único) o una licencia sectorial. La responsabilidad y el procedimiento dependen de la actividad y de la ubicación. Entre las actividades de mayor riesgo se encuentran los alimentos, los animales y plantas vivos, la pesca, los medicamentos, los vehículos de motor, los combustibles, los lubricantes y los productos químicos. En actividades de menor riesgo, en algunos casos se puede comenzar a operar sin una autorización previa. Los documentos habituales incluyen un certificado comercial (certidão comercial) y la identificación de la dirección. Para el comercio minorista y mayorista, las tasas dependen de la superficie: 20.000 Kz para 0 a 199 m², 40.000 Kz para 200 a 499 m², 80.000 Kz para 500 a 999 m², 205.000 Kz para 1.000 a 1.999 m² y 355.000 Kz a partir de 2.000 m². El importe y el procedimiento deben confirmarse previamente porque su aplicación depende de la actividad y del municipio. Los proyectos industriales pueden requerir licencias del proyecto y de las instalaciones, además de requisitos ambientales, de seguridad y de salud. Según la actividad, las importaciones requieren una Licencia Industrial (Alvará Industrial) o una licencia mayorista, junto con requisitos conformes con la normativa fiscal y de la seguridad social. La autorización previa de la dirección competente (DNI) dentro del ministerio competente (MINDCOM) es gratuita. La inscripción en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) es obligatoria para empleadores y empleados. Según las normas aplicables, los plazos suelen ser de 30 a 60 días desde la constitución o el inicio del trabajo; después deben realizarse las contribuciones mensuales y las notificaciones relativas al inicio, los cambios y el final de la relación laboral. El organismo de apoyo y clasificación empresarial (INAPEM) clasifica las empresas formales como micro, pequeñas y medianas empresas (MPME) según el número efectivo de empleados y la facturación bruta anual, dando prioridad a la facturación. Una microempresa tiene hasta diez empleados o una facturación de hasta el equivalente a 250.000 USD; una pequeña empresa tiene de 11 a 100 empleados o una facturación superior a 250.000 USD y de hasta 3 millones de USD; y una mediana empresa tiene de 101 a 200 empleados o una facturación superior a 3 millones de USD y de hasta 10 millones de USD. La clasificación generalmente exige al menos seis meses de actividad, así como contratos con los empleados y su inscripción en la seguridad social. El certificado de clasificación (Certificado MPME) tiene una validez aproximada de doce meses y debe renovarse. Las pruebas habituales incluyen el número de identificación fiscal, el certificado comercial, los documentos de la empresa y de los estatutos, la licencia o prueba equivalente, una declaración de empleados y la conformidad fiscal. Si se supera un umbral, el trato diferenciado finaliza a partir del año siguiente. El organismo ofrece formalización, formación, asesoramiento de gestión, apoyo para planes de negocio y estudios de viabilidad, así como asistencia para acceder a financiación. El programa de incubación y aceleración de aproximadamente diez semanas (Twendy) ofrece incubación y aceleración. El programa de financiación reembolsable (FUNEA) proporciona financiación para el empleo y el trabajo por cuenta propia, y el microcrédito se concede preferentemente a través de bancos nacionales. El programa de crédito para cooperativas (Credit Amigo) se dirige a cooperativas de agricultura, pesca y pequeña industria. El programa de formalización local (PREI) apoya la formalización de pequeñas empresas informales y puede mejorar el acceso al crédito, las competencias y la protección social; el acceso efectivo depende del programa o de la convocatoria correspondiente. Durante la actividad, las empresas deben cumplir las declaraciones y pagos fiscales, la facturación y, cuando corresponda, los archivos de auditoría fiscal, mantener licencias válidas, realizar las notificaciones de seguridad social y presentar informes sectoriales. Las empresas industriales deben presentar informes al ministerio competente; la falta de informes puede bloquear otros servicios de licencias o provocar la suspensión de la licencia. La actividad formal ofrece mayor seguridad jurídica, financiera y de protección social, pero también genera una carga mayor de tasas, documentación y cumplimiento que la actividad informal. El domicilio social, el objeto social, el capital, los socios, las participaciones y la forma jurídica pueden modificarse a través de la ventanilla empresarial. Según la operación, los documentos pueden incluir actas (Acta), un certificado comercial, documentos de identidad, prueba del capital, una nueva aprobación del nombre de la empresa, la conformidad tributaria y estados financieros. Una adquisición o transmisión debe estructurarse jurídicamente mediante participaciones, activos o un acto de socios; una entrega informal no sustituye esta revisión. Para poner fin a una empresa se utiliza el procedimiento de disolución y liquidación (Dissolução e Liquidação). Los requisitos habituales incluyen actas certificadas, los estatutos o la escritura pública más recientes, el certificado comercial, documentos de identidad, un informe de cuentas o balance y un certificado de solvencia fiscal. La entidad indica un objetivo de finalización de 48 a 72 horas; el procedimiento está sujeto a tasas. A efectos fiscales, el Régimen General debe presentar el formulario fiscal de 60 días (Modelo 1), mientras que el Régimen Simplificado debe presentar su declaración o documento denominado Livre (Livre) en un plazo de 30 días. La liquidación generalmente no dura más de tres años desde la disolución y puede prorrogarse mediante acuerdo de socios por un máximo adicional de dos años. Las obligaciones fiscales, de seguridad social y de licencias continúan hasta la finalización correcta.