Comunicación en Bolivia

En Bolivia no existe una sola autoridad responsable de todos los asuntos de comunicación. Según el tema, la responsabilidad puede corresponder al regulador de telecomunicaciones (Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)), la agencia de gobierno electrónico (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC)), los proveedores de telefonía e internet, organismos públicos, el servicio postal boliviano (Agencia Boliviana de Correos), la Defensoría del Pueblo o la Policía Boliviana. Las conversaciones en persona, la telefonía móvil, los SMS, los mensajes de voz, WhatsApp, el correo electrónico y los contactos electrónicos con el gobierno se complementan. El acceso depende de la cobertura de red, los dispositivos, los datos disponibles y las competencias lingüísticas. Los costos se deben principalmente a las tarifas, las tarjetas SIM, los dispositivos y los datos móviles. Los prestadores privados y las autoridades públicas no siempre ofrecen el mismo canal, por lo que puede ser necesario contactar en persona, por teléfono o por vía electrónica. El español y las lenguas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos están reconocidos constitucionalmente como idiomas oficiales. Los gobiernos central y departamentales utilizan al menos dos idiomas oficiales, incluido el español, conforme al artículo 5 de la Constitución. Los demás niveles autónomos utilizan los idiomas territoriales pertinentes junto con el español. Los organismos públicos deben explicar los derechos y obligaciones en la lengua materna (idioma materno), es decir, la primera lengua correspondiente. No se puede rechazar ni declarar inválido un trámite únicamente por haberse utilizado una lengua indígena oficial. Sin embargo, el idioma concreto y la provisión de un intérprete dependen de la institución responsable y de la zona. El inventario de idiomas y su aprendizaje pertenecen a otros temas; este tema trata de la comunicación práctica. La telefonía está muy extendida para los contactos privados e institucionales. Bolivia cuenta con telefonía móvil y fija, contratos prepagos y pospagos e internet móvil. Según cifras de 2024, había 108 líneas móviles por cada 100 habitantes. En ese momento, alrededor del diez por ciento de las líneas móviles no tenía acceso a internet. En junio de 2025 se registraron 67.585 líneas GSM y 11,13 millones de líneas 3G o 4G. Estas cifras muestran el uso generalizado de las comunicaciones móviles, pero no significan que todas las regiones y los presupuestos familiares tengan la misma calidad de red o acceso a datos. Por lo general, las personas usuarias pueden elegir libremente prestadores y tarifas. Los prestadores deben ofrecer información clara y completa, facturas desglosadas y proteger la confidencialidad y la privacidad. La comunicación de emergencia debe estar disponible gratuitamente. Entre las obligaciones del cliente están proporcionar información contractual correcta y pagar conforme al contrato. La ATT ofrece servicios de comparación y medición que ayudan a evaluar tarifas y calidad medida. Para emergencias, el 911 es el número de emergencia ciudadana; se puede contactar a la Policía Boliviana mediante BOL110, 110 y 120. La portabilidad del número móvil solo está disponible para servicios móviles. La persona abonada la solicita en persona al nuevo proveedor receptor. Necesita una cédula de identidad boliviana válida y el formulario establecido. Por lo general, se pueden presentar hasta dos solicitudes de portabilidad sin pagar el cargo de portabilidad; una tarjeta SIM nueva aún puede tener un costo adicional. Los términos operador donante y operador receptor se refieren al proveedor anterior y al nuevo. Las ofertas prepagas suelen utilizarse durante períodos más cortos, mientras que los contratos pospagos pueden requerir controles adicionales o tener condiciones contractuales diferentes. Los servicios postales comprenden el servicio postal básico y otros servicios no básicos. La Agencia Boliviana de Correos cumple las funciones correspondientes como operador público designado; también operan prestadores privados autorizados y servicios de mensajería. La elección depende del peso, el destino, el tipo de servicio y el prestador. Los plazos de entrega dependen de la ruta de transporte, las aduanas y el prestador elegido. El servicio de seguimiento Ubica tu Envío permite rastrear un envío cuando el servicio correspondiente está conectado. Los envíos postales están sujetos al secreto, la inviolabilidad, la privacidad, la confidencialidad de los datos, la igualdad de trato y la información comprensible sobre servicios y precios. El remitente conserva la propiedad del envío y debe proporcionar la dirección y los datos correctos del destinatario. No se pueden enviar artículos prohibidos o peligrosos. Si surge un problema, el trámite empieza con una reclamación directa al prestador. Si la respuesta es insuficiente, la persona usuaria puede contactar a la ATT. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 512 reclamaciones directas por servicios postales y 42 reclamaciones administrativas. Los contactos de gobierno digital incluyen trámites en línea, notificaciones electrónicas, documentos digitales, correos electrónicos personales y firmas digitales. Ciudadanía Digital es el sistema gubernamental de acceso para interactuar en línea con las autoridades públicas. Las personas bolivianas y residentes legales de 18 años o más necesitan una cédula de identidad boliviana vigente, una dirección de correo electrónico personal y un número móvil registrado a su propio nombre. El registro es gratuito y tarda aproximadamente 15 minutos. Las personas menores de edad solo pueden acceder en los casos previstos por la ley. Tras la autenticación, las personas usuarias pueden acceder a servicios digitales y a un buzón digital. Una notificación electrónica en este buzón puede tener efectos legales. Una firma digital demuestra la autenticidad e integridad de un documento. Una dirección de correo electrónico personal tiene el mismo valor legal que la correspondencia postal. La Ley 164 protege la confidencialidad y privacidad de las comunicaciones electrónicas. Las credenciales de acceso deben gestionarse personalmente y utilizarse de forma segura. La implementación gradual de la Ley 1080 significa que todavía no todas las autoridades ni todos los servicios están plenamente disponibles en línea. Según la institución, pueden seguir siendo necesarios los canales presenciales, telefónicos o alternativos. La comunicación accesible incluye la Lengua de Señas Boliviana (LSB), intérpretes de lengua de señas y formatos de texto y visuales. Desde el 31 de octubre de 2025, la LSB es un idioma oficial y establece derechos lingüísticos para las personas sordas. Ante una autoridad pública, una persona puede solicitar comunicación en LSB u otra forma adecuada. Según el caso, la responsabilidad corresponde a la propia institución, al nivel autónomo pertinente, a la Defensoría del Pueblo o a intérpretes certificados de LSB. En 2026, la Defensoría del Pueblo presta apoyo virtual en LSB a través de 21 oficinas defensoriales. No se ha documentado un cargo adicional general para las personas usuarias de este servicio; la disponibilidad de intérpretes y la programación de citas dependen de la institución. Para problemas de telefonía, internet u otros servicios de comunicación regulados, el proceso de reclamación comienza con el proveedor. La reclamación debe presentarse dentro de los 20 días hábiles desde que se tuvo conocimiento del problema. En caso de interrupción, el proveedor debe resolverla en un máximo de tres días hábiles; en otros casos, en un máximo de 15 días hábiles. Se pueden utilizar los canales del proveedor, el servicio de reclamaciones de la ATT (ATTención 360°) y la plataforma de conciliación ConciliaNet para consultar el estado y los pasos siguientes. Se puede contactar a la ATT si el proceso directo de reclamación no produce una respuesta adecuada. Para llamadas o mensajes fraudulentos, está disponible el canal BLOQUEA LA ESTAFA. Los malentendidos privados entre interlocutores, empresas o instituciones no están sujetos a un procedimiento nacional uniforme. Aclarar directamente, guardar pruebas por escrito o recurrir a una mediación voluntaria puede ayudar, pero no tiene automáticamente el mismo efecto legal que un proceso de reclamación regulado. En asuntos de derechos humanos, acceso o discriminación, también puede ser competente la Defensoría del Pueblo. Las cifras, los servicios y los procedimientos mencionados reflejan el estado de la investigación al 6 de septiembre de 2026; las tarifas, los servicios técnicos y los procedimientos institucionales pueden cambiar después de esa fecha.