Costos en Bolivia

El instituto nacional de estadística de Bolivia, INE, agrupa el gasto de los hogares en doce áreas, como vivienda y servicios, alimentos, transporte, restaurantes y hoteles, ropa, bienes del hogar, salud, comunicación, educación, ocio y cultura, y alcohol o tabaco. El hogar medio tiene 3,1 integrantes; en zonas urbanas tiene 3,2 y en zonas rurales, 2,8. Los gastos se pagan en bolivianos, que suelen abreviarse Bs. Los precios al consumidor subieron un 20,40 % durante 2025; en enero de 2026 aumentaron un 1,31 % respecto al mes anterior y un 19,64 % en doce meses, mientras que en julio de 2026 bajaron un 2,79 % mensual. Por eso hay que comprobar los precios locales con regularidad. Los costos de vivienda varían según la ciudad, el barrio, la calidad, el equipamiento y el tipo de contrato. Entre las modalidades comunes están la vivienda propia, el alquiler, el anticrético, el contrato mixto de anticrético y alquiler, la vivienda cedida por servicios y el alojamiento prestado u otras modalidades. No se identificó una serie nacional actual y fiable de alquileres, por lo que hay que consultar localmente a prestadores y comprobar las condiciones contractuales. Los hogares rurales pueden gastar menos en alquiler formal, pero más en viajes, transporte o abastecimiento propio. Los servicios públicos deben presupuestarse por separado de la vivienda: la EPSA local, prestador público o privado de agua y saneamiento, factura conforme a estructuras tarifarias aprobadas por la AAPS, el regulador de agua y saneamiento. La factura puede incluir consumo, categoría del servicio, deudas pendientes y fecha de vencimiento. El plazo de pago es de al menos 30 días y, conforme a las reglas aplicables, una EPSA puede cortar el servicio tras dos facturas vencidas. Los cargos de reconexión y mantenimiento siguen la estructura tarifaria aprobada. En ciertos casos pueden aplicarse tarifas sociales o solidarias y la reducción de la Ley 1886. La electricidad está regulada por la AETN y la suministran distribuidores locales. La Tarifa Dignidad reduce en un 25 % el consumo residencial de hasta 70 kWh al mes. Las personas de 60 años o más pueden recibir una reducción del 20 % en los primeros 100 kWh conforme a la Ley 1886 si tienen una conexión residencial. En la factura de electricidad también pueden aparecer cargos municipales de alumbrado o saneamiento. Según datos de la ANH de enero de 2026, una garrafa de GLP de 10 kilogramos costaba Bs22,50 a nivel nacional; los cargos de conexión, gas y electricidad varían según la región y la estructura tarifaria. En el censo de 2024, el acceso a agua mejorada llegó al 87,2 % de los hogares del país y al 78,2 % en zonas rurales; el saneamiento mejorado alcanzó el 63,6 % nacional y el 56,0 % rural, y la electricidad llegó al 92,2 % nacional y al 78,4 % rural. El gasto en alimentos varía según la ciudad, la estación, el canal de compra, el transporte y la producción del hogar. El INE hace seguimiento de los alimentos comprados para el hogar y de las comidas fuera de casa, pero no se debe suponer que exista un presupuesto alimentario nacional fijo. EMAPA y otros canales de precio justo pueden servir de alternativa en algunos casos, pero no son una referencia nacional permanente. Las tarifas urbanas e intermunicipales las fijan localmente el gobierno municipal pertinente o el operador. Para los autobuses interdepartamentales, las bandas tarifarias aprobadas por la ATT dependen del corredor y la clase; según los datos investigados, una tarifa normal La Paz–Oruro era de Bs27–39 y una tarifa normal La Paz–Santa Cruz, de Bs113–153. La ATT también regula precios de referencia para los pasajes aéreos. Los costos de un vehículo privado añaden combustible, mantenimiento, seguro y estacionamiento. Los datos de la ANH de agosto de 2026 indicaban Bs6,96 por litro para Gasolina Especial+, Bs9,80 para Diésel Oíl+, Bs10,60 para Diésel ULS y Bs3,20 por metro cúbico para GNV internacional. La disponibilidad de combustible y los precios del transporte pueden cambiar; los desplazamientos rurales suelen añadir costos de tiempo y distancia. El Sistema Único de Salud (SUS) proporciona atención financiada con fondos públicos a las personas bolivianas sin seguridad social de corto plazo; suele comenzar en el centro de salud más cercano y utiliza derivaciones para los niveles superiores. La atención de emergencia no sigue la vía de acceso habitual. Los medicamentos autorizados y servicios diagnósticos cubiertos por el SUS no tienen copago, pero los hogares aún pueden afrontar gastos si un medicamento o servicio no está disponible, recurren a atención privada o deben pagar el transporte y el tiempo de trabajo perdido. La educación pública es gratuita hasta la educación superior y obligatoria hasta el bachillerato. Aun así, las familias pueden pagar materiales, uniformes, fotocopias, transporte, comidas, dispositivos, matrículas o exámenes. Las escuelas y universidades privadas cobran pensiones u otras tarifas. El Bono Juancito Pinto de 2025 pagó Bs200 a estudiantes elegibles de primaria, secundaria y educación especial públicas o de convenio, sujeto a normas de inscripción, identificación y pago; no cubre automáticamente la educación privada. Los gastos familiares varían según el número y la edad de los hijos, las responsabilidades de crianza en hogares monoparentales, las necesidades de cuidado, la discapacidad, el embarazo y la edad avanzada. El Bono Juana Azurduy puede sumar Bs1.820 mediante controles de salud hasta los 33 meses, mientras que el Subsidio Universal Prenatal por la Vida proporciona cuatro paquetes mensuales en especie desde el quinto mes de embarazo, valorados en Bs300 cada uno. La Renta Dignidad comienza a los 60 años y suma Bs4.550 al año para las personas elegibles sin pensión; se paga en once cuotas de Bs350 y una de Bs700. Las personas pensionistas y ciertos grupos asegurados reciben Bs3.900 al año, en once cuotas de Bs300 y una de Bs600. Hay que comprobar los requisitos de elegibilidad, identificación y registro; estas prestaciones reducen los gastos, pero no sustituyen un presupuesto completo del hogar. Los costos de comunicación dependen del operador, la tecnología, la ciudad y la modalidad de pago. La Pizarra de la ATT publica tarifas de servicios móviles, internet fijo y paquetes. Un hogar puede pagar una tarifa mensual, además de instalación, equipos o datos. El censo de 2024 registró acceso telefónico en el 90,8 % de los hogares y acceso a internet en el 76,3 % a nivel nacional y el 53,9 % en zonas rurales; la disponibilidad rural y la tecnología deben comprobarse localmente. El ocio, la cultura, los restaurantes y los hoteles deben tratarse como gastos discrecionales variables, porque no se identificó una referencia nacional fiable de precios de ocio. Un presupuesto útil separa los gastos esenciales mensuales —vivienda, servicios, alimentos básicos, comunicación, transporte y medicamentos habituales— de las comidas fuera del hogar, el transporte adicional y el ocio variables. Los gastos escolares, la ropa, el mantenimiento, los gastos médicos, los dispositivos, las mudanzas y las conexiones deben cubrirse con una reserva periódica. Registre por separado las prestaciones como ayuda incierta, revise los doce meses anteriores —incluidos pagos anuales, semestrales y estacionales— y actualice los precios locales al menos una vez al mes. La banca, las deudas y los impuestos pueden afectar el importe final, pero son temas distintos del costo de vida.