Delincuencia en Bolivia

Entre los delitos denunciados con frecuencia en Bolivia están el robo, el hurto, el robo agravado, el fraude, las agresiones, la violencia familiar y de género, la violencia sexual, la trata, el robo de vehículos y el fraude digital. Los registros policiales de enero a noviembre de 2023 contabilizaron 17.402 delitos contra la propiedad, 12.629 delitos contra las personas y 7.418 delitos económicos o financieros; los mismos registros incluían 7.829 robos, 4.678 hurtos y 3.636 casos de fraude. Estas cifras corresponden a denuncias registradas, no a una medida completa de la prevalencia real. Los registros de la Fiscalía para 2025 incluían 46.247 casos en el marco de la Ley 348, entre ellos 34.502 casos de violencia familiar o doméstica, 3.299 casos de abuso sexual y 3.013 casos de violación. Entre los riesgos prácticos están los carteristas en sitios turísticos, mercados, autobuses, terminales y aglomeraciones; los robos relacionados con taxis; la suplantación de policías; los secuestros exprés para retirar dinero en cajeros o con tarjetas; la adulteración de bebidas y las agresiones sexuales en clubes, hostales o contactos iniciados mediante aplicaciones de citas; las estafas inmobiliarias; el robo de datos mediante códigos QR y WhatsApp; el robo de vehículos, y la explotación de personas como transportistas involuntarios de drogas. Los casos de trata y personas desaparecidas requieren contacto inmediato con la Policía o la Fiscalía. Las alertas identifican riesgos adicionales en los alrededores de La Paz y El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Rurrenabaque, Chapare, Los Yungas, Uyuni, zonas remotas, centros de transporte y la franja fronteriza con Brasil. Chapare tiene una presencia policial limitada y delitos violentos relacionados con el narcotráfico; son concentraciones de riesgo documentadas, no una clasificación de prevalencia nacional. Para una emergencia, llame al 110. La FELCC recibe denuncias e investiga delitos generales; la FELCV se ocupa de violencia de género y doméstica; DIPROVE, del robo de vehículos; FELCN, de narcóticos; la División de Cibercrimen, de delitos informáticos, móviles y de redes; y la División Trata y Tráfico de Personas, de trata y casos de personas desaparecidas. La Fiscalía o Ministerio Público brinda orientación, recepción y seguimiento de causas penales. La Fiscalía también publica canales de su centro de llamadas, incluidos VoIP, WebChat, WhatsApp, Telegram y un buzón virtual de sugerencias; verifique su disponibilidad local. Utilice radiotaxis de empresas identificadas por su nombre y número de teléfono en vez de taxis tomados en la calle o compartidos. Mantenga el equipaje y los objetos de valor consigo, evite exhibir efectivo, joyas o dispositivos costosos, tenga más cuidado después del anochecer y cerca de aeropuertos, terminales y mercados concurridos, y no oponga resistencia durante un robo armado. Durante un secuestro, siga las instrucciones de los captores. Revise personalmente el equipaje, nunca transporte un paquete desconocido y evite vehículos policiales sin identificación. Si un funcionario le pide identificación, solicite que se identifique y explique el fundamento legal mientras lleva una copia del pasaporte y del sello de entrada. Para algunas rutas, como Copacabana–La Paz, se recomienda un autobús directo diurno. Después de un incidente digital, conserve las pruebas: no elimine, destruya ni modifique los datos pertinentes, y no reenvíe mensajes incriminatorios. Guarde capturas de pantalla o mensajes impresos, comprobantes de pago, URL y enlaces sospechosos, y denuncie pronto el caso a la FELCC local o a la División de Cibercrimen. Una guía de La Paz indica el 72040947 para Cibercrimen, pero se debe verificar que los datos de contacto sigan vigentes. La asistencia a las víctimas se reparte entre varios servicios. La Dirección de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público de la Fiscalía presta protección y asistencia, mientras que SIPPASE ayuda a localizar servicios de atención, orientación, contención y protección. Las oficinas municipales SLIM atienden casos relacionados con mujeres, las oficinas DNA protegen a niños, niñas y adolescentes, y SEPDAVI presta asistencia jurídica u otra asistencia relacionada cuando está disponible. Los canales para denunciar conforme a la Ley 348 incluyen la Policía, el Ministerio Público, SLIM, DNA, la Defensoría del Pueblo, SIJP, SEPDAVI y, cuando corresponda, las autoridades indígenas. Una mujer puede denunciar por sí misma los hechos de violencia, o puede hacerlo otra persona que tenga conocimiento de ellos. DNA debe recibir denuncias de violencia sexual contra niños, niñas o adolescentes, notificar de inmediato al Ministerio Público, proteger su identidad y confidencialidad y representar los derechos del menor durante el proceso. La víctima menor de edad no necesita presentar una acusación particular para participar activamente. La vía de la justicia penal juvenil es distinta del proceso para adultos. La Defensoría del Pueblo recibe gratuitamente denuncias escritas, verbales o por internet sobre vulneraciones de derechos. Solicita datos de identidad y contacto, no acepta denuncias anónimas y no sustituye una denuncia penal ni la representación legal. Sus contactos publicados son 800108004 y WhatsApp 72006607. Una denuncia ante la Defensoría no interrumpe los plazos penales. Las fuentes revisadas no acreditan la existencia de un centro nacional único e integral para víctimas; la capacidad municipal y departamental, los datos de contacto y los tiempos de respuesta varían. Las estadísticas policiales, de la Fiscalía y del INE están fragmentadas, y la tabla nacional más reciente de la FELCC revisada abarca de enero a noviembre de 2023; por ello, las afirmaciones sobre tendencias deben indicar fecha y fuente.