Deudas en Botsuana

El uso de crédito privado está muy extendido en Botsuana. En diciembre de 2024, la deuda total de los hogares ascendía a 68.600 millones de P y representaba el 26 por ciento del producto interno bruto. El grupo más numeroso de prestatarios tenía entre 36 y 49 años, con unos 40.000 millones de P; una gran parte del volumen de crédito correspondía a ingresos de entre 9.000 y 25.000 P. Los hombres tenían el 56 por ciento del volumen de crédito registrado. Los datos abarcaban nueve bancos comerciales, un banco estatutario, diez entidades de microcrédito y un grupo de compras a plazos con 61 sucursales. Las entidades de microcrédito están supervisadas por el regulador de instituciones financieras no bancarias (Non-Bank Financial Institutions Regulatory Authority (NBFIRA)). El 31 de marzo de 2024 se registraron 407 empresas financieras no bancarias supervisadas, incluidas 282 entidades de microcrédito, 68 compañías financieras, 52 casas de empeño y tres empresas de arrendamiento. El 31 de diciembre de 2023, las entidades de microcrédito tenían 208.713 clientes y una cartera de préstamos de 7.959 millones de P; seis proveedores poseían el 96 por ciento de esa cartera. Por lo general, prestan a personas físicas y suelen utilizar deducciones salariales para reembolsar los préstamos. Antes de firmar un contrato de crédito, comprueba el proveedor en el registro de NBFIRA o ante el supervisor bancario correspondiente. El prestamista debe evaluar la capacidad de pago de quien solicita el préstamo, su identidad, recursos económicos, obligaciones existentes y perspectivas de reembolso. Los préstamos sin licencia aumentan el riesgo legal y financiero. Los proveedores no pueden retener documentos de identidad, tarjetas bancarias, tarjetas de débito ni tarjetas de crédito como garantía. El contrato debe indicar claramente el tipo de interés, las tarifas, el plazo, las cuotas, las garantías y las consecuencias de retrasarse en el pago. Los costes dependen del producto y el proveedor. En 2024, el tipo máximo fue del 36 por ciento para el crédito con tarjeta y del 25,5 por ciento para los préstamos sin garantía; los tipos de interés medios fueron del 17,1 por ciento para las tarjetas de crédito y del 13,5 por ciento para los préstamos sin garantía. Los cargos adicionales pueden incluir tarifas de administración, apertura, tasación, tramitación, documentación, cobro y seguro. Las comprobaciones de solvencia, avales, garantías sobre bienes y seguros de crédito, hipoteca o pérdida de ingresos afectan el coste total y el riesgo de incumplimiento. Todos los prestamistas, incluidos bancos, el Banco de Ahorros de Botsuana, el Banco Nacional de Desarrollo, instituciones financieras no bancarias y proveedores de compras a plazos, deben informar los datos a una agencia de crédito autorizada. Este proceso se rige por la ley de información crediticia (Credit Information Act 2021) y el reglamento de 2022. Los prestatarios pueden solicitar su propio informe de crédito, la lista de usuarios de los seis meses anteriores y explicaciones de las fuentes de datos y los códigos de puntuación. Tras una decisión crediticia negativa, el motivo debe comunicarse por escrito en cinco días. El informe de crédito debería proporcionarse normalmente en siete días; se aplican plazos especiales para una copia gratuita después de una investigación o de una decisión negativa. Los datos incorrectos, incompletos o desactualizados pueden impugnarse ante la agencia de crédito; esta debe remitir la impugnación en cinco días e investigarla en 14 días, y el proveedor de datos debe responder en 30 días. Si hay atrasos, primero busca una solución interna con el prestamista o presenta una reclamación al proveedor. Desde el 1 de julio de 2024 rige una norma de NBFIRA sobre liquidación anticipada para instituciones financieras no bancarias. Si el proveedor no responde en diez días laborables o la respuesta no es satisfactoria, se puede presentar una reclamación ante NBFIRA. Cuando corresponda, puede considerarse después el tribunal de instituciones financieras no bancarias (Non-Bank Financial Institutions Tribunal (NBFIT)). Para un banco, la vía va de la oficina interna de reclamaciones al defensor del consumidor bancario (Botswana Banking Ombudsman) y luego, si es necesario, al director de supervisión bancaria (Director of Banking Supervision) del banco central de Botsuana (Bank of Botswana). El organismo de competencia y consumidores (Competition and Consumer Authority) puede ayudar en casos de prácticas comerciales desleales y disputas de consumidores, pero primero exige intentar resolver el asunto directamente con el proveedor y aportar pruebas adecuadas. Por lo general, el tribunal de magistrados tiene competencia sobre demandas civiles inferiores a 40.000 P. El procedimiento empieza con una citación y documentos justificativos; la notificación se hace personalmente o mediante un agente de ejecución judicial (Deputy Sheriff). La tasa judicial es de 60 P, más la tarifa del Deputy Sheriff. Tras una sentencia, una orden de ejecución puede llevar al embargo y venta de bienes muebles. Se protegen camas, alimentos, ropa y ciertos equipos de trabajo. El aviso de venta debe publicarse en un plazo de 14 días; si el producto de la venta no alcanza para cubrir la deuda, puede haber otro embargo. Las fuentes oficiales consultadas no acreditan un servicio público general de asesoramiento sobre deudas, un programa de consolidación de deudas ni un procedimiento benéfico de regulación de deudas para Botsuana. Por tanto, no hay documentada una vía general de alivio de deudas en la que puedan confiar los prestatarios. Las vías documentadas son un acuerdo interno con el prestamista, reclamaciones ante el regulador pertinente, procedimientos judiciales de ejecución y, en caso de sobreendeudamiento grave, la liquidación por insolvencia conforme a la ley de insolvencia (Insolvency Act). La persona deudora puede solicitar una liquidación voluntaria, mientras que los acreedores pueden solicitar una liquidación forzosa; decide el Tribunal Superior, la oficina de administración de insolvencias (Master's Office) nombra a un administrador del patrimonio (curator bonis) o fideicomisario y luego administra los bienes, los ingresos y las reclamaciones de los acreedores. No se pueden garantizar de forma general el plazo de tramitación ni una cancelación posterior de las deudas; las oficinas pertinentes del Master's Office están en Gaborone y Francistown. La deuda pública debe distinguirse de la deuda privada de los consumidores. El Ministerio de Finanzas gestiona las obligaciones públicas y con garantía gubernamental, la estrategia de deuda, la emisión de títulos y los informes de sostenibilidad de deuda. Incluidas las garantías, la deuda pública ascendía a 90.030 millones de P en diciembre de 2025, o el 33,02 por ciento del producto interno bruto; 55.980 millones de P eran deuda interna y 34.060 millones deuda externa. Para el ejercicio financiero 2026/27 se proyectó una proporción del 44,66 por ciento del producto interno bruto, frente a un límite legal del 40 por ciento. Estas cifras describen las finanzas públicas y no describen automáticamente la deuda privada de los hogares.