Protección al consumidor en Bután

La Ley de Protección al Consumidor de Bután de 2012 y las Normas y Reglamentos de Protección al Consumidor de 2015, modificados por última vez mediante los Reglamentos de Revisión de 2022, se aplican a la oferta, venta y publicidad de bienes y servicios en Bután. Esto se aplica independientemente de que el proveedor esté establecido en Bután. Una cláusula contradictoria que pretenda aplicar únicamente una ley extranjera no desplaza automáticamente la protección legal. Los consumidores tienen derecho a la protección de la vida, la salud y la seguridad; a información clara y oportuna; a un trato justo y no discriminatorio; a condiciones contractuales y de venta justas; a elegir libremente; y a una reparación adecuada. Los proveedores deben ofrecer bienes y servicios seguros, no pueden anunciarse de manera engañosa o falsa y deben mostrar los precios de forma visible y legible. No pueden manipular los precios impresos, deben utilizar básculas y dispositivos de medición calibrados y no pueden vender bienes vencidos, deteriorados o dañados. Para compras superiores a Nu. 100, el proveedor debe emitir un recibo de caja u otra prueba equivalente. Conviene documentar las fechas de entrega prometidas y las condiciones de garantía y venta. Si un bien presenta defectos, según la garantía y las circunstancias puede ser posible repararlo, sustituirlo, obtener un reembolso o rechazarlo. El proveedor debe subsanar un servicio defectuoso en un plazo razonable. Si el defecto no puede corregirse, puede ser posible cancelar el contrato o recibir una indemnización. Las normas sobre responsabilidad por productos también se aplican a los daños causados por productos inseguros; por lo general, la responsabilidad del fabricante por una lesión está limitada a dos años desde que se produjo. La CCAA tramita quejas contra empresas inscritas o autorizadas. Puede vigilar el mercado, investigar los hechos, mediar, promover acuerdos, imponer sanciones e iniciar procedimientos judiciales. Un Comité de Resolución de Disputas del Consumidor puede emitir decisiones formales. Para ciertas infracciones de los artículos 6 a 18 de la Ley, se puede ordenar una multa equivalente al valor de los bienes o servicios o que la infracción se corrija en 14 días. El incumplimiento puede conllevar multas adicionales y, cuando corresponda, la retirada de la licencia comercial. La queja puede presentarse a través del Sistema de Gestión de Quejas de la CCAA, llamando al 1214, por correo electrónico a consumerservice@moice.gov.bt o en persona. Fuera de Timbu, puede ayudar a facilitar el acceso un Gup del Gewog o una oficina regional de Industria, Comercio y Empleo en Monggar, Samdrup Jongkhar, Trongsa, Gelephu, Phuentsholing o Timbu. También se puede presentar una queja aunque quien reclama no haya sufrido un daño personal y directo. Según la información disponible, la CCAA protege la identidad de quien presenta la queja. Sin embargo, el procedimiento general de quejas de la CCAA no abarca las transacciones privadas entre dos personas. Entre las pruebas pertinentes figuran recibos de caja, facturas, contratos, garantías, condiciones de venta, comprobantes de pago, correos electrónicos, SMS, conversaciones, registros de entrega y fotografías o videos con fecha y hora. Una fecha de entrega prometida por escrito demuestra mejor el reclamo que una promesa exclusivamente verbal. No se pueden indicar costos uniformes ni plazos estándar para el procedimiento general de la CCAA; conviene comprobar la información vigente antes de presentar la queja. En ciertos ámbitos se aplican organismos competentes distintos. En los servicios financieros, primero hay que presentar la queja ante el banco o proveedor del servicio financiero; después es posible escalarla a la Autoridad Monetaria Real (RMA) conforme a las Normas y Reglamentos de Protección al Consumidor de Servicios Financieros de 2019. Por lo general, la queja inicial debe presentarse dentro del año siguiente al conocimiento del asunto o a su notificación, y la escalación a la RMA debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la decisión del proveedor financiero. Para proveedores autorizados de telecomunicaciones y medios, primero hay que utilizar el sistema interno de quejas. Después de un trámite interno que no debe superar los 30 días, se puede elevar el asunto al regulador de telecomunicaciones y medios (BICMA) dentro de diez días hábiles y, luego, al organismo alternativo de resolución de disputas (ADRC) en otros diez días hábiles. Para los servicios turísticos, el Consejo de Turismo de Bután tramita las quejas conforme al procedimiento establecido a través de su Comité de Resolución de Disputas. Los posibles delitos deben denunciarse sin demora a la policía. En caso de disputas sobre electricidad, primero hay que contactar al titular de la licencia u otra parte contratante. Puede intervenir la Autoridad Reguladora de Electricidad si no se recibe respuesta en siete días o no se logra una solución satisfactoria en un mes. Por lo general, las quejas deben recibirse dentro de los seis meses posteriores al hecho; el Comité de Resolución de Disputas decide en un máximo de 45 días y se puede apelar ante la ERA en un plazo máximo de 30 días. Bhutan Power Corporation ofrece el canal de servicio 1250 para este fin. La Autoridad de Alimentos y Medicamentos de Bután (BFDA), a través de su División de Productos Médicos, es responsable de medicamentos, suplementos dietéticos, vacunas, dispositivos médicos y otros productos sanitarios regulados. Supervisa la inscripción, los puntos de venta autorizados, la calidad, el etiquetado, las retiradas y los efectos adversos; también se pueden presentar informes llamando al número gratuito 1555. Además, puede corresponder presentar ante la CCAA una queja general contra el vendedor. Las quejas sobre el tratamiento médico en sí no forman parte de este ámbito. Las prácticas comerciales engañosas, los precios falsos, la falta de entrega y los esquemas piramidales prohibidos pueden denunciarse ante la CCAA. El phishing, el hackeo, el robo de identidad y el fraude de pagos corresponden a la Unidad de Investigación de Delitos Cibernéticos de la Policía Real de Bután o a la comisaría más cercana; en una emergencia, llame al 113. Si se trata de una transacción financiera fraudulenta, también hay que informar al banco o proveedor del servicio financiero y a la RMA. El simple incumplimiento de un contrato no constituye automáticamente fraude penal. En las compras en línea a proveedores no inscritos en Bután, puede ser más difícil hacer cumplir los derechos en la práctica. La CCAA es el contacto central para los proveedores locales de comercio electrónico; para vendedores extranjeros, el Ministerio de Asuntos Exteriores puede prestar apoyo, pero no garantiza un reembolso satisfactorio. Por lo general, los precios se determinan en el mercado. El precio máximo indicado en los bienes importados no suele ser vinculante; hay excepciones para medicamentos, gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, arena, madera, cemento y determinados bienes producidos en el país.