El marco jurídico principal está formado por el Penal Code of Bhutan 2004, con las enmiendas de 2011 y 2021; el Civil and Criminal Procedure Code 2001, con las enmiendas de 2011 y 2021; la Evidence Act 2005 y leyes penales sectoriales. La Constitución protege la igualdad, la presunción de inocencia, la libertad frente a la tortura y el derecho a una justicia imparcial, transparente y rápida. La pena capital está excluida constitucionalmente y el poder judicial es independiente. Si hay discrepancias lingüísticas en el texto legal, prevalece el dzongkha. Bután clasifica los delitos según el intervalo posible de penas de prisión. Un delito grave (felony) conlleva al menos tres años de prisión. La categoría 1 conlleva al menos 15 años y puede llegar a la cadena perpetua; la categoría 2, al menos 9 años pero menos de 15; la categoría 3, al menos 5 años pero menos de 9; y la categoría 4, al menos 3 años pero menos de 5. Un delito menos grave (misdemeanour) conlleva al menos un año pero menos de tres; una infracción leve (petty misdemeanour), al menos un mes pero menos de un año; y una infracción (violation) no conlleva pena de prisión. Se puede denunciar un hecho ante la Royal Bhutan Police, abreviada RBP, o, cuando corresponda, ante otra autoridad pública. La policía registra la denuncia e inicia una investigación preliminar. Una denuncia penal puede dar lugar a una orden judicial de detención. El proceso habitual comprende la investigación policial, la revisión por la Office of the Attorney General o su división de enjuiciamiento y litigios, la acusación, la audiencia preliminar, la prisión preventiva o la libertad bajo fianza, la negociación de culpabilidad o el juicio penal, la sentencia y su ejecución o recurso. El abogado butanés se denomina jabmi. Durante un interrogatorio, se debe informar a la persona de su derecho a consultar a un jabmi, y su declaración debe ser voluntaria y estar firmada. La policía no puede detener arbitrariamente ni recurrir a la tortura o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Los agentes deben informar a la persona detenida del cargo y avisar a su familia o tutor tan pronto como sea razonablemente posible. Un tribunal debe recibir a la persona detenida en un plazo máximo de 24 horas, sin contar el tiempo de viaje ni los días festivos gubernamentales. La fianza depende del cargo, los antecedentes penales, el riesgo de fuga, la amenaza a la seguridad pública, la edad, la salud y la opinión de la víctima. El tribunal puede poner en libertad a una persona sin recursos o que represente poco riesgo sin exigirle caución; si la exige, suele equivaler al 10–30 por ciento de los ingresos de la persona fiadora y puede incluir condiciones territoriales, de disponibilidad y de protección de testigos. Las pruebas pueden ser testimoniales, documentales, electrónicas, físicas o periciales. Los registros y las firmas electrónicas pueden tener el mismo valor probatorio si se demuestra su integridad y seguridad. La acusación debe probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. La negociación de culpabilidad permite renunciar al juicio tras comprender la acusación, la posible pena y sus consecuencias; la fiscalía puede retirar el caso si faltan pruebas convincentes. Los tribunales pueden imponer prisión, libertad vigilada, multas, indemnización, daños y perjuicios, restitución, decomiso, confiscación, cancelación de licencias, servicios comunitarios, medidas alternativas o rehabilitación. Las penas pueden cumplirse de forma simultánea o consecutiva, y el tiempo pasado en prisión preventiva se descuenta. Los tribunales pueden ordenar la restitución de bienes y el reembolso de pérdidas. Para determinados casos de fallecimiento, discapacidad permanente o parcial y lesiones corporales, las enmiendas de 2021 establecen límites máximos de indemnización vinculados a años de pagos calculados sobre el salario mínimo y a costes relacionados. La RBP investiga los delitos generales, el tráfico, los estupefacientes, las cuestiones forenses y los casos relacionados con mujeres y menores. Su Departamento de Investigación Criminal se ocupa de casos graves o no resueltos. La Office of the Attorney General revisa los casos, decide si presenta cargos y ejerce la acusación; los tribunales celebran juicios e imponen penas; y la Prison and Juvenile Enforcement Division gestiona la ejecución, la indemnización, la restitución, los bienes incautados y las medidas alternativas. La National Commission for Women and Children puede recibir denuncias, ofrecer asesoramiento y orientación jurídica y coordinar alojamiento u otro apoyo. Su línea de ayuda para mujeres y menores es el 1098 y funciona las 24 horas; el número de emergencia de la RBP es el 113 y el de tráfico, el 111. Los menores de 12 años no tienen responsabilidad penal. Por lo general, se considera menor en conflicto con la ley a quien tiene más de 12 y menos de 18 años. La Child Care and Protection Act 2011 establece normas especiales de evaluación, investigación, detención, resolución judicial y disposición, con participación de los padres o tutores y de un jabmi. Los tribunales pueden recurrir a advertencias, entrega al hogar, libertad vigilada, medidas alternativas, rehabilitación y reintegración; separar a los menores de los adultos es una medida de protección. Los delitos relacionados con drogas se rigen principalmente por la Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Substance Abuse Act 2015 y su enmienda de 2018. La ley regula las sustancias controladas de las listas I a VII y abarca la posesión, el consumo, el tráfico y las conductas relacionadas con precursores. La Narcotics Drugs and Other Vice Division y la Narcotics Drugs Law Enforcement Unit de la RBP investigan estos asuntos; las directrices de imposición de penas pueden contemplar medidas alternativas y rehabilitación en casos de menores o de primera infracción por drogas. Las infracciones de tráfico incluyen exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol, conducción temeraria o sin licencia, uso del teléfono móvil, incumplimiento del cinturón de seguridad, estacionamiento e infracciones relativas a vehículos o documentos. Las notificaciones de tráfico pueden conllevar unidades de sanción y medidas sobre la licencia o el vehículo; por lo general, la objeción debe presentarse en un plazo de siete días conforme a la ley aplicable. Los ciberdelitos incluyen la interceptación o el acceso ilícitos a comunicaciones electrónicas, la piratería informática, la alteración o destrucción de datos, la propagación de virus y la posesión ilegal de materiales informáticos. La Cybercrime Investigation Unit de la RBP investiga los delitos, mientras que BtCIRT desempeña funciones nacionales de respuesta a incidentes. La respuesta a incidentes no sustituye por sí sola a una acusación penal. Las fuentes primarias disponibles no confirman una tasa general de presentación de denuncias penales, y los honorarios de los jabmi o los bufetes privados no se rigen por una tarifa oficial única. Las multas previstas por la ley y las unidades de sanción dependen del delito y de la ley aplicable.
Derecho penal en Bután
El derecho penal de Bután define los delitos, establece cómo los investigan la policía y la fiscalía, y regula los juicios, las sanciones y los recursos. El sistema abarca delitos como la violencia, la trata, el fraude, la corrupción, los delitos relacionados con drogas, las infracciones de tráfico y los ciberdelitos. También protege a las personas acusadas, condenadas y víctimas mediante normas sobre procedimientos justos, asistencia jurídica, pruebas, indemnización y rehabilitación.
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