Empleo en Cabo Verde

Desde la perspectiva de la persona trabajadora, el empleo comprende buscar trabajo, iniciar y desarrollar la relación laboral, así como los cambios y la finalización de esa relación. En Cabo Verde incluye a las personas empleadas formalmente, el trabajo por cuenta propia y el empleo informal. Las estadísticas laborales del segundo trimestre de 2025 registraron 226,360 personas en la población activa, 215,317 personas empleadas, una tasa de empleo del 57.4 por ciento y una tasa de desempleo del 4.9 por ciento. La subutilización laboral fue del 23.3 por ciento. En el primer trimestre de 2025, el 68.9 por ciento del empleo correspondía al sector terciario, el 23.0 por ciento al secundario y el 8.1 por ciento al primario. El 45.6 por ciento trabajaba en empresas privadas, el 21.6 por ciento era autónomo y el 18.6 por ciento trabajaba en la administración pública. Las personas que buscan empleo pueden inscribirse a través de la plataforma de empleo en línea (PEPE) o en persona en los centros locales de empleo y formación profesional (CEFP). PEPE ofrece intermediación laboral digital; los CEFP son centros locales de empleo y formación profesional. El IEFP, el Instituto de Empleo y Formación Profesional (Instituto do Emprego e Formação Profissional), presta servicios de empleo y formación. Para inscribirse en el IEFP, por lo general hay que tener al menos 18 años. Sus servicios incluyen intermediación laboral, formación profesional, apoyo para crear empresas y el Programa de Promoción del Empleo PAC (PAC), establecido en 2023. Las empresas también pueden ofrecer prácticas profesionales a través de PEPE. La información disponible no especifica tarifas por los servicios del IEFP. El acceso a estos servicios se organiza de manera descentralizada en las islas; no se documentan normas distintas para cada municipio. El Código Laboral conforme al Decreto Legislativo 5/2007 (Decreto-Legislativo 5/2007), modificado por los decretos 5/2010 y 1/2016, reconoce los contratos indefinidos, de duración determinada y de duración indeterminada, así como el trabajo temporal a través de agencias, a tiempo parcial y a distancia. En general, un contrato laboral ordinario no requiere una forma específica. Se puede solicitar un contrato por escrito, y este es obligatorio para contratos de duración determinada, condiciones especiales o una cláusula de no competencia. El contrato debe indicar como mínimo las partes, la fecha de inicio, el lugar de trabajo, la categoría profesional y la remuneración. Un contrato de duración determinada requiere una necesidad empresarial temporal; el motivo y la duración deben constar por escrito. Incluidas las prórrogas, el plazo no puede superar cinco años; de lo contrario, la relación laboral pasa a ser indefinida. Por lo general, cambiar el lugar de trabajo requiere el consentimiento de la persona trabajadora; la empresa asume los costes resultantes. La jornada ordinaria no puede superar ocho horas al día ni 44 horas a la semana. Incluidas las horas extraordinarias, el límite medio es de 48 horas. Un ajuste acordado colectivamente puede permitir hasta 60 horas semanales, pero el promedio de dos meses no puede superar 50 horas. Tras un máximo de cinco horas consecutivas de trabajo, se exige una pausa diaria de al menos una hora. El descanso diario ininterrumpido es de al menos doce horas y el semanal, de al menos 24 horas, y normalmente corresponde al domingo. El trabajo nocturno se paga con un suplemento de al menos el 25 por ciento del salario base, las horas extraordinarias con el 35 por ciento y el trabajo durante el descanso semanal o los días festivos con el 100 por ciento. Los contratos indefinidos y los contratos de duración determinada de al menos un año dan derecho a 22 días laborables de vacaciones anuales. En los contratos más cortos, el derecho se calcula de forma proporcional. El primer derecho a vacaciones de un contrato indefinido se genera tras seis meses de servicio efectivo. Por lo general, las vacaciones no pueden excluirse de forma permanente mediante un simple acuerdo; se pueden acumular hasta 44 días por acuerdo o por motivos operativos graves. En 2026, el salario mínimo legal es de 17,000 CVE mensuales en el sector privado y de 19,000 CVE mensuales en el sector público. Se prevé un importe de 25,000 CVE a partir de 2027, pero no debe tratarse como una cuantía ya vigente. La empresa debe documentar la remuneración y las deducciones de la seguridad social. No se establece un derecho legal general a una paga del decimotercer mes. La afiliación a la seguridad social a través del sistema (INPS) es, por lo general, obligatoria para las personas trabajadoras. La empresa debe inscribirse como máximo 15 días después del inicio del trabajo; la inscripción de la persona trabajadora se completa a través de la empresa o mediante el portal o una ventanilla de atención, con un plazo indicado de 30 días. Las cotizaciones mensuales deben pagarse antes del día 15 del mes siguiente. En el empleo dependiente, la cotización total es del 24.5 por ciento del salario correspondiente: el 16 por ciento lo paga la empresa y el 8.5 por ciento la persona trabajadora. Para el trabajo doméstico, la tasa total es del 23 por ciento, repartida entre el 15 por ciento y el 8 por ciento. La falta de inscripción o el impago de cotizaciones pueden dar lugar a atrasos y sanciones. Las personas trabajadoras deben realizar el trabajo acordado, cumplir las instrucciones lícitas y respetar las normas de asistencia, confidencialidad y seguridad. Las empresas deben pagar los salarios, registrar la relación laboral, abonar las cotizaciones sociales y respetar las normas sobre jornada, descansos y vacaciones. Los convenios colectivos se depositan ante la Dirección General de Trabajo (Direcção-Geral do Trabalho). Existen derechos sindicales y de huelga. La Dirección General de Trabajo y la Inspección General del Trabajo (Inspecção Geral do Trabalho) se encargan de administrar y supervisar las condiciones laborales; el organismo de política de empleo (DGE) formula la política de empleo y el instituto de estadística (INE) publica estadísticas del mercado laboral. La relación laboral puede terminar por acuerdo, vencimiento de un contrato de duración determinada, decisión de la persona trabajadora, decisión de la empresa o despido disciplinario. Al vencer un contrato de duración determinada, puede corresponder una indemnización: tras un año, 21 salarios base diarios; después, 15 salarios base diarios por cada año completo; y por períodos de hasta un año, 1.75 salarios base diarios al mes de forma proporcional. La empresa debe avisar de la no renovación de un contrato de duración determinada con al menos diez días de antelación. Un despido ilícito puede dar lugar a la readmisión o a una indemnización. Al terminar la relación laboral, deben pagarse las vacaciones no disfrutadas y las acumuladas de forma proporcional. El empleo formal coexiste con un amplio mercado laboral informal. En el primer trimestre de 2025, 98,069 personas empleadas, es decir, el 46.5 por ciento, trabajaban informalmente; para 2023 se informó de una tasa de informalidad del 48.7 por ciento conforme a un criterio de protección. El trabajo informal es mucho más frecuente en las zonas rurales que en las ciudades y suele ofrecer menor acceso a la inscripción, la protección social y los derechos exigibles. El seguro y las prestaciones por desempleo quedan fuera del alcance de esta publicación sobre empleo.