Ocupaciones en Cabo Verde

La Constitución de Cabo Verde protege la libertad de ejercer una profesión, pero permite restricciones por interés público y cuando faltan competencias profesionales. Por ello, las normas de la Ley 107/IX/2020 (Lei 107/IX/2020), el Decreto Ley 49/2025 (Decreto-Lei 49/2025) y el Código Laboral de Cabo Verde (Código Laboral Cabo-verdiano) distinguen entre las ocupaciones de acceso general y las actividades reguladas. La tarjeta profesional (Carteira Profissional) se aplica actualmente a ocho familias ocupacionales: generación, transmisión y distribución de energía (PTE); servicios sociales, culturales y comunitarios (SCC); instalación y mantenimiento (IMA); tecnología metalúrgica (MET); hostelería, restauración y turismo (HRT); medio ambiente y seguridad (MES); comercio, transporte y logística (COM); y artes visuales, artesanía, música y artes escénicas (ART). Entre otros ejemplos se incluyen la recepción, la cocina, el servicio, la guía turística, el cuidado infantil, la atención a personas dependientes, los trabajos eléctricos y de fontanería, la soldadura, las ventas y el trabajo en eventos. La tarjeta acredita que se ha demostrado la cualificación exigida o la experiencia profesional reconocida para la actividad correspondiente. El ámbito ocupacional más amplio de Cabo Verde también comprende la agricultura, la silvicultura, la pesca, la acuicultura, la construcción, el transporte, la administración, la banca, los seguros, los servicios públicos, la educación, la ciencia, las tecnologías de la información y la cultura. La Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNP) describe estos campos profesionales, pero no establece automáticamente la obligación de tener una tarjeta profesional. La necesidad de una licencia adicional, una cualificación concreta o un examen institucional depende de la actividad específica y de la autoridad competente. Para acceder a una actividad regulada, normalmente se cursa formación profesional con arreglo al Catálogo Nacional de Cualificaciones (CNQ) o se solicita la validación de competencias profesionales (RVCC Pro). El RVCC Pro valida las competencias profesionales adquiridas mediante la experiencia. La formación debe realizarse en una institución técnica o profesional acreditada y puede incluir módulos prácticos, experiencia laboral en un entorno real o prácticas. No existe una duración formativa única para todas las ocupaciones; la duración, el nivel y los costes dependen de la cualificación, el proveedor y la financiación. Para cualificaciones extranjeras, normalmente se requiere una evaluación de equivalencia por parte de la autoridad competente (CNEP) antes de solicitar la tarjeta profesional. Las cualificaciones de terceros países están sujetas a requisitos adicionales que pueden depender, entre otras cosas, de acuerdos de reciprocidad. La tarjeta profesional se solicita a través de la DGE, un CEFP, una oficina de atención ciudadana (Casa do Cidadão) o el portal competente. Antes de contratar para una actividad regulada, los empleadores comprueban que la tarjeta esté vigente. La expedición de la tarjeta profesional cuesta 1,500 CVE; la renovación cuesta 1,000 CVE y una modificación o anotación (Averbamento), 500 CVE. La tarjeta tiene una validez de tres años. El certificado inicial del IEFP cuesta 1,000 CVE y un duplicado, 1,300 CVE. No se ha documentado un plazo uniforme de tramitación. Se aplican excepciones al requisito de la tarjeta profesional para menores de 18 años que sean aprendices conforme a la legislación laboral. El Decreto Ley 49/2025 también permite una autorización provisional bajo ciertas condiciones cuando se acreditan al menos cinco años de experiencia profesional y se ha iniciado un procedimiento RVCC. La legislación laboral y las normas complementarias de cada actividad regulan en todo el país los contratos, la remuneración, las vacaciones, el trabajo nocturno y por turnos, la seguridad laboral, el seguro de accidentes y el equipo de protección personal. En la restauración, la atención a personas, la energía, el medio ambiente, la seguridad y las ocupaciones técnicas suelen aplicarse también obligaciones de higiene, calidad, protección al consumidor o salud y seguridad. La administración laboral o la inspección de trabajo se ocupa de las condiciones laborales; según el asunto, la DGE, el IEFP, el CNQ y la CNEP se ocupan de la regulación, la cualificación o el reconocimiento.