El Estado en Camboya

El orden constitucional de Camboya distribuye la autoridad pública entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. La lengua oficial es el jemer. El marco político actual corresponde a la séptima legislatura, constituida tras las elecciones generales de 2023, dirigida por el primer ministro Hun Manet y asociada a la Estrategia Pentagonal I. El rey representa al Estado como jefe de Estado y reina sin gobernar. El Gobierno Real, también llamado Consejo de Ministros, dirige la administración ejecutiva bajo el primer ministro e incluye vice primeros ministros, ministros superiores, ministros y secretarios de Estado. La Asamblea Nacional cuenta con al menos 120 miembros, elegidos por sufragio general directo para mandatos de cinco años. El Senado también forma parte del poder legislativo; puede tener como máximo la mitad de miembros que la Asamblea Nacional y combina nombramientos con mecanismos electorales restringidos. La quinta legislatura del Senado abarca el período 2024–2030. La Asamblea Nacional aprueba el presupuesto nacional, el Senado lo revisa y el rey lo promulga. El poder judicial es constitucionalmente independiente de los demás poderes. El Consejo Constitucional tiene nueve miembros con mandatos de nueve años y dicta decisiones definitivas sobre la interpretación constitucional y jurídica, el control de constitucionalidad y los litigios electorales. El Consejo Supremo de la Magistratura supervisa a los jueces y el sistema judicial. El territorio consta de Phnom Penh como capital y 24 provincias. La administración local continúa a través de municipios o provincias, distritos o khan, comunas o sangkat y aldeas. Las cifras de referencia del Instituto Nacional de Estadística indican 193 distritos o khan, 1.621 comunas o sangkat y 14.073 aldeas, pero los cambios administrativos hacen necesario consultar las cifras locales actuales con la autoridad responsable. Camboya no tiene un modelo federal autónomo comparable al de un Estado federal. La descentralización y desconcentración se articulan mediante administraciones centrales para las provincias, la capital, los municipios, distritos, khan, comunas y sangkat; el Ministerio del Interior coordina la administración local en todos los niveles. El Ministerio del Interior también se ocupa de la Policía Nacional, el registro de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y asociaciones, las reclamaciones, las prisiones, la identidad personal, la vigilancia fronteriza, los servicios de bomberos y rescate y la seguridad vial. Por lo general, el acceso a un servicio público comienza en la autoridad de la capital o provincial, el municipio, la oficina del distrito o khan, o la autoridad de la comuna o sangkat responsable. Las Oficinas de Servicios de Ventanilla Única agrupan al menos 14 servicios administrativos en un único punto de acceso. Los sistemas digitales de reclamaciones y opinión ciudadana ofrecen canales adicionales, pero el acceso práctico varía según la región y el servicio. Las tarifas y los plazos dependen del servicio concreto, del nivel administrativo y del procedimiento, no de una tarifa nacional única. El Ministerio de Economía y Finanzas dirige la política presupuestaria y financiera. Camboya utiliza un sistema anual de ley financiera y presupuestos que cubre los ingresos estatales, los gastos, los límites de endeudamiento, la deuda pública y los presupuestos de los ministerios y otras instituciones. Las administraciones subnacionales tienen sus propios presupuestos administrativos, además del presupuesto estatal nacional. Los documentos Resumen del Presupuesto de los ejercicios fiscales 2025 y 2026 ofrecen referencias oficiales; los importes y plazos pertinentes dependen del ejercicio fiscal y del procedimiento aplicable. La Autoridad Nacional de Auditoría, establecida en 2001 y operativa desde 2002, es la institución suprema de auditoría de Camboya. Audita externamente las finanzas públicas y presenta informes al Gobierno, la Asamblea Nacional, el Senado y la sociedad civil. La supervisión anticorrupción se reparte entre el Consejo Nacional contra la Corrupción, que define las políticas y ejerce la supervisión, y la Unidad Anticorrupción, que se ocupa de las operaciones. La Unidad Anticorrupción trabaja en todo el país en educación, prevención, obstrucción, aplicación de la ley, reclamaciones por corrupción y declaraciones de bienes y obligaciones. Las comisiones de la Asamblea Nacional pueden interrogar a ministros y celebrar audiencias, y la Constitución contempla una moción de censura. Los ciudadanos pueden presentar reclamaciones a la autoridad responsable o utilizar los canales del Ministerio del Interior y de la Unidad Anticorrupción. Las reclamaciones constitucionales siguen procedimientos constitucionales específicos, no un procedimiento directo sin restricciones. El Ministerio de Información gestiona la información oficial del Gobierno y los asuntos de radiodifusión y audiovisuales. Los canales de información pública incluyen TVK, RNK y AKP, junto con los departamentos de información de Phnom Penh y las 24 provincias. Los periodistas pueden estar sujetos a trámites de acreditación de prensa o registro para eventos, según la actividad. La Constitución protege la expresión, la prensa y la reunión, con sujeción a límites legales. Los canales estatales y digitales de información también apoyan la respuesta a la desinformación y la educación mediática. Estas normas del espacio público forman parte del marco estatal; los detalles de las elecciones, los litigios de derecho civil y la evolución histórica requieren un tratamiento aparte. La defensa nacional corresponde a las Fuerzas Armadas Reales de Camboya y al Ministerio de Defensa Nacional. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional se ocupan de la seguridad interior, el orden público, la seguridad social, la vigilancia fronteriza, las armas y los explosivos, las prisiones y los servicios de rescate. La Constitución camboyana establece la neutralidad permanente y la no alineación, y atribuye al Estado la responsabilidad de proteger la independencia, la soberanía, la integridad territorial, la ley, el orden público y la seguridad. Los ciudadanos deben respetar la Constitución, cumplir las obligaciones de defensa nacional previstas por la ley y respetar los bienes públicos y la propiedad privada adquirida lícitamente. Las normas del servicio militar y los procedimientos de seguridad operativa exigen información especializada actualizada y no deben deducirse de la estructura general del Estado.