Mercado laboral en la República Centroafricana

En el uso local son términos centrales mercado laboral (marché du travail), empleo formal e informal (emploi formel et informel), trabajo por cuenta propia (auto-emploi) y actividades generadoras de ingresos (Activités Génératrices de Revenus, AGR). Más de tres cuartas partes de la población tienen menos de 30 años y alrededor del 70 % de la fuerza laboral depende de la agricultura. La EHCVM de 2021 clasificó principalmente en la agricultura al 69,2 % de las personas ocupadas; solo el 6,6 % de la fuerza laboral realizó trabajo asalariado durante los siete días anteriores. Según la Agencia Centroafricana de Empleo y Formación Profesional (ACFPE), alrededor del 91 % de los trabajadores jóvenes tenía empleo informal en 2019, mientras que en 2018 el trabajo por cuenta propia representaba aproximadamente el 92 % de las formas de empleo. Las actividades informales suelen generar ingresos bajos y fluctuantes, sin protección social fiable. Entre los sectores pertinentes para el mercado laboral figuran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca, la minería, la transformación local, la construcción, el comercio, el transporte y las telecomunicaciones. La demanda formal surge especialmente de las ONG y las instituciones humanitarias, la función pública, la atención sanitaria, la logística y los proyectos de infraestructura. En 2025 también se consideran motores de crecimiento la agroindustria, la silvicultura, la minería, la transformación, la construcción, el comercio y las telecomunicaciones 4G. Entre los perfiles registrados por la ACFPE en 2022, las proporciones más altas correspondían a ciencias sociales (15,31 %), logística (6,41 %), enfermería (5,06 %), movilizadores comunitarios (4,45 %) y conductores (4,40 %). Bangui ofrece el mayor acceso a puestos formales y cualificados. Allí se encontraban 105 de los 237 centros de formación profesional; fuera de la capital, la seguridad, el transporte y el débil acceso al mercado dificultan el acceso. El empleo rural se basa principalmente en la agricultura y el trabajo por cuenta propia. El plan nacional de desarrollo (PND) menciona, entre otras, las regiones prioritarias de Plateaux, Équateur, Yadé, Kagas, Fertit, Haut-Oubangui y Bas-Oubangui, además de Bangui. De los 237 centros de formación profesional, 25 estaban inactivos por falta de recursos y 15 eran gestionados por ONG. Entre junio de 2021 y marzo de 2023, alrededor de 4.000 jóvenes participaron en programas de 27 centros rehabilitados. PADA apoyó a 175 alumnos en nueve profesiones, mientras que TREE apoyó a 180 jóvenes en las regiones 1 y 2. Los planes de estudio suelen coincidir solo parcialmente con las necesidades laborales y el seguimiento de la inserción después de la formación es limitado. La ACFPE desempeña una función pública central en materia de información, orientación profesional, inscripción, información del mercado laboral, revisión de contratos y colocación. Para inscribirse, quienes buscan empleo suelen presentar una copia del certificado de nacimiento, su diploma más reciente y una foto de pasaporte. Según la ACFPE, la tarjeta de solicitante de empleo (carte de Demandeur d'emploi) es gratuita. Los empleadores pueden crear una cuenta y publicar vacantes; para determinadas ofertas de formación se necesita una tarjeta válida. No se ha establecido un plazo de colocación ni una tasa de éxito nacional fiable. Muchas personas siguen encontrando trabajo a través de redes familiares y comunitarias, búsqueda propia, pequeño comercio, agricultura y actividades generadoras de ingresos. Según ILOSTAT, el salario mínimo legal era de 35.000 XAF mensuales en 2024. No se ha publicado una distribución salarial regional o sectorial fiable. Según el PND, el empleo formal representaba aproximadamente el 10 % de la fuerza laboral; ILOSTAT informó que en 2019 solo el 3,5 % recibía al menos una prestación de protección social. La estimación modelizada de la OIT sobre pobreza laboral era del 65,7 % en 2024; el Banco Africano de Desarrollo estimó el subempleo en un 62 % en 2025. Para los contratos de trabajo, la última referencia aplicable sigue siendo la Ley 09-004 del Código del Trabajo, de 29 de enero de 2009. Abarca los contratos laborales dentro del territorio nacional, pero no se aplica a funcionarios, fuerzas armadas, poder judicial ni trabajadores autónomos. Se permiten contratos de duración determinada e indefinida; algunos contratos de duración determinada pueden tener una duración total máxima de dos años. La Asamblea Nacional aprobó un nuevo Código del Trabajo el 15 de mayo de 2025, pero según el estado de ePLEX a diciembre de 2025 todavía no se había promulgado. Por ello, antes de tomar una decisión jurídica conviene comprobar su situación actual. El PND no identifica una prestación nacional por desempleo. El conflicto, el desplazamiento, la destrucción de empresas formales y la expansión de actividades informales están cambiando las condiciones de empleo. La presencia de la MINUSCA y de organizaciones humanitarias genera demanda en algunas zonas, mientras que el crecimiento de las comunicaciones móviles abre nuevas oportunidades de comercio y servicios. El PND 2024–2028 se centra, entre otros aspectos, en la transición de actividades informales a formales, el sector privado, la agroindustria, la transformación, la digitalización y la formación regional. La inseguridad, las carreteras deficientes, el suministro de energía, la falta de capital y el desajuste de competencias limitan este desarrollo. Los datos siguen siendo limitados: la encuesta de hogares más reciente de ILOSTAT corresponde al censo de 1988. Aunque el PND informa de encuestas anuales de empleo desde 2012 y encuestas bienales del sector informal, la comparabilidad y el detalle regional son limitados. La migración incide sobre todo a través del desplazamiento y el retorno. Más de 1,4 millones de centroafricanos fueron desplazados, y ACNUR contabilizó 53.394 refugiados y solicitantes de asilo en el país a finales de 2024. Desde la guerra de Sudán llegaron más de 25.000 refugiados sudaneses y 6.360 personas centroafricanas retornadas. La legislación sobre refugiados suele conceder derechos laborales iguales a los de los nacionales; en la práctica, la falta de documentos, los obstáculos de la CNR y la preferencia de los empleadores por nacionales dificultan el acceso. Muchas mujeres trabajan informalmente pese a tener cualificaciones pertinentes.