Aprendizaje profesional en Chad

Chad no cuenta con un sistema único y unificado de aprendizaje profesional. El aprendizaje regulado coexiste con instituciones de formación profesional formal, programas comunitarios y de ONG no formales, y el aprendizaje informal en talleres o empresas familiares. El Ministerio de Educación Superior, Investigación Científica y Formación Profesional (Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Formation Professionnelle, MESRSFP) dirige el sector junto con proveedores públicos y privados, empleadores, FONAP, ONAPE/OBSEFE, CONEFE, autoridades educativas y ONG. En el aprendizaje regulado, la persona aprendiz aprende mediante la repetición de operaciones laborales y recibe formación complementaria teórica, técnica o tecnológica. Un Centro de Formación de Aprendices (Centre de Formation des Apprentis, CFA) puede combinar formación práctica y teórica, mientras que un empleador o taller aporta el componente realizado en el lugar de trabajo. Un Centro de Formación Complementaria (CFC) puede ofrecer formación general, teórica y técnica adicional; este componente complementario suele representar entre el 30 % y el 40 %. Las tareas, la duración y los contenidos exactos dependen de la ocupación, la edad y el contrato. La duración mínima legal es de un día, pero los programas reales suelen durar más y varían según el oficio. Un contrato de aprendizaje por escrito indica la ocupación, el contenido de la formación y su duración. También puede especificar la remuneración, la alimentación y el alojamiento. Firman el contrato la persona aprendiz, su madre, padre o tutor legal cuando corresponda, y el CFA o el empleador; además, debe registrarse ante la inspección laboral. Un contrato con un empleador puede incluir remuneración, pero el contrato de un CFA no establece una garantía salarial formal. Las personas aprendices deben respetar las reglas internas, realizar las tareas formativas asignadas, cumplir los horarios laborales legales y cuidar el equipo. El maestro o tutor debe ser una persona adulta con una cualificación reconocida y al menos tres años de experiencia. Las normas de protección infantil limitan las opciones de alojamiento de las personas menores de edad. El acceso es amplio en el marco regulado: no se exige un certificado escolar mínimo a nivel nacional ni se establece una edad máxima. Las personas extranjeras necesitan autorización de residencia y trabajo. Los programas de cada proveedor pueden imponer condiciones propias de selección, capacidad o escolaridad. En 2026, el concurso nacional para los programas CFTP incluyó a 11.307 candidatos, 38 centros y 8 academias. La reforma vigente utiliza las vías de cualificación CSP, CAP y BEP, y el DFFTP fue sustituido por el CSP. No deben confundirse estas condiciones formales de admisión con las normas más amplias de acceso legal a los contratos de aprendizaje. La formación puede conducir a un CQP, CAP o CQA cuando el establecimiento ministerial competente realiza la evaluación y expide la cualificación. Las reformas formales actuales también mencionan cualificaciones CSP, CAP y BEP. La formación informal y no formal no cuenta con un reconocimiento nacional uniforme y no hay constancia de un mecanismo universal de acreditación del aprendizaje previo. La finalización puede facilitar el empleo, el trabajo por cuenta propia o una actividad generadora de ingresos, pero no da automáticamente un empleo ni acceso a estudios terciarios. Los programas no formales son importantes cuando no hay proveedores formales o resulta difícil acceder a ellos. Proyectos de UNICEF y sus socios han combinado la educación básica con formación práctica para jóvenes sin escolarizar o en situación vulnerable. Centros de Bol, Bagasola, Liwa y Ngouri han ofrecido jardinería, costura, mecánica y carpintería. Un ciclo de costura en Bol duró 90 días e inscribió a 38 mujeres de 19 a 30 años; un proyecto de Moissala ofreció seis meses de formación en costura y carpintería a jóvenes refugiados y de las comunidades de acogida. La selección puede estar a cargo de un municipio, una entidad comunitaria o un comité de vulnerabilidad, y los proyectos pueden ofrecer kits iniciales o ayuda de transporte. Los costes varían según el proveedor y el acuerdo. El alumnado puede pagar tasas o asumir los costes de las herramientas, el transporte y el tiempo que deja de dedicar a otro trabajo. Los programas de donantes y ONG pueden cubrir materiales de formación, kits iniciales o transporte, pero la ayuda depende del proyecto. El FONAP financia el aprendizaje, la autorización de proveedores, la inserción y los proyectos generadores de ingresos. Una cotización del 1,2 % de la nómina bruta, denominada TAFP, financia actividades de formación profesional y aprendizaje a través de este sistema. La estrategia nacional para 2025–2035 se validó en julio de 2025 y da prioridad a los planes de estudio, la calidad, la alternancia y el aprendizaje profesional, las competencias digitales, los vínculos con el sector privado y la transición al empleo. En septiembre de 2026, siete borradores reglamentarios mencionados en la revisión de la reforma todavía esperaban aprobación; por ello, la certificación, la calidad de los proveedores y la disponibilidad regional siguen siendo desiguales. Entre los campos prácticos figuran la costura, la carpintería, la electricidad, la mecánica, la jardinería, la agricultura, la ganadería y los servicios; las competencias digitales son una prioridad creciente de la reforma.