El endeudamiento en Costa de Marfil

El endeudamiento formal surge con bancos, instituciones financieras, SFD (sistemas financieros descentralizados) como los proveedores de microfinanzas y entidades de dinero electrónico cuando ofrecen expresamente préstamos. Una aplicación de dinero móvil, por sí sola, no es un préstamo. Antes de firmar un acuerdo, conviene comprobar al prestamista en las listas de la Dirección General del Tesoro y de la Contabilidad Pública (Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique) o del banco central regional (BCEAO). El contrato debe indicar el capital desembolsado, cada cuota, el total a devolver, las comisiones, el seguro, las garantías y las consecuencias del pago tardío. Según las fuentes revisadas, no existe una garantía estatal uniforme para los préstamos al consumo; el acceso y las condiciones dependen del proveedor y de la solicitud concreta. Desde el 1 de junio de 2026, el límite de usura de la UMOA es del 14,0 por ciento anual para los bancos y del 24,0 por ciento para las entidades de financiación de crédito, los SFD y otros agentes económicos cubiertos. Pueden añadirse comisiones contractuales, seguro, garantías y consecuencias del pago tardío. En Costa de Marfil, el tipo de interés legal se fija anualmente por decreto conforme a la fórmula de la UMOA. Además de los préstamos formales, desempeñan un papel importante los préstamos de familiares y amigos, las tontines (asociaciones rotativas de ahorro y crédito), los empleadores, el crédito de proveedores y los prestamistas privados. Estas vías pueden ser más rápidas o accesibles socialmente, pero varían mucho en precio, documentación, exigibilidad y protección. La deuda informal no desaparece automáticamente por no existir un contrato formal o un centro estatal de asesoramiento. Si hay varios acreedores, conviene anotar en una lista a cada uno, los importes pendientes, las cuotas, las fechas de vencimiento, las garantías y los atrasos. Los pagos continuos de vivienda, energía, agua, alimentación y atención médica necesaria deben tener prioridad sobre los pagos no urgentes. Antes de incumplir la primera cuota, contacta al acreedor y solicita por escrito una moratoria, un aplazamiento o un nuevo acuerdo de cuotas. Un nuevo préstamo caro para pagar uno anterior suele aumentar la carga. La central regional de información crediticia (BIC UMOA), también conocida como CREDITINFO WEST AFRICA, recopila historiales de crédito y pagos. Los datos pueden incluir información de prestamistas, fuentes públicas y facturadores de electricidad, agua o telecomunicaciones. Las personas afectadas pueden obtener su informe de crédito, impugnar datos incorrectos aportando pruebas y solicitar su rectificación o eliminación. Según los plazos de procedimiento revisados, la tramitación puede tardar como máximo 5 días en la BIC, como máximo 15 días en el proveedor de datos y hasta 10 días adicionales para que la BIC confirme, rectifique o elimine la información. Debe enviarse un informe corregido a los usuarios que recibieron el informe durante los seis meses anteriores. Una disputa sobre los datos no debe confundirse con una disputa sobre la deuda subyacente. En el caso de bancos, instituciones financieras, SFD y entidades de dinero electrónico supervisados, la reclamación empieza a través del canal interno de reclamaciones. Si no se resuelve, puede acudirse a la Comisión Bancaria de la UMOA (Commission Bancaire de l’UMOA) mediante su procedimiento electrónico de reclamaciones. Deben conservarse el contrato, el calendario de pagos, los recibos, los mensajes y el informe de crédito. Una reclamación ante el supervisor no suspende ni cancela automáticamente la deuda. Cuando hay atrasos, suele intentarse primero el cobro amistoso o la negociación, seguido de un requerimiento formal de pago y, cuando corresponda, un procedimiento judicial. El Acto Uniforme de la OHADA sobre procedimientos simplificados de cobro y vías de ejecución regula, entre otras cosas, las órdenes de pago, los embargos conservatorios y la ejecución forzosa. Para una orden de pago, la deuda debe ser cierta, cuantificada y exigible. Una vez obtenido un título ejecutivo, puede ser posible embargar bienes. Los ingresos públicos se recaudan conforme a los procedimientos aplicables y no están sujetos a este acto. No es posible indicar un plazo general fiable para los procedimientos judiciales o de ejecución, pues depende del tribunal, la notificación, la oposición, el título, los bienes y la jurisdicción. Para las empresas y ciertas personas jurídicas de derecho privado o público, el marco regional de derecho mercantil (OHADA) establece procedimientos distintos de los aplicables a los hogares comunes. El Acto Uniforme sobre procedimientos de insolvencia cubre principalmente a comerciantes, empresarios, personas jurídicas privadas sin fines de lucro y empresas de derecho público. Antes de cesar los pagos, pueden considerarse la conciliación o un acuerdo preventivo (règlement préventif); después del cese de pagos, pueden seguir una reestructuración supervisada por un tribunal o la liquidación de activos (liquidation des biens). Estos procedimientos están sujetos a supervisión judicial y también pueden tener consecuencias para los deudores o la dirección. La investigación revisada no permitió identificar un procedimiento general de quiebra del consumidor, una condonación automática de la deuda restante o una comisión nacional para el sobreendeudamiento privado en Costa de Marfil. La deuda pública concierne al Estado y no equivale al alivio de deuda privada. El Ministerio de Finanzas y Presupuesto (Ministère des Finances et du Budget) y la Dirección General de Financiación Pública (Direction Générale des Financements) son responsables del endeudamiento público, la estrategia, las emisiones, las negociaciones y la gestión; el mercado regional de títulos públicos (UMOA-Titres) y la autoridad regional de los mercados financieros (AMF-UMOA) forman parte del mercado regional de títulos públicos. Según el análisis de sostenibilidad de la deuda más reciente revisado, la deuda pública fue de aproximadamente el 57,6 por ciento del producto interno bruto en 2025; para 2026 se informó de un valor actual de la deuda pública de aproximadamente el 53,4 por ciento y una deuda pública externa de aproximadamente el 37,4 por ciento del producto interno bruto. Entre los riesgos figuran los cambios en las materias primas y las exportaciones, los tipos de cambio, las perturbaciones climáticas, los ingresos y la liquidez. Una reestructuración de deuda pública —por ejemplo, el canje respaldado de unos 400 millones de euros de deuda comercial cara por financiación más barata o a más largo plazo— no crea un derecho automático para los deudores privados.