Derecho de inmigración en Corea del Norte

La Ley de Inmigración se aprobó el 19 de enero de 1996 y se modificó el 28 de enero de 1999, el 10 de abril de 2012, el 10 de julio de 2013 y el 21 de junio de 2017. En general, las personas extranjeras solo pueden entrar y salir por los pasos fronterizos designados y deben someterse a una inspección de paso. Deben presentar el certificado exigido, los formularios de entrada o salida y los sellos de control. No se pueden introducir en el país materiales prohibidos o confidenciales. Normalmente se requiere un visado. Las solicitudes suelen tramitarse a través de una misión diplomática o consular norcoreana, aunque en ciertos casos pueden solicitarlas una institución invitante, una misión diplomática o consular extranjera o una organización internacional. Los acuerdos bilaterales pueden permitir la entrada sin visado. Los viajes por motivos privados pueden requerir un documento de consentimiento de viaje expedido por una agencia de inmigración. Los certificados turísticos pueden permitir la entrada y salida sin visado conforme al acuerdo aplicable; los certificados de marino se aplican en determinados puertos comerciales, y los certificados de inmigración para zonas fronterizas restringen los viajes a las regiones fronterizas designadas salvo que se conceda autorización adicional. Los acuerdos de inversión extranjera pueden permitir la presencia de personal directivo, técnicos y trabajadores cualificados para empleos especificados en un contrato, con aprobación del órgano central de orientación comercial; la ley publicada no establece una categoría general de visado de trabajo. Las estancias de hasta 90 días se consideran de corta duración. A partir de 91 días, se consideran de larga duración. Por lo general, hay que registrarse en el destino dentro de las 48 horas siguientes a la llegada; una estancia intermedia superior a 48 horas también requiere registro local. Los certificados de estancia prolongada se expiden para fines específicos. En general, las personas extranjeras residentes en Corea del Norte necesitan un certificado de registro de residencia, válido por tres años. Este certificado no equivale a la residencia permanente. Sus titulares deben llevar consigo los documentos, comunicar los cambios importantes en un plazo de siete días, comunicar en un plazo de 14 días los cambios en los datos de residencia causados por nacimiento, fallecimiento, matrimonio, divorcio o empleo, y registrarse en el nuevo lugar dentro de los 25 días siguientes a la cancelación del registro de la residencia anterior. Quien abandone una residencia de larga duración debe depositar el certificado en la agencia de inmigración y recuperarlo al regresar. También pueden aplicarse certificados de viaje y confirmaciones regionales de llegada y salida a residentes, personas con estancia por motivos privados y titulares de certificados fronterizos; las personas extranjeras con fines diplomáticos u oficiales tienen otros procedimientos de viaje. El Ministerio de Asuntos Exteriores, las misiones diplomáticas y consulares, las instituciones invitantes, los representantes de organizaciones internacionales, las agencias de inmigración y las agencias de inspección de paso desempeñan funciones distintas. Las agencias provinciales y de ciudades bajo administración directa, las agencias municipales, de distrito y de condado, y la Agencia de Registro de Residentes pueden encargarse del registro local o de asuntos de residencia. El Presidium de la Asamblea Popular Suprema decide sobre las peticiones de admisión y retirada de la nacionalidad. La Ley de Nacionalidad permite adquirirla por nacimiento en varias situaciones de progenitores con nacionalidad mixta o apátridas, y permite a personas extranjeras o apátridas solicitar su adquisición o recuperación. No especifica públicamente un periodo general de residencia, un examen de idioma, requisitos de integración o medios de vida ni una tasa estándar para estas solicitudes. Las fuentes disponibles públicamente no establecen un título general y transparente para la reunificación familiar, un sistema de visados de estudiante, un título de asentamiento permanente ni una vía de integración detallada. La Constitución contempla el derecho de asilo o refugio para personas extranjeras perseguidas por determinadas actividades políticas, sociales, científicas o culturales, pero la Ley de Inmigración no define públicamente un procedimiento de solicitud, una decisión sobre el estatus, un sistema de acogida, una audiencia, un procedimiento de apelación ni una norma de no devolución. Corea del Norte no figura en la Colección de Tratados de la ONU como parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni de su Protocolo de 1967. Estas lagunas dificultan valorar la protección, la migración familiar y la residencia permanente basándose solo en las normas publicadas. La ley establece tasas de inmigración y las tasas de visado pueden depender de la reciprocidad, pero no se encontró una tarifa pública fiable. Tramitar un visado y una invitación norcoreana puede llevar varias semanas; en algunos casos, las recomendaciones oficiales de viaje alemanas han indicado unas cuatro semanas, aunque el plazo varía según la nacionalidad y el motivo. El acceso operativo es muy variable. El 9 de septiembre de 2026, la Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido informó de que la entrada general por frontera seguía prácticamente cerrada desde 2020, con una reapertura parcial y turismo limitado, y que no se habían reanudado todas las rutas de pasajeros. Una persona extranjera que carezca de un certificado válido, exceda el plazo de estancia o infrinja la ley norcoreana puede afrontar una multa, una prohibición de entrada o salida, la cancelación de la autorización de estancia o viaje, la expulsión o responsabilidad penal en casos graves. Las normas de expulsión abarcan las infracciones graves, la entrada ilegal sin visado, la permanencia más allá del plazo y las infracciones del ordenamiento jurídico. El transportista puede tener que asumir los gastos de regreso de una persona a la que se le prohíba entrar. Se puede apelar ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, la agencia de inmigración competente u otra institución jurídica competente, pero las fuentes publicadas no especifican un plazo general de apelación, una suspensión automática ni un órgano de revisión independiente.