Seguros en Corea del Norte

La Ley de Seguros de Corea del Norte se adoptó en 1995 y se modificó en 1999, 2002, 2005, 2008 y 2015. La Ley de Seguro Social y Seguridad Social se adoptó en 2021. La Ley de Seguros rige los seguros por contrato, pero no el seguro social estatal. El seguro social se aplica en todo el país a instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos, salvo a las instituciones para niños y de cuidado infantil. Sus principales fuentes de financiación son el presupuesto estatal y los fondos de las instituciones o empresas. Los empleados y trabajadores aportan el 1 % de su salario mensual. Los agricultores aportan el 1 % en la distribución final de la producción agrícola. Las aportaciones se pagan mensualmente o en la distribución final, según el tipo de contribuyente. El recargo por pago atrasado es del 1 % diario. Las prestaciones del seguro social incluyen ayudas temporales, prestaciones por maternidad y después del parto, ayudas funerarias y prestaciones de descanso o recuperación. La prestación temporal ordinaria suele ser del 30 % al 50 % de los gastos de subsistencia. La tasa es del 50 % en caso de accidente laboral o enfermedad derivada del trabajo, y del 100 % para determinados grupos privilegiados. La ayuda temporal suele tener un límite máximo de seis meses dentro de un período de doce meses. Para ampliarla hasta seis meses más se necesita autorización. La reclamación debe respaldarse con certificados médicos, autorizaciones de recuperación o descanso y otras confirmaciones; la falta de documentación puede impedir el pago. La seguridad social cubre la vejez, la pérdida permanente de la capacidad laboral, la discapacidad y la falta del apoyo necesario. La institución, empresa u organización correspondiente presenta la solicitud ante el 중앙로동행정지도기관 (órgano central de orientación laboral), el comité popular pertinente o un organismo agrícola. La decisión debe tomarse en un máximo de siete días. Si se aprueba la solicitud, la persona queda registrada y recibe un certificado de prestaciones sociales. Los comités populares provinciales, de las ciudades directamente administradas y locales implementan el sistema en sus respectivas regiones. No se documentan normas especiales separadas para otro nivel administrativo. Los seguros por contrato los ofrece una compañía aseguradora autorizada por el 중앙보험지도기관 (órgano central de orientación de seguros). El sistema incluye seguros personales y patrimoniales, que pueden ser voluntarios u obligatorios. El Consejo de Ministros puede introducir nuevas modalidades de seguro u objetos de cobertura obligatoria. El marco jurídico contempla contratos con instituciones, empresas, organizaciones, ciudadanos, instituciones extranjeras, empresas con inversión extranjera, extranjeros y coreanos residentes en el extranjero. Entre las modalidades locales enumeradas figuran seguros de vida, accidentes, menores, pasajeros, incendios, marítimos, agrícolas, técnicos, de automóviles, crédito, responsabilidad civil, garantía y reaseguro. El 중앙보험지도기관 (órgano central de orientación de seguros) autoriza las compañías aseguradoras, los productos, las tarifas, las pólizas, los acuerdos de reaseguro y los agentes o corredores. KNIC, también conocida como Korean National Insurance Company o Korea Foreign Insurance Company, es una institución estatal de seguros documentada con sede en Pionyang. El tomador presenta una solicitud por escrito y facilita información veraz sobre los riesgos. El contrato debe formalizarse por escrito. La aceptación y emisión de la póliza completan el contrato. La póliza identifica a las partes, el objeto asegurado, su valor, la suma asegurada, los riesgos cubiertos y excluidos, la duración, la prima, el método de pago y el procedimiento para recibir prestaciones. La cobertura entra en vigor después de pagar la prima. Si se retrasa una cuota, la cobertura puede suspenderse y restablecerse después de pagar los importes atrasados y los gastos relacionados con la demora. El tomador paga las primas, informa de los daños sin demora y toma medidas razonables para reducir las pérdidas. Para reclamar por lesiones personales hay que presentar una solicitud de prestaciones y pruebas de fallecimiento o incapacidad. Una reclamación patrimonial puede requerir pruebas de reparación, sustitución o restauración. Por lo general, el seguro de responsabilidad civil paga directamente al tercero perjudicado y puede cubrir los costes de arbitraje o del tribunal. Las partes pueden modificar el contrato de mutuo acuerdo en el plazo de un mes. Antes de que ocurra un siniestro, también pueden rescindir todo el contrato o una parte de él de mutuo acuerdo, con la devolución proporcional de la prima. El tomador de un seguro patrimonial debe informar de cualquier cambio sustancial del riesgo; la aseguradora puede ajustar la tarifa o resolver el contrato. Los contratos de seguro patrimonial se renuevan automáticamente por un año, a menos que se notifique su cancelación con al menos tres meses de antelación al vencimiento. Para constituir una compañía de seguros se necesita autorización en un plazo máximo de 60 días; después, hay plazos de 30 días para el registro mercantil y de 20 días para el registro fiscal. La compañía debe mantener una capacidad financiera mínima y reservas de seguros, y presentar documentos anuales dentro de un plazo de tres meses. No se dispone de tarifas estándar ni cuadros de primas para los hogares que sean públicos y fiables. Por ello, los seguros por contrato parecen tener mayor relevancia para instituciones, empresas, transporte, agricultura, comercio exterior y zonas económicas especiales. Existen seguros personales y patrimoniales privados formales, pero las pruebas fiables sobre su acceso para los hogares, el importe de las primas, la frecuencia de pago de reclamaciones y las prácticas de las oficinas locales son limitadas. Las pruebas disponibles no permiten afirmar que exista un mercado transparente y plural de seguros privados comparable al de muchos otros países. Las restricciones internacionales también afectan al sistema. Las sanciones de las Naciones Unidas designan a KNIC como entidad financiera o aseguradora de la RPDC. En general, los Estados miembros no pueden proporcionar apoyo público ni privado —incluidos créditos a la exportación, garantías o seguros— para el comercio con la RPDC, salvo excepciones limitadas para operaciones diplomáticas o consulares y para la asistencia humanitaria coordinada por las Naciones Unidas. Por ello, el reaseguro internacional y la tramitación transfronteriza de reclamaciones están muy restringidos.