Vivienda en Corea del Norte

살림집 (sallimjip) significa vivienda o casa. El sistema formal se basa en la planificación, construcción y asignación estatales, denominada 배정 (asignación). Las autoridades estatales y locales, los lugares de trabajo y otras organizaciones pueden influir en qué hogar recibe una vivienda. La oficina responsable concreta varía según el lugar y no está documentada de manera transparente en todo el país. Por lo general, los residentes reciben el derecho a usar y ocupar una vivienda, en vez de una propiedad privada segura. Para la mayoría de los residentes, la propiedad privada formal y el alquiler privado no tienen un equivalente directo. Las declaraciones oficiales norcoreanas presentan la provisión de vivienda como gratuita, pero también se informa de que los residentes pagan 사용료 (tasas de uso) y costes de mantenimiento. No se dispone de tarifas actuales para todo el país ni de precios de mercado fiables. El acceso no se basa en un sistema abierto de solicitudes y anuncios. El lugar de trabajo, la función o el cargo, la composición del hogar, la región, la posición sociopolítica y el programa de construcción disponible pueden influir en la asignación. Hay grandes desigualdades regionales. El acceso a Pionyang está especialmente controlado y los permisos de viaje u otras autorizaciones administrativas dificultan elegir libremente dónde vivir en la práctica, pese a las afirmaciones formales sobre la libertad de circulación. Para mudarse y utilizar una vivienda asignada, normalmente se necesita un 입사증 o un 살림집리용허가증. Estos documentos sirven como certificado de entrada u ocupación de una vivienda. Se espera que el hogar use la vivienda de acuerdo con la asignación, comunique los cambios de residencia, pague las tasas de uso o los costes de mantenimiento aplicables y cumpla los requisitos administrativos. No es posible verificar de forma fiable en todo el país cuál es la autoridad que los expide. Una vivienda puede asignarse mediante un proyecto de construcción estatal, una asignación del lugar de trabajo u otra organización, o una reconstrucción tras una catástrofe. Los programas de reconstrucción pueden dar prioridad a los hogares afectados y a los trabajadores. Los informes oficiales describieron objetivos de 50.000 viviendas en Pionyang y 25.000 en Komdok para el periodo 2021–2025. Los informes de la RPDC de 2024 afirmaron que se habían construido 40.000 viviendas en Pionyang, más de 100.000 en zonas rurales, 20.000 en Komdok y 3.000 en Samjiyon. Son cifras oficiales declaradas por el propio país y no se han verificado de forma independiente. Las transferencias de vivienda, las mudanzas y los cambios de ocupantes están sujetos a control administrativo. La compraventa o el subarriendo sin autorización no forman parte del procedimiento formal. Desde aproximadamente la década de 2000, se han expandido las transacciones informales de vivienda, en especial en zonas urbanas. Funcionarios con acceso a certificados y agentes informales pueden gestionarlas, pero la titularidad resultante y la seguridad jurídica no son fiables. Una encuesta realizada entre 2016 y 2020 a personas norcoreanas refugiadas indicó que el 15,3 % tenía experiencia vendiendo y el 20,5 %, comprando; estas cifras no son estadísticas nacionales. Según se informa, los controles sobre estas transacciones se han endurecido. Las condiciones de vivienda varían según la región, el tipo de edificio y la infraestructura. La Encuesta Socio-Demográfica y de Salud de 2014 registró un 41,7 % de viviendas adosadas, un 32,8 % de casas independientes y un 25,0 % de apartamentos en todo el país; en Pionyang, los apartamentos representaban el 62,9 %. La misma encuesta registró agua corriente dentro de la vivienda en el 82,1 % de los hogares y un inodoro privado con descarga en el 62,5 %. La calefacción solía utilizar carbón (56,5 %) y leña (48,8 %). Estas cifras describen las condiciones de 2014 y no deben considerarse una medición nacional actual. El uso de una vivienda puede terminar por reasignación, una mudanza autorizada, abandono o traslado forzoso. Se ha informado del traslado forzoso de familias a zonas rurales como sanción política. No se han verificado suficientemente las normas actuales para todo el país sobre herencia, fin del derecho de uso, desalojo y devolución de la vivienda, y no es posible confirmar de forma independiente la protección contra la pérdida arbitraria.