El entorno cotidiano de Eritrea

Eritrea no tiene un sistema de servicios nacional uniforme que cubra todas las zonas del entorno cotidiano. El acceso a la electricidad alcanzó el 55,3 % en 2024. El sistema eléctrico interconectado tenía una capacidad notificada de 157 MW, pero solo 37 MW estaban disponibles, y los cortes programados afectaban al suministro. El acceso varía considerablemente entre las zonas urbanas y rurales. Las condiciones del agua y el saneamiento también varían mucho. Las cifras comparables de UNICEF de 2016 registraron acceso básico al agua potable para el 52 % de la población, acceso limitado para el 18 %, fuentes no mejoradas para el 13 % y uso de aguas superficiales para el 17 %. El saneamiento básico cubría el 12 %; el saneamiento limitado, el 10 %; y la defecación al aire libre representaba el 67 %. No había datos comparables a escala nacional sobre servicios gestionados de forma segura. Los servicios de agua urbanos son gestionados por las administraciones locales bajo el Ministerio de Administración Local. En las zonas rurales, el Departamento de Recursos Hídricos (WRD), dependiente del Ministerio de Tierras, Agua y Medio Ambiente, presta apoyo a los comités de agua. Una zoba es una región administrativa. El modelo de gestión y titularidad comunitarias, conocido como COM, se basa en la participación local y en las responsabilidades locales de explotación y mantenimiento de las instalaciones de agua. Los empresarios privados también abastecen a algunos hogares urbanos de bajos ingresos que no están conectados a servicios formales. El Ministerio de Salud y su División de Salud Ambiental se encargan de las funciones de saneamiento e higiene. El Ministerio de Educación y su Departamento de Educación General coordinan el programa de agua, saneamiento e higiene en las escuelas, conocido como WinS. Los municipios son responsables de los residuos sólidos, mientras que proyectos con apoyo de donantes y de la ONU, el mantenimiento comunitario y el saneamiento total dirigido por la comunidad, conocido como CLTS, proporcionan otros mecanismos informales. Eritrea no tiene un procedimiento nacional uniforme documentado para solicitar estos servicios, presentar una queja o recibir una respuesta. El Marco de Protección, Gestión y Rehabilitación Ambiental y la Notificación Legal de 2017, la Política de Recursos Hídricos de Eritrea de 2004 y 2007 y la prohibición de bolsas de plástico de 2005 forman parte del marco nacional. La investigación disponible no confirmó un derecho individual nacional a un servicio específico de agua o saneamiento, tarifas uniformes en todo el país, plazos de respuesta garantizados ni una norma universal de accesibilidad. El coste de los servicios públicos y los vendedores privados depende de la localidad, el proveedor y el tipo de servicio; la ampliación de infraestructuras suele seguir plazos específicos del asentamiento o del proyecto. La calidad del aire y la energía doméstica afectan a las condiciones de vida. En 2019 se informó de que la concentración media anual de PM2,5 en Eritrea era de 23 microgramos por metro cúbico, frente al valor orientativo de 5 microgramos de la Organización Mundial de la Salud. Cerca del 90 % de la población no tenía acceso a combustibles o tecnologías de cocina limpios. La recogida y eliminación municipal de residuos sólidos declarada cubría el 55 %, mientras que la capacidad de gestión de residuos y sustancias químicas seguía siendo desigual. Asmara tiene un contexto particular de espacios públicos y patrimonio. Su zona urbana declarada Patrimonio Mundial abarca 481 hectáreas y tiene una zona de amortiguamiento de 1.203 hectáreas; además, cuenta con un cinturón verde protegido en la escarpa, plazas públicas, senderos y el parque Mai Jah Jah. Existen mecanismos de consulta y gestión para la zona patrimonial de Asmara, pero no establecen un derecho nacional a zonas verdes. Eritrea tiene un clima árido o semiárido y se enfrenta a lluvias irregulares, sequías y degradación de la tierra. La captación rural de agua, las presas, el bombeo solar y los proyectos de resiliencia de los ecosistemas y las tierras hacen frente a estas presiones. En 2026 se aprobó una minirred solar de 34 MW para Tesseney, Berantu y Kerkebet, que incluye bombeo de agua potable, pero la aprobación o producción prevista no demuestra que el acceso de los hogares haya mejorado ya. La sequía y la inseguridad hídrica son pertinentes en todo el país. Se ha documentado contaminación histórica por minas y municiones sin explotar, pero no se ha verificado información actualizada sobre el desminado. La investigación disponible no encontró datos oficiales sólidos a escala nacional sobre el ruido, una norma sobre ruido ni un procedimiento de accesibilidad para personas con discapacidad, por lo que hay que confirmar las condiciones locales.