Elecciones en Eritrea

La Constitución de 1997 prevé una Asamblea Nacional elegida por voto directo y secreto por períodos de cinco años. También establece un presidente elegido indirectamente: la Asamblea lo elegiría por mayoría absoluta, con un límite de dos mandatos. El sistema formal utiliza la votación por mayoría en las circunscripciones; en caso de empate exacto, decide un sorteo. El 30 % de los escaños de la Asamblea Nacional está reservado a las mujeres. El marco contempla dos papeletas o votaciones y circunscripciones de unos 25.000 residentes o 12.000 votantes habilitados, con cifras mayores para las circunscripciones que aplican la reserva de escaños para mujeres. La Constitución fue ratificada, pero las evaluaciones especializadas actuales concluyen que sus disposiciones electorales no se han aplicado en la práctica. El marco constitucional y electoral prevé una Comisión Electoral, aunque no hay constancia de un registro nacional vigente, un calendario electoral o una administración electoral nacional activa. La elegibilidad formal comienza a los 18 años para ciudadanos eritreienses que vivan, trabajen o estén asignados a la circunscripción pertinente y no cumplan una condena de prisión. El votante se registra una vez en una circunscripción y utiliza un documento de identidad o pasaporte junto con una tarjeta de votante. El registro debe estar disponible para consulta pública y las fechas de inscripción deben anunciarse con al menos diez días de antelación. Los candidatos a la Asamblea Nacional deben tener al menos 21 años, haber cumplido el servicio nacional, obtener el apoyo de al menos el 5 % del electorado pertinente y pagar un depósito formal de 500 nakfas por una candidatura a la Asamblea Nacional o de 100 nakfas por otra candidatura. La campaña formal dura tres semanas y termina tres días antes de la votación. Se prevé que los medios estatales ofrezcan el mismo acceso gratuito a las campañas, mientras que se prohíbe la financiación privada de campañas. El procedimiento formal de votación es personal, único y secreto en el centro electoral donde está inscrito el votante. Se presta asistencia a votantes ciegos o con discapacidad y a quienes no saben leer ni escribir. Las fuerzas de defensa, la policía, el personal de seguridad y los votantes en el extranjero disponen de voto anticipado siete días antes. Se permite formalmente el voto por poder en casos concretos, como incapacidad médica, obligaciones laborales, residencia temporal en el extranjero y custodia policial. El recuento comienza en el centro electoral; después, el material se sella y se envía a la oficina electoral subregional. Los resultados locales se anuncian inmediatamente y la Comisión Electoral realiza el anuncio final oficial. El marco formal otorga a las oficinas subregionales facultades de revisión, recuento, confirmación, corrección y rechazo. Los plazos para reclamar son breves: 24 horas para problemas de inscripción, 48 horas para candidaturas y cinco horas para cuestiones relativas al derecho de voto; las reclamaciones sobre el recuento pueden corresponder a la Comisión Electoral o al Tribunal Supremo. Estos procedimientos nacionales no ofrecen actualmente una base práctica para celebrar elecciones nacionales competitivas de manera periódica. No se han celebrado elecciones nacionales desde 1993, no hay constancia de elecciones regionales o de zoba y el presidente no ha obtenido legitimidad mediante elecciones populares libres y periódicas. Fuentes oficiales informan de elecciones locales en varias subzobas y regiones durante 2024 y 2025 para elegir administradores de zona, directores de gestión y coordinadores de aldea. Esos procesos locales han incluido actividades públicas de sensibilización antes de las votaciones y, en algunos casos, la sustitución de mandatos vencidos de hasta tres años. Se informó de procesos en Anseba, Región Central, Mar Rojo Septentrional y Mar Rojo Meridional. Las normas y condiciones de acceso varían según la subzoba y la convocatoria oficial, y las pruebas disponibles son fragmentarias. Se trata de una participación administrativa local limitada, no de un sustituto de elecciones representativas nacionales o regionales.