La Constitución es la ley suprema de Esuatini. Establece un orden público dual en el que los organismos estatales modernos funcionan junto con las instituciones tradicionales y el derecho y la costumbre suazis. Esta expresión se refiere a normas, prácticas y autoridades consuetudinarias reconocidas, especialmente en las comunidades tradicionales; el derecho común romano-neerlandés también forma parte del marco jurídico. El PDF oficial de la Constitución aún puede llevar el antiguo título de Swaziland, aunque el Estado constitucional es el Reino de Esuatini. La Constitución protege derechos como la vida, la libertad personal, la protección contra la tortura, la igualdad, una audiencia imparcial, la propiedad, la religión, la expresión, la reunión, la asociación, la circulación y la justicia administrativa. Toda suspensión o limitación de derechos durante una emergencia debe respetar las normas constitucionales. Se espera que la ciudadanía respete la Constitución y la ley, proteja el interés nacional y los derechos ajenos, apoye la democracia y el Estado de derecho, proteja los bienes públicos, coopere con las medidas legales de seguridad pública y cuide el medio ambiente. El rey Mswati III es el jefe de Estado hereditario y también recibe el título de iNgwenyama. La autoridad ejecutiva recae en el Rey y se ejerce directamente o por medio del Gabinete y los ministros. El Rey nombra al primer ministro de entre los miembros de la House of Assembly, sanciona las leyes, convoca y disuelve el Parlamento, desempeña funciones diplomáticas constitucionales, concede indultos o aplazamientos de penas y puede ejercer facultades constitucionales relativas a emergencias, comisiones, vusela y referendos. Es comandante en jefe de la Umbutfo Eswatini Defence Force y comisionado en jefe de la policía y los servicios penitenciarios. Russell Mmiso Dlamini es primer ministro desde su nombramiento el 3 de noviembre de 2023. El Gabinete está compuesto por el primer ministro, el viceprimer ministro y los ministros; los secretarios principales administran los ministerios y el fiscal general brinda la principal asesoría jurídica del Gobierno. El Parlamento está compuesto por el Senado y la House of Assembly. El Rey en Parlamento es la máxima autoridad legislativa. El Senado puede tener hasta 31 miembros, dos tercios de ellos nombrados por el Rey. La House of Assembly puede tener hasta 76 miembros, de los cuales hasta 60 son elegidos mediante circunscripciones de Tinkhundla y los restantes son designados por el Rey. Las leyes requieren la sanción real. La House of Assembly se ocupa principalmente de los proyectos de ley de asignaciones y de finanzas. El Parlamento aprueba leyes, representa a las comunidades y supervisa la labor ejecutiva. Normalmente se reúne al menos una vez al año; el 12.º Parlamento estaba en su tercer período de sesiones en 2026. Las órdenes del día, Hansard, los informes de comisiones y los votos y actas de las sesiones ofrecen registros públicos de la labor parlamentaria. El poder judicial es constitucionalmente independiente. El Tribunal Supremo es la última instancia de apelación y se ocupa de la interpretación constitucional y la jurisdicción supervisora. El Tribunal Superior conoce asuntos en primera instancia y en apelación, mientras que los tribunales de magistrados suelen resolver los casos en primera instancia. Entre las instituciones especializadas están el Tribunal Laboral, el Tribunal Laboral de Apelación, el Tribunal Comercial y el Tribunal de Reclamaciones de Menor Cuantía. Los tribunales nacionales suazis y otros tribunales consuetudinarios se ocupan de asuntos regidos por el derecho y la costumbre suazis. El Rey nombra a los jueces superiores por recomendación de la Comisión del Servicio Judicial, y esta nombra a los magistrados. El director de la Fiscalía Pública dirige los procesos penales de forma independiente y consulta con el fiscal general en asuntos de seguridad nacional. El acceso a los tribunales se gestiona mediante secretarías judiciales, y puede haber asistencia letrada e interpretación; los tribunales especializados aplican sus propias tasas y procedimientos. Esuatini tiene cuatro regiones administrativas: Hhohho, con 15 Tinkhundla; Manzini, con 18; Shiselweni, con 15; y Lubombo, con 11, para un total de 59 Tinkhundla. No existe un nivel estatal federal. Cada región tiene un consejo regional y un administrador regional, nombrado por el Rey por recomendación ministerial. El secretario regional es un alto funcionario que planifica, presupuesta y coordina la labor de los ministerios en la región. Un Inkhundla es una autoridad local que apoya la prestación descentralizada de servicios, la planificación ascendente y los proyectos comunitarios. Su comité ejecutivo, Bucopho, está presidido por el Indvuna YeNkhundla. Los chiefdoms y los Imiphakatsi se encuentran por debajo del Inkhundla, y los jefes ejercen autoridad tradicional. El gobierno local urbano tiene una estructura más fragmentada. Los consejos municipales, los consejos urbanos y las juntas urbanas funcionan conforme a la Urban Government Act 1969 y están sujetos a la supervisión administrativa del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano. En las zonas rurales, el acceso suele pasar por las estructuras de Tinkhundla y el liderazgo tradicional; los servicios urbanos se gestionan a través del organismo municipal, urbano o gubernamental pertinente. Se han anunciado propuestas de reforma del gobierno local y descentralización, pero todavía no constituyen un sistema completamente nuevo. La Comisión del Servicio Civil se ocupa del nombramiento, ascenso, traslado, cese, despido y disciplina de los funcionarios públicos. Los secretarios principales dirigen la administración departamental. Según el servicio, las personas quizá deban acudir a un ministerio nacional, la administración regional, un Inkhundla, una autoridad urbana o una autoridad tradicional. Los portales gubernamentales, ministerios, departamentos, la Gaceta y los servicios electrónicos proporcionan información y permiten realizar solicitudes. La Administración Regional ofrece servicios como matrimonio civil, declaraciones juradas y funciones de comisionado de juramentos. Las tasas y los plazos dependen del servicio; no existe una tabla única nacional de tasas y tiempos para todos los trámites públicos. Los fondos públicos se gestionan mediante el Fondo Consolidado. En general, los retiros requieren un cargo establecido por ley, una ley de asignaciones o una estimación suplementaria. El ejercicio financiero va del 1 de abril al 31 de marzo, y las estimaciones anuales se presentan antes del inicio del ejercicio o dentro de los 60 días siguientes a este. Para 2026/27, los documentos presupuestarios indicaban ingresos sin donaciones de E31.42 mil millones, donaciones de E0.474 mil millones e ingresos y donaciones asignados de E31.90 mil millones. Los gastos corrientes eran de E29.14 mil millones, los de capital de E7.78 mil millones y el gasto total de E36.92 mil millones, sin incluir el rescate de deuda de E5.33 mil millones. El déficit fiscal informado fue de E5.02 mil millones, equivalente al 4.9 % del PIB; la masa salarial era de E12.44 mil millones y los ingresos SACU utilizados, de E11.4 mil millones. La dependencia de los ingresos SACU, la deuda pública, la prestación de servicios y la descentralización determinan la importancia práctica de las finanzas públicas. La contratación pública se rige por la Public Procurement Act 2011 y las Public Procurement Regulations 2020, que entraron en vigor el 24 de mayo de 2021. La Eswatini Public Procurement Regulatory Agency, conocida comúnmente como ESPPRA, regula el sistema. Las licitaciones gubernamentales se publican en el portal financiero o de licitaciones correspondiente. Cada licitación establece sus propios documentos, tasas y plazos; no existe una fecha límite general aplicable a todas las compras. El Auditor General audita las cuentas públicas de oficinas gubernamentales, tribunales y autoridades públicas. Los informes de auditoría se presentan a ambas cámaras del Parlamento por medio del ministro de Finanzas; el gasto ilegal puede ser rechazado o imputado a los funcionarios responsables. La Oficina del Auditor General publicó un informe del Auditor General correspondiente a 2023 y otros informes forenses y de cumplimiento en 2024. La Comisión Anticorrupción opera conforme a la Prevention of Corruption Act 2006, recibe denuncias, investiga presuntos actos de corrupción y remite casos al director de la Fiscalía Pública. La Comisión de Derechos Humanos y Administración Pública, conocida como CHRAPA, recibe denuncias por escrito sobre violaciones de derechos, mala administración, abuso de poder y corrupción. Puede emitir citaciones y formular conclusiones y recomendaciones, pero quizá rechace una denuncia presentada más de 12 meses después del hecho. La Comisión de Integridad aplica las obligaciones del código de liderazgo, entre ellas la declaración de activos y pasivos antes de asumir el cargo o dentro de los seis meses siguientes, cada dos años y al dejar el cargo para ciertos funcionarios, como ministros, parlamentarios, jueces y altos funcionarios públicos. La libertad de expresión, reunión y asociación está protegida por la Constitución. El Parlamento publica documentos legislativos y de supervisión, mientras que la Gaceta publica obligatoriamente leyes y ciertos avisos oficiales. La Oficina de Prensa del Gobierno y sus redes sociales comunican información pública. La Eswatini Communications Commission, o ESCCOM, regula las comunicaciones electrónicas, la protección de datos, la ciberseguridad, la radiodifusión, los servicios postales y de mensajería y el comercio electrónico conforme a la ESCCOM Act 2013. Las redes públicas, la radiodifusión y el espectro radioeléctrico requieren licencia. ESCCOM puede imponer multas administrativas o suspender o retirar una licencia. Las licencias de radio suelen tener una vigencia de 12 meses y deben renovarse al menos 30 días antes de su vencimiento. La información pública se encuentra en la práctica en sitios gubernamentales, el Parlamento, la Gaceta y los servicios electrónicos, aunque las fuentes oficiales revisadas no identifican un equivalente general e independiente a una ley de acceso a la información. El Royal Eswatini Police Service mantiene el orden público, previene y detecta delitos, detiene a sospechosos y protege la seguridad pública. El comisionado de Policía dirige su administración, mando y disciplina. La Umbutfo Eswatini Defence Force es una fuerza permanente, disciplinada y no partidista, sujeta a la autoridad civil y encargada de defender la soberanía y la integridad territorial. His Majesty’s Correctional Services proporciona custodia segura, orden, rehabilitación y reintegración. La gestión de desastres se rige por la Disaster Management Act 2006 mediante la National Disaster Management Agency, el National Emergency Operations Centre, el National Disaster Management Council, los comités regionales de gestión de desastres y los grupos de trabajo de emergencia. Los planes nacionales, regionales y comunitarios, los sistemas de alerta temprana y un fondo para desastres apoyan la preparación y la respuesta. La National Cybersecurity Agency trabaja con la policía y las fuerzas de defensa en materia de riesgos cibernéticos. La inscripción de ciudadanía está a cargo de la Junta de Ciudadanía, que puede conceder o cancelar la inscripción. El proceso incluye una audiencia y representación jurídica, y se espera que los asuntos de ciudadanía se resuelvan en un plazo máximo de seis meses conforme al marco revisado. Por ello, los servicios públicos, las denuncias y la asistencia de seguridad dependen de la institución responsable y del nivel en que surge el asunto: ministerio nacional, tribunal, región, Inkhundla, autoridad urbana, autoridad tradicional u organismo especializado de supervisión.
Estado en Esuatini
Esuatini es un Reino democrático, soberano y unitario, regido por la Constitution of the Kingdom of Eswatini Act 2005. Su Estado combina instituciones modernas y tradicionales y el derecho y la costumbre suazis, con el siswati y el inglés como idiomas oficiales. El Rey, el Gabinete, el Parlamento bicameral, los tribunales, los ministerios, la administración regional, los Tinkhundla y las autoridades urbanas desempeñan distintas funciones públicas, mientras que la Constitución protege los derechos fundamentales y define los deberes cívicos.
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