Derecho penal en Etiopía

El Código Penal, promulgado mediante la Proclamación n.º 414/2005, se aplica junto con principios constitucionales como la legalidad, la responsabilidad personal, la irretroactividad, la presunción de inocencia y la protección frente a ser juzgado dos veces por el mismo delito. Por lo general, un proceso penal comprende una denuncia o querella, una investigación, una acusación escrita, una audiencia con pruebas, una sentencia y un posible recurso. La acción penal pública es la regla general; los delitos que requieren querella solo se tramitan cuando la persona perjudicada o su representante legal la presenta conforme a la ley aplicable. La Comisión Federal de Policía de Etiopía y las policías regionales investigan los delitos. Los fiscales federales y las oficinas regionales de justicia o fiscalías presentan los casos ante tribunales federales o regionales. Los tribunales federales incluyen los de Primera Instancia, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo; los tribunales regionales conocen de los asuntos que corresponden a su jurisdicción. La distribución de competencias entre el nivel federal y el regional, la instancia judicial, el idioma y las formas de comunicación pueden afectar el proceso en la práctica, sobre todo fuera de Adís Abeba. En general, una persona detenida tiene derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, a asistencia letrada, a un intérprete cuando lo necesite, a acceder a las pruebas, a interrogar a los testigos, a presentar pruebas para su defensa y a recurrir. Puede haber asistencia letrada financiada por el Estado si la persona no tiene medios para pagarla y lo exigen los intereses de la justicia, pero su disponibilidad no es uniforme en todos los lugares ni en todos los casos. Por lo general, la detención requiere una orden judicial, con excepciones como la flagrancia u otro supuesto previsto por la ley. En virtud del Código de Procedimiento Penal de 1961, aún aplicable en el régimen anterior, la persona detenida debía ser llevada ante el tribunal más cercano en un plazo mínimo de 48 horas, o tan pronto como lo permitieran las circunstancias locales y la comunicación. El Código de Procedimiento Penal y de Prueba, promulgado mediante la Proclamación n.º 1410/2026, fue aprobado el 3 de abril de 2026 y sustituye al código anterior; sin embargo, su entrada en vigor y sus normas transitorias deben comprobarse según la fecha y las circunstancias de cada caso. Tras una detención, un tribunal puede considerar la libertad bajo fianza. Entre los posibles motivos para denegarla figuran el riesgo de incomparecencia, reincidencia o interferencia con testigos o pruebas. Conforme al procedimiento anterior, el tribunal resolvía la solicitud de libertad bajo fianza en un plazo máximo de 48 horas. Por lo general, los registros requieren una orden de registro, salvo las excepciones previstas por la ley. La Proclamación sobre Delitos Informáticos n.º 958/2016 también regula las pruebas digitales y su obtención por medios electrónicos. Las posibles consecuencias incluyen arresto por infracciones leves, multas, penas de prisión simple o rigurosa, prisión perpetua, penas de muerte previstas por ley, confiscación o decomiso, restitución e indemnización. El resultado depende del delito, de la responsabilidad acreditada, del daño y de las circunstancias atenuantes o agravantes. La Proclamación sobre Recuperación de Activos n.º 1364/2025 también aborda la localización, inmovilización, incautación, confiscación y gestión de activos. La libertad condicional, la excarcelación condicionada y la rehabilitación pueden aplicarse cuando la ley y el caso lo permitan. La persona perjudicada puede acumular en el proceso penal una pretensión civil de restitución o indemnización conforme a los artículos 101 y 102 del Código Penal. En ciertas circunstancias, si el infractor no puede pagar, la indemnización puede provenir de activos incautados o confiscados, de una multa o de una fianza. Los testigos y denunciantes pueden recibir protección conforme a la Proclamación n.º 699/2011; los casos de trata de personas pueden incluir medidas adicionales de apoyo a las víctimas. La asistencia letrada, los intérpretes, el transporte y los gastos periciales o documentales varían según los recursos disponibles, la región y el caso; no existe un baremo nacional uniforme para todos los asuntos penales. Un tribunal puede celebrar una audiencia a puerta cerrada para proteger la intimidad, la moral pública o la seguridad nacional. La responsabilidad penal depende de la edad. Los menores de nueve años carecen de responsabilidad penal. Los menores de nueve a menos de quince años pueden quedar sujetos a medidas judiciales especiales en vez de sanciones para adultos y deben permanecer separados de estos. Las personas de quince a menos de dieciocho años están, por lo general, sujetas al código y al procedimiento ordinarios con atenuantes; no se ejecuta una pena de muerte por un delito cometido antes de cumplir dieciocho años. Los delitos viales pueden estar sujetos a la Proclamación sobre Transporte por Carretera n.º 1274/2022 y al Reglamento de Control del Tráfico del Transporte por Carretera n.º 557/2024, en materia de licencias, control del tráfico y conducción peligrosa o delitos con resultado de lesiones. Las autoridades de transporte, la policía y los tribunales pueden compartir competencias, y la responsabilidad penal conforme al Código Penal puede concurrir con las normas viales. Las tasas de expedición de licencias y otros cargos por servicios son distintos de las sanciones penales. Los delitos digitales previstos en la Proclamación n.º 958/2016 incluyen el acceso o uso no autorizados, la interferencia con sistemas o datos, los contenidos ilícitos y el material de abuso sexual infantil. El delito y la pena concretos dependen de la conducta y de la fecha; la colaboración de proveedores de telecomunicaciones o datos puede apoyar una investigación. En algunas situaciones, los mecanismos consuetudinarios o religiosos de resolución pueden facilitar el acceso o la conciliación, pero no sustituyen automáticamente la acción penal pública. Las querellas privadas y la conciliación solo producen efectos jurídicos cuando se cumplen los requisitos aplicables. Antes de confiar en un procedimiento o plazo, deben comprobarse las diferencias entre los niveles federal y regional, el idioma, la comunicación, la competencia del tribunal y la fecha de la conducta presuntamente delictiva.