Derecho civil en Guinea-Bisáu

La Constitución protege la igualdad ante la ley, la igualdad de derechos de mujeres y hombres y la igualdad de derechos de los niños, independientemente del estado civil de sus padres. Las personas físicas y jurídicas tienen capacidad jurídica civil, y la mayoría de edad comienza generalmente a los 18 años, conforme a la Ley 5/76. En general, las personas extranjeras y apátridas residentes gozan de derechos y deberes civiles sobre la base de la reciprocidad, sujetos a restricciones relativas a los derechos políticos y a determinados derechos públicos. El estado civil se inscribe a través de la Dirección de Identificación Civil, Registros y Notariado y de las oficinas registrales y notariales correspondientes. Por lo general, los nacimientos deben inscribirse en un plazo de 30 días; la inscripción es gratuita hasta que el niño cumple siete años. En general, una defunción debe notificarse en un plazo de 24 horas; el certificado de defunción suele expedirse en unos tres días y se utiliza para el entierro, la sucesión y algunos trámites de asistencia social. Puede ser necesario presentar un certificado de matrimonio para las transmisiones de tierras y para obtener crédito bancario. El Código Civil regula las obligaciones, los contratos, el incumplimiento contractual y los daños y perjuicios. Las pruebas escritas o notariales suelen ser valiosas en la práctica, aunque la valoración jurídica dependa del tipo de transacción. El arrendamiento urbano se rige principalmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos (Lei do Inquilinato), y el Código Civil se aplica con carácter supletorio; los arrendamientos rurales se basan más directamente en el Código Civil. Las operaciones societarias y comerciales pueden estar sujetas a las normas de la OHADA, en lugar de seguir una vía exclusivamente civil. La tierra es propiedad del Estado y patrimonio común de la nación, por lo que no es posible tener propiedad privada sobre el suelo como tal. Las personas y organizaciones pueden tener derechos sobre edificios y otras mejoras, y pueden obtener derechos de uso de la tierra mediante el uso consuetudinario o una concesión. Las comunidades, el Gobierno (Governo), los municipios (Municípios), las comisiones de tierras (Comissões Fundiárias), los servicios catastrales y registrales (Serviços Cadastrais e de Registo) y el Servicio Nacional de Geografía y Catastro (Serviço Nacional de Geografia e Cadastro) pueden tener distintas responsabilidades. El uso consuetudinario de la tierra puede estar protegido sin contrato escrito ni inscripción registral. Las transmisiones dentro de una comunidad local pueden regirse por las costumbres locales, incluida la herencia; las transmisiones a personas ajenas requieren la aprobación estatal o comunitaria pertinente y una concesión. Los municipios tramitan las concesiones urbanas de superficie, mientras que las concesiones rurales corresponden al servicio catastral nacional. El derecho de familia combina la Ley de Familia 10/92, el Código Civil y varias leyes posteriores a la independencia. Por lo general, el matrimonio civil requiere tener 18 años, o 16 con el consentimiento de los padres o del tutor, y es obligatorio inscribirlo. Una unión de hecho o un matrimonio no formalizado (união de facto o casamento não formalizado) puede recibir reconocimiento judicial después de al menos tres años y, a partir de entonces, producir efectos comparables a los del matrimonio, incluidos efectos retroactivos. El divorcio puede tramitarse de mutuo acuerdo o mediante un procedimiento contencioso. Las normas formales también abarcan la filiación, la responsabilidad parental, la custodia y la adopción, pero los conflictos entre uniones formales, consuetudinarias y religiosas pueden afectar al resultado práctico. La sucesión se rige por el Libro V del Código Civil y por principios constitucionales. En la práctica, el certificado de defunción suele ser un requisito previo para administrar una herencia. El estado formal del matrimonio y de la filiación puede influir en la sucesión, mientras que los derechos consuetudinarios de uso de la tierra pueden transmitirse por herencia conforme a la práctica local. Los testamentos, las normas sobre legítima y las transmisiones hereditarias están sujetos a requisitos jurídicos formales, pero los costes y plazos actuales no se publican de forma fiable en todo el país y varían. El Código Civil reconoce la responsabilidad contractual y extracontractual. Los organismos públicos pueden incurrir en responsabilidad civil por vulneraciones de derechos o daños causados en el ejercicio de funciones oficiales; la legislación sobre tierras también contempla la responsabilidad por daños causados mediante el uso de la tierra. El importe de la indemnización y cualquier plazo de prescripción dependen de los hechos y del procedimiento aplicable. El Código de Procedimiento Civil y las leyes complementarias regulan las demandas civiles. Los tribunales regionales tienen jurisdicción general, el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal y Bissau cuenta con tribunales civiles, de familia y de menores, así como con funciones de ejecución civil. Los tribunales sectoriales ofrecen procedimientos más sencillos y tienen jurisdicción civil y penal limitada. El acceso formal a los tribunales no es igual de fiable en todas las regiones, y en varias zonas no hay un tribunal al que se pueda acceder de manera constante. Una sentencia obliga a organismos públicos y privados, pero su ejecución puede verse afectada por las tasas judiciales, la falta de personal, las infraestructuras y otras limitaciones de recursos. Los procedimientos de la OHADA pueden facilitar la recuperación simplificada de deudas y la ejecución en asuntos principalmente comerciales. La Constitución y la Ley Orgánica protegen el acceso a la justicia con independencia de los medios económicos. Puede concederse asistencia jurídica para un caso concreto y viable cuando quien la solicita tiene un interés personal y demuestra que carece de recursos económicos. Por lo general, la solicitud puede presentarse ante cualquier jurisdicción y en distintas fases procesales. La Orden de Abogados de Guinea-Bisáu (OAGB) ofrece vías de asistencia jurídica o servicios pro bono, mientras que los centros CAJ vinculados al Ministerio de Justicia brindan información jurídica, mediación, derivaciones y asistencia jurídica. UNICEF informó de la existencia de siete centros CAJ en 2025, incluidos centros en Bissau, Cacheu, Oio, Quinara, Bafatá y Gabú; un informe de la ONU registró casi 27.000 personas beneficiarias en 2024. Los casos con asistencia pueden quedar exentos de tasas judiciales. Los líderes consuetudinarios y los mecanismos comunitarios siguen siendo importantes, en especial para los conflictos sobre tierras, familia y sucesiones. Su efecto práctico y jurídico depende del asunto: las prácticas consuetudinarias de uso de la tierra cuentan con protección jurídica expresa en algunos contextos, pero una decisión consuetudinaria no equivale automáticamente a una sentencia judicial. Si la mediación fracasa o se necesita una decisión jurídicamente ejecutable, el conflicto puede pasar de la mediación del CAJ o de un proceso comunitario a un tribunal formal. Los asuntos de consumo, laborales y penales pertenecen principalmente a otras áreas del derecho, aunque pueden solaparse con reclamaciones civiles.