Relaciones románticas en Guinea-Bisáu

El matrimonio civil se registra en la oficina del registro civil (Conservatória dos Registos Civis), dependiente del Ministerio de Justicia (Ministério da Justiça). También existen matrimonios tradicionales y relaciones informales, cuya protección formal puede ser más débil en asuntos de herencia, custodia y separación. Los sistemas formales y tradicionales coexisten, por lo que no siempre está claro qué autoridad debe acreditar o hacer cumplir los derechos. El matrimonio se basa legalmente en el consentimiento mutuo. Sin embargo, las normas de edad no están documentadas de forma coherente: UNICEF indica que la edad mínima es de 16 años para las niñas y 18 para los niños, mientras que un análisis de la práctica judicial señala 16, 17 o 18, según los documentos y la interpretación. La mayoría de edad legal comienza a los 18. La oficina del registro civil correspondiente o un centro de asistencia jurídica debería confirmar la norma aplicable antes de celebrar el matrimonio. Según MICS6, el 26 % de las mujeres de 20 a 24 años ya se había casado o unido antes de cumplir 18 años. El matrimonio precoz y forzado son riesgos documentados, especialmente entre personas con menos educación, en zonas rurales y en las regiones de Bafatá y Gabú. La presión familiar o comunitaria, una diferencia de edad considerable, el abandono escolar y la poligamia pueden menoscabar la autodeterminación y la planificación de la vida futura. Según la Ley de Familia n.º 10/92 (Lei da Família No. 10/92) y sobre la base del Código Civil de 1966, los cónyuges tienen deberes como fidelidad, convivencia, apoyo mutuo, manutención y contribución a los gastos del hogar. La Constitución garantiza la igualdad entre cónyuges; por tanto, las normas antiguas que describen al marido como cabeza del hogar o prescriben una residencia no deben entenderse como reglas actuales de igualdad. MICS 2014 informó de que el 44 % de las mujeres casadas vivía en hogares polígamos; en los datos facilitados no hay una cifra nacional comparativa más reciente. Las relaciones sexuales consentidas, la anticoncepción y el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para VIH, ITS y adolescentes también forman parte de la vida cotidiana de las relaciones. El sistema sanitario y UNFPA apoyan servicios pertinentes, pero su disponibilidad regional y sus costes no están documentados de forma coherente. La Ley de Violencia Doméstica n.º 6/2014 prohíbe la violencia física, sexual, psicológica, que priva de libertad y económica dentro de la familia o la relación. La protección se aplica con independencia del género, la edad, el origen, la discapacidad o la orientación sexual. En caso de violencia, se puede contactar con la policía o la Policía de Orden Público (POP); puede haber documentación médica y derivación al Ministerio Público (Ministério Público) o a un tribunal. El Instituto de la Mujer y el Niño (Instituto da Mulher e da Criança), el Ministerio de la Mujer, la Familia y la Solidaridad Social, los refugios de AMIC y los siete centros de asistencia jurídica (CAJ) ofrecen protección, información jurídica, mediación o derivación según el caso. Entre 2022 y 2024, los CAJ registraron 7.711 casos, casi la mitad relacionados con mujeres; el Colegio de Abogados de Guinea-Bisáu (OAGB) puede proporcionar representación jurídica gratuita a víctimas acreditadas de violencia de género o doméstica. El matrimonio puede disolverse conforme a la Ley n.º 6/76 (Lei No. 6/76) mediante divorcio de mutuo acuerdo o contencioso. El divorcio se inicia mediante solicitud conjunta o de uno de los cónyuges y lo declara una sentencia judicial; la información judicial indica que el divorcio de mutuo acuerdo exige que el matrimonio haya durado más de dos años. La sentencia pone fin al matrimonio y a los derechos y deberes conyugales, y generalmente disuelve la comunidad de bienes, con sujeción a excepciones legales. Las fuentes primarias consultadas no ofrecen una tarifa ni un plazo de tramitación uniformes y fiables. Según el portal GOV-GB de la oficina del registro civil, el certificado de matrimonio cuesta 1.000 XOF y debería tardar como máximo cinco días laborables; un duplicado cuesta 1.500 XOF. En las zonas rurales, la distancia, los costes y la capacidad limitada pueden dificultar el registro y la aplicación de la ley.