Vivienda en Haití

En Haití, las personas encuentran vivienda a través de propietarios, redes sociales, intermediarios privados, familias de acogida, proyectos de construcción y acuerdos informales. Un alquiler puede ser de una casa, un apartamento o una habitación. Antes de pagar, confirme la identidad del propietario o de quien ofrece el uso del inmueble y su derecho a alquilarlo; compruebe las condiciones del contrato, los comprobantes de pago, el depósito o anticipo, las responsabilidades de reparación, los servicios, las condiciones de cancelación y el estado del inmueble. Compruebe también el agua, el saneamiento, la electricidad, los accesos y la seguridad, además del edificio en sí. Comprar o construir una vivienda requiere comprobaciones adicionales. Un arpenteur, es decir, un agrimensor, puede examinar los límites y las mediciones. Un notaire prepara la escritura notarial. Por lo general, la propiedad formal depende de que el terreno esté medido y de que una escritura notarial inscrita pase por la Direction de la Conservation Foncière y la Direction Générale des Impôts, conocida como DGI. Haití también tiene registros de tierras informales y fragmentados, límites superpuestos, reclamaciones contrapuestas, registros manuales y largos plazos de tramitación. Una estimación histórica del Banco Mundial constató que más del 60 % de las parcelas carecía de título oficial inscrito en 2001 y que menos del 5 % del país tenía cobertura catastral; estas cifras son históricas, no un censo actual. Por ello, antes de comprometer dinero, el comprador debe obtener verificaciones locales del título a través de un notaire, un arpenteur y la DGI. Los proyectos de vivienda pueden incluir a la Unité de construction de logements et de bâtiments publics (UCLBP), que coordina proyectos de vivienda y reconstrucción públicos y privados. Su modelo Sites-and-Services ha incluido títulos de propiedad, fórmulas de alquiler con opción a compra, arrendamientos de terrenos y enfiteusis junto con infraestructura básica, pero el acceso depende del proyecto y de los requisitos para sus beneficiarios. No existe un derecho automático a estas modalidades. El Comité interministériel d’aménagement du territoire (CIAT) contribuye a la política territorial y catastral, mientras que las comunas y mairies gestionan la planificación y la aplicación local con capacidades variables. Los alquileres dependen del inmueble, el lugar y el acuerdo. Puede haber costes adicionales de depósito o anticipo, electricidad, agua, reparaciones, honorarios de agencia, agrimensura, servicios notariales, registro e impuestos. La investigación no establece una lista nacional vigente de precios de alquiler, un depósito uniforme, un estándar mínimo de vivienda, un plazo de preaviso, un procedimiento de desahucio o una vía de resolución de controversias para viviendas privadas. La ley de alquileres de 1947 está documentada históricamente, pero debe comprobarse su aplicación actual en cada caso. El decreto de 2020 sobre arrendamientos para uso profesional concierne a locales comerciales y no se aplica automáticamente a una vivienda privada. Los bancos, las cooperativas y las instituciones de microfinanzas ofrecen vías fragmentadas de financiación de vivienda. El Banque de la République d’Haïti (BRH) supervisa el sistema financiero y SOGEBEL figura en la lista de bancos. No debe suponerse que programas históricos como Kay Pam y 10-10-20 siguen disponibles: hay que comprobar directamente sus condiciones actuales. La falta de títulos claros o las controversias sobre estos, los ingresos irregulares, los fondos propios exigidos y los riesgos de reembolso o ejecución pueden impedir obtener financiación. Para comprar, autoconstruir o reparar una vivienda, evalúe el terreno, la estructura, la exposición a terremotos y ciclones, el riesgo de incendio, el drenaje, el agua y el saneamiento. El Code National du Bâtiment Haïtien (CNBH) 2025, el código nacional haitiano de construcción, proporciona el marco nacional vigente, junto con directrices técnicas para el refuerzo contra terremotos y ciclones. Los permisos y las inspecciones dependen de la comuna y del proyecto, por lo que conviene confirmar el procedimiento aplicable con la mairie y el Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC). Durante la ocupación, la seguridad de la construcción y del acceso, el agua y el saneamiento, la electricidad, el hacinamiento, la violencia y el riesgo de desplazamiento afectan a la habitabilidad. El alojamiento en casa de familiares o personas de acogida es común, pero puede generar presión económica y social para el hogar anfitrión. El alquiler privado puede ofrecer más intimidad y acceso a servicios que el alojamiento en un sitio, aunque con menos seguridad de permanencia. Los hogares desplazados pueden recurrir a familias de acogida, alquileres privados, asentamientos espontáneos, ayudas para el alquiler o apoyo para el transporte y el alojamiento con familias. La ronda 13 de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento de la OIM, basada en datos recogidos entre marzo y mayo de 2026, registró 1.466.862 desplazados internos: el 84 % vivía fuera de los sitios, sobre todo con familias de acogida o en alquileres, y el 16 % vivía en sitios, incluidos 262 asentamientos espontáneos. La ronda registró un 21 % de desplazados en la capital y un 79 % en las provincias; el 69 % de las personas desplazadas en la capital estaba en sitios, mientras que el 98 % en las provincias vivía fuera de ellos. La vivienda fue identificada como necesidad prioritaria para el 38 %. El acceso a la ayuda depende del programa, la financiación, las circunstancias del desplazamiento y la vulnerabilidad; no constituye un derecho general a la vivienda. La misma ronda registró 165.937 personas retornadas que habían estado desplazadas internamente. Una mudanza, un retorno, una reubicación, la finalización de un alquiler, una reparación o una reconstrucción deben evaluarse según la seguridad actual, los derechos de propiedad o de ocupación, la asequibilidad del alquiler, el estado del edificio y el acceso a servicios. El retorno no es automáticamente seguro ni permanente. Haití no cuenta con un único procedimiento nacional de salida o reubicación; los conflictos pueden requerir asesoramiento jurídico local, un notaire o el tribunal competente.