Delincuencia en Kiribati

El material de planificación a largo plazo de Kiribati identifica las infracciones relacionadas con el alcohol como la categoría más común de delitos comunes, con alrededor del 30 % de los delitos comunes registrados. La violencia, los delitos sexuales y la violencia doméstica también son preocupaciones importantes. La violencia doméstica es un delito independiente en virtud de la Ley Te Rau N Te Mwenga de 2014, también denominada Ley de Paz Familiar. Abarca el abuso físico, sexual, verbal, emocional, psicológico y económico, así como el acoso por teléfono, mensajes de texto u otros medios electrónicos. La violación es un delito penal que puede conllevar una pena máxima de cadena perpetua. La infradenuncia sigue siendo motivo de preocupación por el estigma, los tabúes y la presión para resolver incidentes mediante la reconciliación familiar o comunitaria. Una encuesta de 2010 indicó que el 68 % de las mujeres de entre 15 y 49 años que habían tenido pareja declararon haber sufrido violencia física o sexual por parte de una pareja en algún momento de su vida, pero no es una cifra actual de prevalencia nacional. El Servicio de Policía de Kiribati (KPS) es el servicio policial civil nacional. Se ocupa del orden público, la prevención y detección de delitos y la protección de personas y bienes. Sus funciones incluyen la investigación penal, la policía comunitaria, la policía de tráfico y marítima, la inteligencia financiera y nacional, la delincuencia transnacional, los antecedentes penales y las huellas dactilares, los delitos informáticos y la atención de casos de violencia doméstica y delitos sexuales. La Unidad de Violencia Doméstica, Protección Infantil y Delitos Sexuales coordina los casos de violencia de género. El KPS también realiza labores de policía comunitaria y campañas de sensibilización pública, incluido el trabajo relacionado con Strengthening Peaceful Villages. Ante una amenaza inmediata, llama al KPS al 188. Los contactos actuales para asuntos no urgentes incluyen +686 75126188, +686 75126190 y +686 74026187. La sede del KPS está en Takoronga, Betio, y hay comisarías en lugares como Betio, Bairiki, Bikenibeu y Bonriki. El sitio web de la policía no siempre está disponible, por lo que una llamada telefónica o una visita directa a una comisaría suele ser una vía más fiable. Algunos documentos antiguos del Gobierno o de gestión de desastres indican el 192 o el 992 para la policía, pero la información actual del KPS da prioridad al 188. Al denunciar, pide un informe policial, solicita interpretación al inglés si la necesitas y conserva ropa, mensajes, dispositivos electrónicos y otras posibles pruebas. La evidencia forense puede perderse rápidamente. No se ha identificado una tasa estándar confirmada para presentar una denuncia penal. Una persona que sufra violencia doméstica puede solicitar una orden policial de protección cuando la policía tenga motivos razonables para creer que se necesita protección. Entra en vigor de inmediato y puede durar hasta 14 días. Su incumplimiento puede dar lugar a detención, y por lo general el asunto debe llegar al Tribunal de Magistrados en un plazo de 24 horas. El tribunal puede emitir ese mismo día una orden de protección de emergencia de hasta 28 días, una orden de protección temporal de hasta 90 días o una orden de protección definitiva sin fecha fija de vencimiento. La solicitud puede contar con el apoyo de la persona afectada, un familiar, tutor o amigo, un trabajador de bienestar social, consejero, trabajador comunitario o de una organización de mujeres, profesional jurídico o sanitario, director de escuela o agente de policía. Puede presentarse oralmente, por escrito, por teléfono, radio, mensaje de texto o correo electrónico. Se puede acudir al Tribunal de Magistrados cercano al domicilio o lugar de trabajo de la persona, o al lugar donde ocurrió el incidente. La ley establece el acceso a información sobre procesos judiciales, asistencia jurídica, apelaciones, refugio, atención médica y asesoramiento. Cuando hay pruebas suficientes, el marco jurídico establece que se inicie un proceso penal, en vez de fijar como objetivo policial la reconciliación o la retirada de cargos. Las víctimas pueden acudir al Centro de Apoyo a Mujeres y Niños de Kiribati (KWCSC), que ofrece asesoramiento gratuito y confidencial, información jurídica, gestión de casos y derivaciones. SafeNet es una red nacional que conecta servicios públicos y no gubernamentales de primera línea. El Ministerio de Salud y Servicios Médicos (MHMS) ofrece una clínica para casos de violencia doméstica y delitos sexuales en el hospital principal de Tarawa. El KPS describe una línea telefónica de atención disponible las 24 horas para violencia sexual y abuso doméstico, pero no se ha verificado un número especial actual distinto de los contactos policiales vigentes. Hay refugios documentados en Tarawa y Kiritimati. La capacidad médica, forense y de refugio es más limitada fuera de los principales centros, por lo que los desplazamientos, las comunicaciones y las derivaciones desde islas periféricas pueden retrasar la asistencia y generar gastos adicionales. La Ley de Delitos Informáticos de 2021 se aplica a la delincuencia digital, que investiga la Unidad de Delitos Informáticos del KPS. Entre los delitos se encuentran el acceso o la interceptación no autorizados, los daños a datos o sistemas, el uso de herramientas delictivas o contraseñas robadas, la falsificación de datos, el material de abuso sexual infantil, la captación de menores, la divulgación no autorizada de información, la difusión de imágenes íntimas y las comunicaciones electrónicas coercitivas, intimidatorias o acosadoras. Se puede conservar evidencia electrónica; la ley contempla registros, incautaciones, recopilación de datos de tráfico e interceptación, con salvaguardias y órdenes judiciales. El contacto de delitos informáticos indicado para cooperación internacional es police.cybercrime@kiribati.gov.ki y +686 74026187. La adhesión de Kiribati al Convenio sobre la Ciberdelincuencia consta para 2026, pero no se han verificado datos actuales de prevalencia nacional ni cifras de casos de delitos digitales. Los niños y jóvenes pueden recibir derivaciones de protección infantil, medidas comunitarias de desvío del proceso penal o participar en conferencias con la policía, los servicios sociales, la familia y líderes consuetudinarios o comunitarios. El marco pertinente incluye la Ley de Bienestar de Niños, Jóvenes y Familias de 2013, la Ley de Justicia Juvenil de 2015 y los procedimientos del KPS para atender a jóvenes. Entre las posibles medidas figuran la supervisión, el servicio comunitario, la educación, la formación profesional y la reintegración. Las cifras disponibles son incompletas: constan 42 casos de menores en el sur de Tarawa entre enero y octubre de 2019, 154 casos juveniles en 2020, 118 jóvenes entre enero y octubre de 2022 y 70 entre enero y noviembre de 2023. La cifra de 2022 incluía muchos casos menores de tráfico y consumo de alcohol por menores, pero estas cifras no pueden tratarse como totales nacionales completos. En la práctica, la delincuencia juvenil está estrechamente relacionada con el alcohol, el tráfico y las circunstancias familiares y comunitarias. Para la seguridad cotidiana, aléjate de una amenaza inmediata, busca un lugar seguro y evita enfrentarte a solas con una persona peligrosa. Tras una agresión sexual, contacta cuanto antes con el KPS y con los servicios médicos o de apoyo a víctimas, y evita acciones que puedan destruir pruebas. Los riesgos de seguridad comunitaria pueden concentrarse más en zonas densamente pobladas como el sur de Tarawa y Betio, mientras que la distancia, el transporte y los recursos limitados afectan al acceso en las islas periféricas. No hay un desglose nacional actual y fiable de delitos que abarque todas las islas, ni evidencia de que exista en todo el país un sistema integral de apoyo a víctimas y refugios que funcione de forma simultánea. Las consultas generales sobre seguridad digital o protección de consumidores quedan fuera de este tema de delincuencia, salvo que se refieran a un posible delito.