Derecho penal en Kiribati

La Constitución es la ley suprema. Las leyes aprobadas por la Maneaba ni Maungatabu, el derecho consuetudinario y el common law y la equidad de Kiribati también configuran el sistema jurídico conforme a la Laws of Kiribati Act 1989. En un proceso penal, el derecho consuetudinario puede ser pertinente para determinar el estado mental, la razonabilidad o una eximente, pero los acuerdos consuetudinarios o comunitarios no sustituyen el proceso penal del Estado ni crean una sanción penal estatal. El Kiribati Police Service investiga delitos, practica detenciones y efectúa registros conforme a las facultades legales aplicables. La Office of the Attorney-General, incluida su Criminal Division, inicia y lleva los procesos penales. Los Magistrates' Courts son tribunales sumarios subordinados que prestan servicio en los distritos y, para asuntos pertinentes, en las aguas territoriales o lagunares adyacentes. El High Court conoce en primera instancia los asuntos penales graves y las apelaciones o revisiones de los Magistrates' Courts. El Court of Appeal conoce apelaciones penales posteriores. El Penal Code abarca delitos como traición, delitos contra el orden público, perjurio, declaraciones falsas, delitos contra la autoridad pública, delitos sexuales, asesinato, homicidio, delitos contra la vida o la salud, hurto, robo, extorsión, falsificación, suplantación de identidad, corrupción y alteración del orden. Las leyes especializadas regulan drogas, violencia doméstica, infracciones de tránsito y ciberdelincuencia. En general, la responsabilidad penal depende de un acto voluntario y de la intención requerida. Entre las cuestiones que pueden plantearse están el accidente, el error de hecho, la demencia, la legítima defensa, la coacción y la participación mediante ayuda, complicidad o instigación. En general, la intoxicación no es una defensa, aunque la intoxicación no consentida y la demencia pueden afectar el análisis. Los niños reciben un trato distinto. Los menores de 10 años no tienen responsabilidad penal. Una persona menor de 14 años solo puede ser responsable si la acusación demuestra que tenía capacidad para saber que el acto u omisión era ilícito. La Juvenile Justice Act 2015 aplica procedimientos juveniles a personas de 14 años hasta antes de cumplir 18. El encarcelamiento o la detención de menores debe ser el último recurso, con separación de los adultos y consideraciones específicas sobre fianza y custodia. El Penal Code también contiene reglas sobre delitos sexuales específicas por edad, incluida la cadena perpetua por violación y por abuso sexual de una niña menor de 13 años, y una pena máxima de cinco años por abuso sexual de una niña de 13 a menos de 15 años. La redacción legal puede ser sexista o anticuada, por lo que hay que comprobar el cargo exacto y las modificaciones vigentes para cada caso. El Criminal Procedure Code prevé órdenes de detención y citaciones. Un magistrado o Justice of the Peace puede emitir una orden de registro, y el material incautado se deposita bajo custodia judicial. Una persona detenida en virtud de una orden debe comparecer ante un tribunal sin demora innecesaria; en la práctica se suele procurar que comparezca ante un magistrado dentro de las 24 horas, aunque el transporte desde islas remotas puede justificar un plazo mayor. Por lo general, la fianza queda a discreción del tribunal, salvo en delitos como asesinato y traición, y puede requerir un fiador o un compromiso de comparecencia. Las condiciones y los depósitos de fianza no deben ser excesivos. La persona acusada tiene derecho a una audiencia justa y en un plazo razonable ante un tribunal independiente e imparcial; a la presunción de inocencia; a conocer detalles suficientes del cargo en un idioma que comprenda; a tener tiempo para preparar la defensa; a contar con representación legal o defenderse personalmente; a interrogar a los testigos; a un intérprete cuando sea necesario; a no ser obligada a declarar; a recurrir y a impugnar la detención ilícita mediante habeas corpus u otros procedimientos judiciales. La Office of Public Legal Services puede proporcionar asistencia jurídica a quienes no puedan pagar un abogado privado. Se prevé el acceso en todo Kiribati, pero los abogados y los intérpretes pueden estar menos disponibles en las islas periféricas. Las copias de expedientes judiciales, los fiadores o depósitos de fianza, las multas, las indemnizaciones y otros gastos judiciales pueden generar costos adicionales. La Evidence Act 2003 regula la competencia de los testigos y las pruebas documentales, incluida la prueba aportada por cónyuges. Las víctimas y los testigos menores pueden participar con las salvaguardias aplicables. La Cybercrime Act añade facultades para investigar delitos y pruebas electrónicas. La jurisdicción en materia de ciberdelincuencia puede abarcar actos cometidos en Kiribati, a bordo de buques o aeronaves registrados y, en casos específicos, por nacionales de Kiribati. La Cybercrime Unit del Police Service es el contacto especializado para la ciberdelincuencia y la cooperación internacional. Los delitos incluyen acceso o interceptación sin autorización, interferencia con datos o sistemas, uso indebido de dispositivos o contraseñas, falsificación o fraude informáticos, delitos de identidad, material de abuso sexual infantil y captación. Entre los ejemplos de penas máximas figuran una multa de hasta $20.000 o hasta 10 años de prisión por interferencia con datos o sistemas, y una multa de hasta $10.000 o hasta siete años de prisión por uso indebido de dispositivos. La Cybersecurity Act 2026 se refiere principalmente a la gobernanza nacional de la ciberseguridad y no sustituye el marco del derecho penal. Los tribunales pueden imponer penas de prisión, multas, penas concurrentes, indemnizaciones, decomisos, compromisos de mantener la paz o de buena conducta, penas diferidas o suspendidas, servicio comunitario, órdenes de residencia y órdenes de supervisión policial. El servicio comunitario conforme a la sección 46 es de aproximadamente 40 a 300 horas. El impago de una multa puede llevar a prisión o a medidas de ejecución sobre bienes. Conforme a la Penal Code Amendment Act 2019, no se puede suspender la pena si se utilizó o intervino un arma. La Te Rau N Te Mwenga Act 2014 tipifica la violencia doméstica y establece mecanismos de protección. La policía puede emitir una orden de seguridad por 14 días; un tribunal puede emitir una orden de emergencia por 30 días, una temporal por 90 días o una definitiva de duración indefinida. Si las pruebas respaldan un caso, pueden existir obligaciones de enjuiciamiento y también puede haber indemnización conforme al Penal Code. Existen SafeNet y otros servicios de apoyo, pero el acceso varía entre islas. La Traffic Act 2017 abarca infracciones de registro y licencias, conducción peligrosa o negligente y casos agravados que causen la muerte o lesiones corporales graves. Entre las infracciones graves de tránsito están causar la muerte o lesiones corporales graves, conducir negligentemente y causar la muerte, conducir a más de 20 kilómetros por hora por encima del límite y conducir por encima del límite de alcohol aplicable. El límite es de al menos 0,05 gramos de alcohol por cada 100 mililitros para conductores particulares y superior a cero para conductores principiantes, conductores de autobús y conductores comerciales. A efectos de conducción, la kava está clasificada como droga. Los tribunales o las autoridades pueden inhabilitar o cancelar una licencia, y los conductores implicados en accidentes tienen el deber de detenerse y notificarlo. Las audiencias penales, la asistencia jurídica, el transporte, la interpretación y la duración de los casos dependen de la isla y el tribunal. Las sesiones itinerantes en las islas periféricas pueden reducir las barreras de desplazamiento, pero siguen sujetas a una capacidad limitada. Un proceso comunitario de reconciliación puede apoyar la seguridad o la reparación, pero no elimina la facultad del Estado para investigar, procesar o imponer una pena penal. Los textos básicos consolidados datan en gran medida de 1977 o 1980, así que hay que comprobar el texto vigente y sus modificaciones para cada caso, especialmente en virtud del Penal Code, la Traffic Act, la Cybercrime Act y la Cybersecurity Act.