Deuda en Kosovo

En Kosovo se utilizan los términos borxh para deuda, borxhli para deudor, kreditor para acreedor, kredi para crédito o préstamo, këst para cuota y vonesë para atraso. Los bancos, las entidades de microfinanzas y otras instituciones financieras no bancarias con licencia evalúan la solvencia antes de conceder un descubierto, una tarjeta de crédito, un préstamo o un arrendamiento financiero. La evaluación utiliza la información del solicitante y, con consentimiento previo por escrito, el Registro de Créditos de Kosovo, llamado Regjistri i Kredive të Kosovës o CRK, y otras bases de datos de deuda. Los prestamistas deben considerar las deudas existentes, los ingresos, el presupuesto familiar y un nivel de vida mínimo. El contrato de crédito debe facilitarse por escrito o en otro soporte duradero, junto con una copia para cada parte, la oferta, el resumen requerido, el calendario de pagos y las notificaciones. La información de crédito al consumo incluye la tasa de interés efectiva y otros costes contractuales. El Banco Central de la República de Kosovo, conocido como BQK, ofrece una plataforma de comparación de tipos de interés y tasas de proveedores regulados. Por lo general, una persona avalista o cotitular del préstamo asume, conforme al acuerdo, la misma exposición de pago y las obligaciones relacionadas que la persona prestataria. El coste total puede incluir capital, intereses, comisiones contractuales y costes de garantías o avales. Las fuentes de Kosovo disponibles no acreditan un límite máximo general de deuda para prestatarios particulares. En 2024, los préstamos bancarios a hogares sumaron aproximadamente EUR 2.336 millones, mientras que los préstamos a hogares de instituciones microfinancieras fueron de unos EUR 264.7 millones y crecieron un 20.1% durante el año. El CRK registra información positiva y negativa, préstamos vigentes, historial de pagos, exposición de personas relacionadas, atrasos y garantías. Una persona física puede solicitar gratis un informe del CRK al año a través de eKosova o del portal en línea, en una sucursal bancaria o en el BQK; los informes adicionales cuestan EUR 3. Una solicitud al BQK debe recibir respuesta en un máximo de cinco días hábiles. El crédito reembolsado puede seguir apareciendo durante al menos cinco años, mientras que un saldo eliminado puede permanecer visible durante siete años conforme a la norma vigente del CRK. Si el informe contiene un error, hay que ponerse primero en contacto por escrito con la institución informante, que debe responder en un plazo de cinco días. Si la respuesta no resuelve el asunto, la persona prestataria puede dirigirse a la División de Quejas y Usuarios de Servicios Financieros del BQK, que decide en diez días laborables conforme al procedimiento indicado. Cuando una cuota se atrasa, la persona prestataria debe escribir inmediatamente al prestamista y solicitar un estado de cuenta, el desglose de los atrasos y una propuesta de reembolso o reestructuración. La reestructuración de un préstamo, ristrukturim i kredisë, suele negociarse con el prestamista; no se ha acreditado un derecho general de las personas consumidoras a la reestructuración. La mediación, ndërmjetësim, es voluntaria conforme a la Ley n.º 06/L-009 y puede resolver disputas de contratos de crédito como el aplazamiento de pagos, los intereses ilícitos y los avales bancarios. Las partes eligen la solución, y un acuerdo que reciba la confirmación o la forma de ejecución exigida legalmente puede llegar a ser ejecutable. Las tasas de mediación se rigen por la Instrucción Administrativa n.º 04/2021 del Ministerio de Justicia. Por lo general, la primera opción práctica es el canal interno de quejas de la entidad financiera, seguido del BQK. En 2024, el BQK registró 927 quejas en total: 537 sobre bancos, 37 sobre instituciones microfinancieras y 31 sobre instituciones financieras no bancarias. El Departamento de Protección al Consumidor del Ministerio de Comercio, Industria, Emprendimiento y Empresa también puede atender quejas generales de consumo; el procedimiento indicado establece un plazo máximo de dos meses para resolverlas. La ejecución se rige por la Ley n.º 04/L-139 de Procedimiento de Ejecución, modificada por las Leyes n.º 05/L-118 y n.º 08/L-102. El acreedor presenta una solicitud de ejecución y la documentación justificativa mediante el tribunal competente o el procedimiento de ejecución privada. Los tribunales básicos, el Ministerio de Justicia, la Cámara de Agentes de Ejecución Privada y los agentes de ejecución privados tramitan los procedimientos pertinentes. La ejecución puede afectar cuentas bancarias, ingresos, bienes muebles o bienes inmuebles conforme al título ejecutivo. Por lo general, se puede ejecutar hasta la mitad de los ingresos personales o las remuneraciones. El embargo se limita a la parte que exceda la cuantía máxima de asistencia social, y la pensión está protegida hasta el salario mínimo. Los ingresos de los paquetes de emergencia no están sujetos a embargo. Si se retiene un excedente excesivo procedente de un inmueble, el acreedor puede tener que devolverlo dentro de los 30 días conforme a las condiciones legales. Las tasas se rigen por la Instrucción Administrativa n.º 01/2022 del Ministerio de Justicia, modificada por la n.º 12/2023, y dependen de la medida y el valor, además de los gastos reales, administrativos y judiciales. Los documentos de ejecución y los plazos para recurrir deben comprobarse sin demora. La Agencia de Asistencia Jurídica Gratuita, ANJF, tiene siete oficinas regionales y catorce oficinas móviles, y puede ofrecer información jurídica, ayuda con documentos y representación a quienes cumplan los criterios económicos y jurídicos de elegibilidad. Las fuentes disponibles no acreditan en Kosovo un equivalente directo de un procedimiento legal de insolvencia para consumidores, una oficina general de liquidación de deudas o la condonación automática de las deudas de particulares. Las alternativas funcionales identificadas son negociar con el prestamista, recurrir a la mediación voluntaria, utilizar recursos judiciales, acogerse a las protecciones legales de ingresos o pensiones y solicitar asistencia jurídica gratuita si se cumplen los requisitos. La quiebra empresarial es distinta: la Ley vigente n.º 08/L-256 de Quiebra, publicada el 6 de agosto de 2024, establece un marco judicial para personas jurídicas, con procedimientos de reorganización, liquidación, administración concursal, supervisión y reclamaciones de acreedores. Derogó la Ley n.º 05/L-083, y las normas complementarias del Ministerio de Justicia emitidas en 2025 y 2026 regulan la concesión de licencias, la presentación de informes, la disciplina y las tasas para administradores. No se ha demostrado que este procedimiento empresarial permita una condonación general de deuda para personas físicas. La deuda estatal es otro asunto separado regulado por la Ley n.º 08/L-099 de Deuda Pública y Garantías Estatales; el Ministerio de Finanzas, Trabajo y Transferencias gestiona la deuda estatal, las garantías, los valores y el marco de deuda municipal. El límite de la deuda estatal total, incluidas las garantías, es el 40% del PIB, y la deuda estatal total declarada fue de aproximadamente EUR 1.6987 millones, o el 16.1% del PIB, en 2024. Este marco de finanzas públicas no ofrece una solución a una persona deudora privada.