Deuda en Laos

Un crédito o préstamo proporciona al prestatario dinero u otro beneficio financiero que debe devolver en las condiciones acordadas. En Laos, el término local ໜີ້ສິນ significa «deuda», mientras que ສິນເຊື່ອ se refiere al crédito o a un préstamo. Los proveedores formales evalúan la identidad, los ingresos o el flujo de caja, las garantías, un avalista y el historial crediticio. La Compañía Lao de Información Crediticia ayuda a los prestamistas a evaluar el riesgo. El acceso puede ser difícil para los hogares rurales y las pequeñas empresas con ingresos irregulares, registros limitados, actividades informales o falta de garantías aceptables. Entre los productos formales disponibles figuran los préstamos bancarios y de microfinanzas, el crédito para microempresas y pequeñas empresas, el arrendamiento financiero, los préstamos de casas de empeño y algunos préstamos de ámbito aldeano. Las instituciones de microfinanzas, llamadas a menudo IMF, pueden aceptar depósitos o conceder solo créditos. Los Fondos de Ahorro de las Aldeas son sistemas comunitarios cuya capacidad de préstamo depende de sus miembros y del capital disponible. No son un servicio estatal de alivio de la deuda. En un ejemplo documentado de Tha Moung se aplicaba interés compuesto del 1 % a los préstamos para salud y educación y del 2 % a los préstamos empresariales sin garantía; son tasas de ese fondo, no un baremo nacional. Los préstamos de familiares, empleadores o comerciantes, el trabajo adicional, la venta de activos y el uso de ahorros son formas principalmente informales de cubrir un déficit. El contrato determina el principal, el interés acordado, las comisiones, las fechas de pago, el vencimiento y otras obligaciones. El prestatario debe comprobar los cargos oficiales, de servicio, representación y otros, el calendario de cuotas, la moneda y el total a pagar. Endeudarse en moneda extranjera genera riesgo cambiario: si el kip pierde valor, la devolución resulta más cara en moneda lao. Un ejemplo de un programa LAFF abarcaba de LAK 2.000.000 a LAK 500.000.000, con interés según el mercado, un plazo medio de al menos 18 meses y un período de gracia de aproximadamente un tercio del plazo. Estas cifras no se aplican automáticamente a todos los préstamos personales o empresariales. El Decreto 225/GOV sobre protección de los consumidores financieros exige transparencia, atención a la idoneidad y la capacidad de pago, y la divulgación de un procedimiento de reclamaciones y datos de contacto. Conserva el contrato firmado, los recibos de pago, los extractos y las comunicaciones con el proveedor. Si tienes dificultades para pagar, contacta pronto con el prestamista y solicita un acuerdo voluntario de reprogramación o refinanciación. Cada proveedor decide estos acuerdos caso por caso, y no se ha documentado en Laos un sistema nacional de reestructuración familiar con varios acreedores, una suspensión automática de las ejecuciones ni un procedimiento general de segunda oportunidad. Por lo general, una reclamación empieza con el mecanismo interno del proveedor. Si no se resuelve, puede presentarse ante el Banco de Laos. Según el asunto, existen otras opciones de resolución de conflictos, como la mediación o el arbitraje a través de CEDR/OEDR y una demanda ante un Tribunal Popular. El proveedor debe registrar y responder a las quejas sin demora, y el consumidor puede solicitar indemnización conforme a la Ley de Protección del Consumidor si se han vulnerado sus derechos o intereses. La garantía puede consistir en una prenda, una hipoteca o un aval de una persona o entidad jurídica. La hipoteca de un bien inmueble debe constar por escrito y registrarse. El registro de garantías mobiliarias funciona en todo el país bajo el Ministerio de Finanzas conforme a la Ley 06/NA y el Decreto 178/PM. En caso de impago, el acreedor puede vender o subastar la garantía para recuperar los intereses y otras obligaciones. El excedente pertenece al deudor, pero cualquier déficit sigue siendo exigible. La responsabilidad del avalista depende del contrato de garantía; por lo general, el acreedor reclama primero al deudor principal. En un procedimiento civil, la reclamación de la deuda y la mediación pueden preceder a una demanda comercial; el tribunal puede solicitar estados financieros y embargar o poner activos bajo custodia. Los plazos y costes dependen del caso y del tribunal. El Código Civil está en vigor desde el 27 de mayo de 2020. La Ley de Rehabilitación y Quiebra de Empresas 75/NA, de 26 de diciembre de 2019, abarca empresas individuales, sociedades, compañías limitadas y públicas, empresas estatales y cooperativas. No se ha documentado un procedimiento de quiebra personal separado para consumidores particulares ordinarios. En el caso de una empresa cubierta, la petición de un acreedor suele requerir una deuda de al menos LAK 10.000.000, tres notificaciones de requerimiento reconocidas y un mínimo de 20 días entre ellas si la deuda sigue impagada. La rehabilitación requiere el acuerdo de los acreedores y la intervención judicial. La Agencia de Ejecución de Sentencias se encarga de la liquidación. El orden de prioridad indicado es salarios, préstamos de rehabilitación, deuda garantizada, deuda estatal y deuda no garantizada. Los propietarios de empresas individuales y los socios colectivos pueden convertirse en personas declaradas en quiebra. Puede solicitarse la condonación de deudas tras el pago total o la plena cooperación durante tres años, mientras que una objeción del acreedor puede suspender el proceso hasta cinco años. Las personas pobres pueden solicitar asistencia jurídica del Ministerio de Justicia si carecen de ingresos o perciben menos del salario mínimo, no tienen bienes, tienen derechos en disputa o se encuentran en un proceso judicial. Los documentos habituales incluyen una solicitud, un certificado de residencia y situación económica, el registro familiar y un documento de identidad. La información disponible del Ministerio de Justicia no establece tasas ni plazos de tramitación uniformes. Se describe que los litigios de insolvencia convencionales son largos y costosos; Laos cuenta con jueces formados y 28 administradores de insolvencia. En la evaluación citada no se habían comunicado oficialmente casos judiciales de reorganización, liquidación o quiebra. La deuda pública, ໜີ້ສິນສາທາລະນະ, corresponde al Estado y no se convierte automáticamente en deuda personal de los hogares. Las cifras preliminares del Ministerio de Finanzas para 2024 situaron la deuda pública y con garantía pública en USD 14.069 millones, el 94 % del PIB. El mismo material indicó una deuda externa con garantía pública de USD 12.674 millones; deuda pública de USD 12.136 millones, o el 81 % del PIB; deuda pública externa de USD 10.741 millones, o el 72 % del PIB; deuda pública interna de USD 1.395 millones, o el 9 % del PIB; y deuda garantizada de USD 1.933 millones, o el 13 % del PIB. China era el mayor acreedor bilateral externo. El interés diferido estimado entre 2020 y 2024 ascendía a unos USD 470 millones, lo que da lugar a otra presentación del saldo externo de aproximadamente USD 11.210 millones. Las estimaciones del FMI de 2025 situaron la deuda total en el 179,4 % del PIB, la deuda con garantía pública en el 80,6 % y la deuda privada en el 98,9 %. Estas cifras utilizan coberturas y métodos de estimación distintos y no deben combinarse en un único total. Una deuda pública y privada elevada puede aumentar los riesgos cambiarios, inflacionarios, de refinanciación y de desplazamiento del crédito para los hogares y las pequeñas empresas; se trata de una inferencia económica, no de una afirmación de que la deuda pública sea individualmente suya. Un decreto de gestión de deuda de agosto de 2025 asignó al Ministerio de Finanzas la estrategia central, el seguimiento y la divulgación. Los bancos, las empresas estatales y los organismos presentan informes periódicos, mientras que el ministerio mantiene una base de datos de deuda y publica un Boletín Anual de Deuda y un panel trimestral conforme a una estrategia de gestión de deuda a medio plazo de cinco años. Siguen existiendo lagunas de información sobre la definición exacta de deuda usada en algunos informes, la publicación de la estrategia, un informe anual a la Asamblea Nacional y pruebas de auditoría independiente.