Deuda en Lesoto

En Lesoto, una persona, empresa u organismo público contrae una deuda cuando recibe dinero, bienes o servicios y debe devolver dinero o cumplir otra obligación más adelante. La persona deudora debe cumplir la obligación y el acreedor puede reclamar el pago conforme al acuerdo o a la ley aplicable. La deuda puede estar garantizada con una garantía real o no estar garantizada. La deuda pública financia al Estado y es distinta de la deuda privada de hogares o empresas. El Departamento de Gestión de Deuda y Ayuda del Ministerio de Finanzas se ocupa de los acuerdos de préstamo del Gobierno, el servicio de la deuda, la financiación del déficit, los préstamos en cascada y el análisis de deuda. El presupuesto de Lesoto de enero de 2025 cifró la deuda total del Gobierno en M23.100 millones: M19.300 millones, o el 83 %, eran deuda externa, y M3.800 millones, o el 17 %, deuda interna. Las cifras del FMI para el ejercicio 2024/25 situaban la deuda pública bruta en alrededor del 56,8 % del PIB, mientras que una declaración de una misión del FMI indicó un 56,6 %. El FMI evaluó como moderado el riesgo de dificultades de la deuda externa y general, y describió al país como limitado en su capacidad para absorber perturbaciones. Los atrasos internos, los pasivos contingentes y los riesgos de empresas estatales y garantías gubernamentales pueden aumentar la presión más allá del monto registrado. El Gobierno anunció un ancla fiscal del 60 % del PIB, pero, según la Evaluación de la Gestión de la Inversión Pública del FMI de 2026, Lesoto no tenía reglas fiscales numéricas permanentes en la ley. El FMI recomendó un objetivo a medio plazo del 50 % del PIB. Desde el ejercicio 2022/23 se publican informes trimestrales de transparencia de la deuda pública, normalmente con un retraso de tres a seis meses. El proceso de endeudamiento público suele pasar de un plan de préstamos a un acuerdo de financiación del Ministerio y luego al servicio de la deuda o al pago de atrasos. Se da prioridad al endeudamiento en condiciones concesionarias. Los bonos del Tesoro y otros instrumentos de endeudamiento público financian al Estado y no son programas privados de alivio de deuda. El crédito privado se ofrece mediante bancos comerciales, instituciones de microfinanzas autorizadas, incluidas las que solo conceden créditos y las que aceptan depósitos, grandes cooperativas financieras y SACCO, prestamistas, entidades de arrendamiento financiero y otros proveedores de servicios financieros regulados. Entre las opciones no formales están las asociaciones de ahorro y préstamo de aldeas, conocidas como VSLA, los grupos rotatorios de ahorro y crédito y los grupos comunitarios de ahorro o crédito. También hay préstamos privados informales. Los proveedores regulados deben contar con la licencia correspondiente y están supervisados por el Banco Central de Lesoto. Por lo general, evalúan la identidad, la capacidad de pago y el historial crediticio, y pueden pedir garantías o una alternativa aceptada. LERIMA es un registro electrónico de garantías mobiliarias —como cultivos, ganado, productos agrícolas y bienes— alojado y administrado por el Banco Central de Lesoto. No se ha verificado un importe mínimo de préstamo, una tasa de interés ni un umbral de asequibilidad uniformes para todos los proveedores. Antes de firmar un contrato de crédito regulado, el proveedor debe entregar información clara, justa y sencilla, una copia de la información contractual y una Hoja de Datos Clave (KFS). La KFS detalla el capital, el costo total del crédito, el monto total pagadero, la duración, la frecuencia de los pagos, las cuotas, la tasa de interés efectiva, las consecuencias de los pagos atrasados o impagados, el proceso interno de reclamación y la posibilidad de apelar ante el Banco Central de Lesoto. El costo total puede incluir gastos de gestión, documentación y valoración de garantías, cargos de la agencia de crédito, seguro de vida crediticio, cargos de mantenimiento y seguros o productos obligatorios. Las normas prohíben las comisiones o intereses no divulgados, los cambios unilaterales, la discriminación y el uso de una tarjeta de cajero automático, pasaporte o documento de identidad como garantía. El proveedor no debe imponer un producto inadecuado o inasequible ni un importe superior al que necesita la persona prestataria. Hay un período de desistimiento de cinco días hábiles y se puede hacer un pago anticipado en cualquier momento. Quien contraiga un préstamo debería revisar el contrato y la KFS, respetar las fechas acordadas, solicitar estados periódicos de cuenta y reaccionar pronto si le cuesta pagar. El proveedor debe avisar con al menos 30 días de antelación antes de modificar las condiciones contractuales. Si es posible, conviene seguir pagando los importes no disputados mientras se tramita una reclamación. No se encontró un derecho legal general verificado a una reestructuración o un plan estándar de pagos; negociar nuevas condiciones con el acreedor sigue siendo una opción práctica y su efecto jurídico depende del acuerdo por escrito. Los pagos atrasados pueden dar lugar a información crediticia adversa. El proveedor debe avisar a la persona prestataria antes de comunicar información adversa. Los datos crediticios deben ser exactos, completos y actualizarse periódicamente; una disputa resuelta no debería volver a comunicarse como información adversa. En general, primero se reclama al proveedor. Si la respuesta no es satisfactoria o no llega en 30 días, se puede acudir a la División de Protección del Consumidor Financiero del Banco Central de Lesoto. La reclamación debe incluir una presentación firmada, la referencia o respuesta del proveedor, el contrato y los estados pertinentes. Las direcciones de contacto publicadas son registry@centralbank.org.ls y complaints@centralbank.org.ls. El informe anual de 2024 del Banco Central registró 258 reclamaciones de consumidores y señaló que el 65 % se resolvió o cerró; las cifras abarcan varios sectores financieros y no solo las reclamaciones de deuda. Antes de ejecutar una deuda, el acreedor debe enviar una notificación escrita de incumplimiento conforme a la Ley de Protección del Consumidor Financiero. El aviso debe indicar el importe vencido e informar del derecho de la persona prestataria a subsanar el incumplimiento. No se ha verificado un plazo universal para hacerlo. La ejecución de garantías mobiliarias depende del acuerdo y de la Ley de Garantías sobre Bienes Muebles. El acreedor también puede solicitar al tribunal la ejecución después de obtener una sentencia. Los derechos de los acreedores garantizados y no garantizados son distintos; los costos y plazos de ejecución dependen del contrato y del proceso judicial. Para una persona física, la liquidación por insolvencia es un proceso judicial previsto en la Proclamación de Insolvencia de 1957. No se han verificado el arancel actual, el umbral necesario, la duración ni el plazo de rehabilitación o cancelación de deudas. No se ha localizado un sistema nacional legal de asesoramiento sobre insolvencia del consumidor o de planes de liquidación. Si una empresa no puede pagar sus deudas, la Ley de Sociedades de 2011 permite la liquidación judicial o la administración judicial. El Registrador, el tribunal, el Master y el liquidador tienen responsabilidades distintas. Después de publicar el aviso de liquidación, los acreedores suelen disponer de 14 días hábiles para notificar una reclamación. Por lo general, el liquidador publica un aviso, una lista y un inventario dentro de 10 días hábiles y presenta un estado de situación o propuestas en 20 días hábiles. Según el procedimiento y los documentos aplicables, un acreedor garantizado puede ejecutar la garantía, demostrar una reclamación garantizada o renunciar a ella y reclamar como acreedor no garantizado. Legal Aid Lesotho puede ayudar a personas con pocos recursos en reclamaciones civiles y contractuales. Su principal punto de atención está en Maseru, y la asistencia en los distritos se programa por separado. No se han verificado los costos actuales de insolvencia, los plazos exactos ni un servicio nacional de asesoramiento sobre deudas. Se ha señalado que los hogares afectados por la pérdida de empleos en el sector minero soportan problemas de deuda, y los informes financieros también mencionan riesgos de calidad de activos y concentración de crédito. No se han verificado las cifras actuales de deuda de los hogares del país, la prevalencia de los atrasos ni las cifras exactas de deuda pública para 2026/27.