Vivienda en Liberia

El censo nacional de población y vivienda de 2022 registró 1,187,272 hogares. En total, el 61.7% declaró ser propietario de su vivienda y el 28.1%, inquilino; la propiedad alcanzó el 47.7% en zonas urbanas y el 78.6% en zonas rurales, mientras que el alquiler representó el 44.7% en zonas urbanas y el 8% en zonas rurales. La vivienda hipotecada o proporcionada por la Autoridad Nacional de Vivienda representó el 0.2%; la vivienda proporcionada por el Gobierno, el 0.5%; la de empresas privadas, el 1.7%; y las viviendas ocupadas ilegalmente, el 3.4%. Las viviendas de una habitación representaron el 36.1% de los hogares, porcentaje que subió al 42.6% en las zonas urbanas, mientras que solo el 18.3% tenía cuatro habitaciones o más. Un arrendamiento es un acuerdo escrito que otorga a una persona la posesión o el uso de una vivienda a cambio de un alquiler periódico. Un arrendamiento útil debe identificar el inmueble, la duración, el alquiler, el método de pago, los servicios públicos, las reparaciones, el uso permitido, el subarriendo y las condiciones de terminación. El propietario debe firmarlo, y ambas partes deben conservar los recibos de pago, las pruebas de propiedad o titularidad y los documentos de comprobación o registro. En el mercado local se utilizan depósitos y alquileres pagados por adelantado, pero no se ha verificado una norma nacional suficientemente fiable sobre depósitos residenciales, aumentos de alquiler, reparaciones, desalojo o plazos de preaviso; por ello, son importantes el contrato escrito y el asesoramiento jurídico específico. La propiedad privada de tierras está limitada a ciudadanos liberianos y a empresas unipersonales, sociedades y sociedades mercantiles de propiedad totalmente liberiana. Las personas no ciudadanas no pueden ser propietarias de tierras privadas, pero pueden obtener posesión o uso mediante un arrendamiento, una concesión u otro derecho legal. Una institución benéfica, educativa o misionera puede acogerse a una excepción vinculada a su finalidad. Las tierras consuetudinarias son de propiedad comunal. Sus miembros tienen iguales derechos de uso y gestión con independencia de la edad, el género, la etnia, la religión o la discapacidad, y la comunidad no puede retirar arbitrariamente una zona residencial. Un Comité Comunitario de Desarrollo y Gestión de Tierras (Community Land Development and Management Committee, CLDMC) aplica las normas y los planes de uso de la tierra de la comunidad; los arrendamientos y las transferencias deben seguir el procedimiento de la Ley de Derechos sobre la Tierra y contar con consentimiento libre, previo e informado. El comprador debe empezar con una búsqueda de escrituras y una verificación ante la Autoridad de Tierras de Liberia (Liberia Land Authority, LLA), recurrir a un agrimensor autorizado con el permiso de agrimensura exigido y comprobar la cadena de titularidad, los impuestos y los límites antes de firmar una escritura. Después, la escritura pasa por el Tribunal de Sucesiones y el registro de la LLA. Una escritura de garantía transfiere la titularidad, mientras que una escritura hipotecaria garantiza la reclamación de un prestamista. Para una compra de tierras consuetudinarias, el proceso también incluye un aviso en periódicos locales, la publicación del aviso en la comunidad afectada, pruebas de la titularidad del vendedor, un recibo de impuestos o un acuerdo tributario por escrito y el registro de la escritura de transferencia. Desde el 1 de enero de 2026 se aplica el formulario estándar de escritura de la LLA; solo se acepta un formulario anterior si se preparó antes de esa fecha y se utilizó antes del 31 de enero de 2026. La LLA debe verificar las escrituras nuevas antes de su legalización. Una segunda venta o un estudio topográfico no verificado, conocido a veces como Kpa kpa survey, entraña un riesgo grave para la propiedad. La LLA puede facilitar búsquedas de escrituras, verificaciones, estudios topográficos de investigación y resolución alternativa de disputas (alternative dispute resolution, ADR). El Tribunal de Sucesiones y los tribunales de circuito se ocupan de asuntos sucesorios, de titularidad y judiciales. Las fuentes primarias disponibles no permiten verificar un tribunal nacional independiente para arrendamientos residenciales. Tampoco se ha documentado una prestación general de vivienda ni un derecho a recibir alojamiento. La Autoridad Nacional de Vivienda (National Housing Authority, NHA) desarrolla políticas de vivienda y programas de vivienda asequible en zonas urbanas y rurales. Su programa de 2025 con la Agencia de la Función Pública ofrecía amortización estructurada para funcionarios que reunieran los requisitos, pero el acceso depende del proyecto y la elegibilidad, y no garantiza que haya una vivienda disponible. Quien construya un edificio público o privado debe obtener un permiso de construcción del Ministerio de Obras Públicas (Ministry of Public Works, MPW) y presentar planos completos a los Servicios Técnicos antes de empezar la obra. La División de Zonificación del MPW revisa los planos y permisos, el cumplimiento de las normas de edificación, incendios y estructuras, las inspecciones y la coordinación con la LLA. Las tasas, los formularios y los plazos de tramitación varían según el condado y el proyecto, y no se ha verificado un único calendario nacional vigente. Las condiciones de vivienda también dependen de los servicios y la calidad de la construcción. En el censo de 2022, el agua entubada o una bomba exterior era la principal fuente de agua potable del 46.7% de los hogares. La eliminación de residuos en el campo representaba cerca del 33% a nivel nacional, alrededor del 58% en las zonas rurales y cerca del 6% en las urbanas. El carbón vegetal aportaba el 52.2% de la energía para cocinar y la leña, el 44.7%; las baterías o luces chinas proporcionaban aproximadamente el 55% de la iluminación. Solo cerca del 21% de las viviendas eran permanentes y los bloques de cemento formaban alrededor del 32% de las paredes exteriores. Estas cifras indican riesgos relativos a los servicios y la habitabilidad, pero por sí solas no establecen la responsabilidad del propietario. El propietario sigue siendo responsable del registro de la tierra, de mantener actualizados los registros, pagar los impuestos territoriales, cumplir las normas de uso de suelo y evitar vender a compradores que no reúnan los requisitos. Las obligaciones del inquilino suelen derivarse del arrendamiento e incluyen pagar el alquiler, utilizar el inmueble según lo acordado, cuidarlo razonablemente y devolverlo en las condiciones pactadas. El acceso a hipotecas es muy limitado, y los trabajadores del sector informal pueden afrontar obstáculos adicionales; se deben consultar directamente las condiciones vigentes de los prestamistas. Al terminar un arrendamiento, registre el estado del inmueble y los pagos, devuelva las llaves, cierre los servicios públicos y actualice los registros de titularidad o sucesión pertinentes. La Ley de Derechos sobre la Tierra permite terminar un arrendamiento por acuerdo mutuo, declaración de inhabitabilidad o procedimiento judicial, mientras que las normas de preaviso residencial ordinario no se han verificado suficientemente. Hay servicios de la LLA, el MPW y la NHA, pero no se dispone de cuadros nacionales vigentes de tasas y plazos de tramitación; los alquileres y costes de construcción varían mucho según la ubicación, el contrato y la moneda.