Entorno cotidiano en Libia

El entorno de Libia se rige por responsabilidades formales, pero la prestación cotidiana está fragmentada. El Ministerio de Medio Ambiente se ocupa de la política ambiental, el control de la contaminación, la protección de las fuentes de agua, las evaluaciones de impacto ambiental, los permisos y las inspecciones. El Ministerio de Gobierno Local y los municipios se encargan de las infraestructuras locales, el saneamiento y los residuos sólidos. La Compañía General de Agua y Aguas Residuales (GCWW, por sus siglas en inglés) es responsable de los servicios formales de suministro de agua y aguas residuales para hogares y otros usuarios. La Compañía General de Electricidad de Libia (GECOL, por sus siglas en inglés) presta el servicio de la red pública eléctrica. La Autoridad Nacional de Planificación Urbana se ocupa de la planificación urbana y regional, mientras que la Alta Comisión Nacional Electoral administra las elecciones municipales. El Centro Libio de Acción contra las Minas y el UNMAS apoyan la retirada de restos explosivos de guerra. El acceso al agua depende en gran medida de la ubicación y las infraestructuras. Más del 90 % del suministro procede de aguas subterráneas no renovables, y el Gran Río Artificial aporta alrededor del 60 % de la demanda de agua dulce. La sobreexplotación reduce los niveles freáticos y agrava la intrusión de agua salada y el estrés hídrico. Las alternativas formales incluyen pozos, plantas desalinizadoras y conexiones de la GCWW; cuando se interrumpe el servicio de red, los hogares y las instituciones también pueden depender de camiones cisterna o agua embotellada. Los indicadores citados de agua, saneamiento e higiene no son intercambiables, pero muestran que los servicios son desiguales: un conjunto indica un 24 % de saneamiento gestionado de forma segura y un 68 % de saneamiento básico, mientras que otro informa de un 92 % con al menos un servicio básico y un 7 % con un servicio limitado. La Estrategia Nacional de Agua y Saneamiento hasta 2050 se adoptó políticamente en 2026 e incluye el objetivo de reducir las pérdidas de la red por debajo del 25 %, pero la aplicación y el acceso siguen siendo desiguales en todo el país. Los cortes de electricidad son frecuentes y pueden reducir la fiabilidad del suministro de agua, ya que las bombas, las instalaciones de tratamiento y los sistemas privados de almacenamiento dependen de la electricidad. GECOL es la entidad formal responsable de la red pública, y se pueden comunicar los cortes al 1418. Las pruebas disponibles no establecen una tasa nacional fiable de cortes. Las bombas y los sistemas de tratamiento solares aportan resiliencia local, pero no sustituyen de manera uniforme a la red eléctrica pública nacional. En 2025, los sistemas adaptados al cambio climático llegaron a unas 642.600 personas; se instalaron o apoyaron 40 sistemas solares de bombeo o tratamiento, y el 58 % de los beneficiarios recibió servicio a través de sistemas de energía renovable. Las inundaciones y los daños a las infraestructuras han cambiado las condiciones locales. La tormenta Daniel de 2023 afectó a unas 1,5 millones de personas, dañó 205 instalaciones de agua y aguas residuales y causó daños por aproximadamente 186 millones de USD. Las necesidades de reconstrucción se estimaron en unos 1.800 millones de USD. En Zliten, las inundaciones subterráneas se han relacionado con fugas en las infraestructuras, sistemas sépticos, redes débiles de drenaje y alcantarillado, y presión sobre los acuíferos costeros. En general, las regiones orientales y meridionales tienen sistemas de agua, saneamiento e higiene más débiles. En Kufra se han informado problemas como acumulación de residuos, fuentes de agua poco fiables, aseos inadecuados y lagunas de aguas residuales en asentamientos de personas desplazadas. La calidad del aire es una condición ambiental importante. La cifra de la OMS para Libia en 2025 fue de una concentración media anual de PM2,5 de 30 microgramos por metro cúbico, seis veces superior a la directriz de la OMS de 5 microgramos. Las pruebas disponibles no demuestran que exista en Libia una norma jurídica nacional para las PM2,5, y los datos de cumplimiento son limitados. Entre las fuentes figuran el tráfico, las centrales eléctricas, la quema en antorcha de petróleo y gas, el polvo y la quema abierta de residuos. Las mediciones del Ministerio de Medio Ambiente disponibles públicamente se han centrado principalmente en Trípoli y Mellitah, incluidos informes antiguos de 2010, y no en una serie de seguimiento nacional actual. El ruido también varía según el lugar y no se mide a nivel nacional de forma fiable. Un estudio de 2024 midió el ruido en siete puntos de Trípoli. Las principales fuentes son el tráfico rodado, los usos urbanos mixtos, las actividades comerciales y de ocio y la industria. No se ha establecido un mapa nacional fiable del ruido ni un indicador de seguimiento. Las reclamaciones suelen tramitarse a través de las autoridades locales y los canales administrativos, cuya capacidad de respuesta varía según la zona. Los espacios verdes son limitados por la geografía y la escasez de agua. Cerca del 95 % de la superficie de Libia es desértica. Los parques y las zonas ajardinadas urbanas dependen principalmente de proyectos municipales y de la capacidad local de mantenimiento, y no existe un indicador nacional fiable sobre el acceso a espacios verdes. En 2026, el parque de Al Jmail estaba en construcción. El riego y el mantenimiento pueden resultar difíciles donde escasea el agua, por lo que la existencia de un parque proyectado no garantiza que el acceso público o la calidad sean constantes. La recogida y eliminación de residuos siguen fragmentadas. El plan nacional de gestión de residuos sólidos para 2025–2030 asigna responsabilidades de política, financiación, coordinación entre municipios, recogida, infraestructuras de tratamiento y medidas de economía circular. La recogida y el tratamiento efectivos varían según el municipio. La quema abierta contamina el aire y los residuos plásticos pueden obstruir los sistemas de drenaje. El reciclaje informal es generalizado, pero la protección de los trabajadores es deficiente. Kufra ha sufrido una acumulación grave de residuos. Las tasas de recogida y los cargos por servicio dependen de la localidad, y no existe una tarifa nacional fiable. Los problemas de seguridad incluyen restos explosivos de guerra, inundaciones, subida de aguas subterráneas, agua contaminada y calor extremo. En 2024 se informó de que unos 436 millones de metros cuadrados estaban contaminados por restos explosivos de guerra. Más de 400 personas habían resultado heridas o muertas durante los cinco años anteriores, incluidos 35 incidentes en 2024 y 26 niños. En 2025 se retiraron más de 57.203 restos explosivos, se inspeccionaron 222.214.175 metros cuadrados y se despejaron 1.281.934 metros cuadrados. Las emergencias ambientales pueden comunicarse al Ministerio de Medio Ambiente a través del 197 o por WhatsApp, en los números +218946052376 y +218930689851. Las tareas de despeje y la respuesta a emergencias no eliminan todos los riesgos en zonas contaminadas o dañadas recientemente. La participación se canaliza a través de los consejos municipales, las organizaciones de la sociedad civil, el diálogo local y las denuncias ciudadanas o ambientales. Entre 2024 y 2026 se celebraron elecciones municipales en 119 municipios. Se registraron unos 700.000 votantes, se emitieron aproximadamente 500.000 votos y la participación se situó en el 72 %. Entre las personas elegidas hubo 207 mujeres y 119 personas con discapacidad. El programa Baladiyati registró más de 700 intervenciones en 40 municipios que afectaron a más de 3 millones de personas, pero la calidad de la participación y la capacidad de aplicación siguen siendo desiguales. El marco jurídico pertinente, incluidas la Ley n.º 7/1982 y la Ley n.º 15/2003, impone obligaciones ambientales como prevenir la contaminación, gestionar los residuos de forma responsable y proteger las zonas designadas. La aplicación efectiva de estas normas depende de la vigilancia local y la capacidad institucional. Los cargos de conexión, las tarifas de suministro, los precios del agua de camión cisterna y del agua embotellada varían según el servicio, la localidad y la situación de crisis. Los plazos de reparación y acceso también dependen del incidente, la región y las infraestructuras. Las personas desplazadas, migrantes y refugiadas, y los hogares en asentamientos informales o hacinados, pueden afrontar obstáculos adicionales para acceder al agua, el saneamiento, la recogida de residuos y los servicios de emergencia. La Estrategia Nacional de Gestión de la Sequía de Libia, el plan de residuos de 2025–2030, el marco climático de 2026–2035 y la estrategia del agua hasta 2050 reflejan actividad en materia de políticas, pero la información disponible sigue indicando que su aplicación avanza más lentamente que su elaboración.