Derecho civil en Libia

Una persona física adquiere personalidad jurídica al nacer viva y la conserva hasta su muerte. Los registros del estado civil documentan hechos como el nacimiento y la muerte. La mayoría de edad suele comenzar a los 21 años; los menores de siete no tienen discernimiento, y quienes tienen entre siete y menos de 21 años tienen capacidad limitada. Algunas transacciones permitidas legalmente pueden aplicar una norma especial sobre domicilio a un menor de 18 años. Los tribunales y las autoridades de tutela se ocupan de asuntos de capacidad, tutela, curatela y ausencia. Una persona jurídica, como una sociedad o asociación, tiene bienes, capacidad jurídica y domicilio propios, y puede iniciar o defender una demanda. La capacidad y el estado personal también pueden plantear cuestiones de nacionalidad, especialmente en el caso de extranjeros y ciudadanos libios con doble nacionalidad. Un contrato suele requerir acuerdo, capacidad jurídica, un objeto lícito y posible y una obligación suficientemente definida. Las partes deben cumplirlo de buena fe. Según el caso, un tribunal puede ordenar el cumplimiento, imponer una multa coercitiva, rescindir el contrato o conceder daños y perjuicios. Por lo general, es pertinente comunicar el incumplimiento, aunque existen excepciones. La representación, la cesión, la compensación de deudas, el derecho de retención, las garantías, las prendas y las hipotecas generan derechos y riesgos distintos. Para proteger los derechos inmobiliarios frente a terceros suele ser necesario inscribirlos. Entre personas físicas, las normas modificadas del Código Civil limitan los intereses reclamables, por lo que cada operación y norma aplicable requieren revisión local. Los honorarios de abogados, notaría, registro y peritos varían, y no existe una duración media nacional fiable para los litigios contractuales. El derecho de propiedad comprende titularidad, posesión, usufructo, servidumbres, shuf'a, hipotecas y bienes del Estado. La Autoridad de Registro Inmobiliario y Bienes del Estado, los tribunales y el Ministerio de Justicia desempeñan distintas funciones en asuntos de títulos, catastro y litigios. La Ley 17/2010 prevé la inscripción y administración de bienes del Estado, incluidas investigaciones de titularidad, apelaciones y pruebas documentales o digitales. Una hipoteca requiere un instrumento oficial y su inscripción. La posesión informal no ofrece la misma seguridad que un título inscrito. Las restricciones históricas y disputas por indemnización relacionadas con la Ley 4/1978 aún pueden entrañar riesgos prácticos; la falta de registros, las demoras y la fragmentación institucional pueden retrasar la inscripción, los desahucios, la división y la ejecución. Los asuntos familiares utilizan conceptos locales como nikah (matrimonio), wali (tutor matrimonial), mahr (dote), nafaqa (manutención), khul' (divorcio instado por la esposa), hadanah (custodia), nasab (filiación) e iddah (periodo de espera tras el divorcio o viudez). El matrimonio suele acreditarse con una escritura oficial o una sentencia judicial. El marco publicado de 1984 aborda el consentimiento, los testigos, la tutela, la poligamia autorizada por el tribunal, el divorcio, la reconciliación, la manutención y la custodia. El mahr pertenece exclusivamente a la esposa; la manutención puede incluir alojamiento, comida, ropa y tratamiento médico. Conforme al marco citado, el tribunal puede dictar una orden temporal de manutención que se ejecuta inmediatamente y no conlleva tasas. Las normas publicadas sobre edad para contraer matrimonio y divorcio se ven afectadas por cambios legislativos contradictorios, incluida la anulación comunicada de la Ley 14/2015 por la Ley 1/2020 de la Cámara de Representantes. Por ello, el tribunal o la región competente deben confirmar qué norma se aplica en la actualidad. La herencia se rige por principios de la sharía islámica y leyes especiales de sucesiones. Un tribunal investiga el fallecimiento y los herederos y expide un certificado de herencia u otra prueba comparable. Los gastos funerarios y sucesorios y las deudas se atienden antes de la distribución. Si no hay albacea, un liquidador puede administrar la sucesión. El plazo para avisar a acreedores o publicar un anuncio puede durar tres meses, y el plazo histórico previsto para el inventario es de cuatro meses. Todos los herederos pueden acordar una partición amistosa; en caso contrario, la partición corresponde al tribunal. Los herederos no deben disponer de los bienes de la sucesión ni recogerlos antes de que se establezca el certificado de herencia. Las mujeres tienen derechos legales de herencia, aunque la privación consuetudinaria comunicada y la ocultación de títulos pueden causar disputas. La inscripción de tierras está estrechamente relacionada con las reclamaciones hereditarias. La responsabilidad civil abarca el incumplimiento contractual y los actos ilícitos extracontractuales. Por lo general, el demandante necesita pruebas del acto o incumplimiento, el daño, la causalidad y la culpa cuando la norma aplicable lo exige. La indemnización puede cubrir pérdidas materiales, lucro cesante y, dentro de los límites legales, daños morales. Puede estar disponible el cumplimiento específico; una exención contractual ilícita no puede eliminar la responsabilidad por una actividad ilegal. El abuso de un derecho no recibe protección jurídica. En asuntos contractuales, suelen poder reclamarse los daños previsibles, salvo que el fraude o la culpa grave modifiquen la evaluación. Los procesos penales son independientes, aunque un hecho delictivo también puede dar lugar a una reclamación de daños civiles. Los procedimientos civiles se rigen por el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales. Según la materia y la cuantía, la vía formal puede ir del tribunal جزئية al tribunal ابتدائية, luego al tribunal de apelación y al Tribunal Supremo. Por lo general, el demandante necesita un interés jurídico actual; puede bastar un interés posible si hay daño inminente o se deben preservar pruebas. La notificación procesal, las pruebas, la competencia y las tasas judiciales afectan al caso desde el inicio. Por lo general, no se exige abogado ante el tribunal جزئية, pero suele serlo para apelaciones y procedimientos ante el Tribunal Supremo, con excepciones en asuntos de estado personal. El plazo ordinario de apelación es de 30 días, aunque su cálculo depende de una notificación válida y del tipo de decisión. Los plazos legales no predicen la duración real, ya que los cierres de tribunales, las condiciones de seguridad y las estructuras institucionales enfrentadas pueden causar demoras. Para ejecutar una sentencia se necesita un título ejecutivo, la fórmula ejecutiva cuando sea exigible, notificación adecuada y una reclamación vencida, definida y cierta. La oficina de ejecución judicial y los agentes judiciales pueden embargar bienes muebles o inmuebles, tasarlos, organizar una venta forzosa y distribuir el importe según la prioridad de los acreedores. La ropa esencial, ropa de cama, utensilios domésticos y artículos básicos de subsistencia gozan de protección procesal. El deudor puede formular una objeción a la ejecución; el acreedor puede solicitar asistencia judicial o de seguridad. Según el marco citado, el fallecimiento del deudor añade una obligación de notificar a los herederos con 10 días de antelación a la ejecución. Los costes de ejecución, publicación, tasación, policía, registro y subasta varían y no hay un plazo nacional vigente fiable para ejecutar. Las vías formales incluyen tribunales, instrumentos oficiales, inscripción y acuerdos supervisados judicialmente. El sulh consuetudinario o tribal, es decir, un acuerdo negociado, sigue siendo principalmente informal y puede no ser tan ejecutable como una sentencia judicial o un instrumento oficial que cumpla los requisitos. Deben confirmarse las tarifas actuales, jurisdicción local, documentos necesarios y plazos prácticos con el tribunal, registro, oficina del Registro Civil, abogado libio autorizado o notario competente. Las estructuras judiciales y constitucionales paralelas, las decisiones contradictorias y la seguridad regional pueden afectar el acceso y los resultados.