Derecho penal en Libia

La Declaración Constitucional de 2011 proporciona el marco constitucional transitorio. El islam es la religión del Estado, la sharía islámica es una fuente principal de legislación y el árabe es la lengua oficial. El Código Penal قانون العقوبات data de 1953 y fue modificado sustancialmente por la Ley n.º 48 de 1956. El procedimiento penal se rige principalmente por el Código de Procedimiento Penal de 1953 قانون الإجراءات الجنائية, incluidas enmiendas como las leyes n.º 18 de 1962, n.º 3 de 2003 y n.º 7 de 2014. Las leyes especiales siguen siendo decisivas para conductas concretas, como la Ley n.º 7 de 1990 sobre estupefacientes, la Ley n.º 11 de 1984 sobre infracciones de tráfico y la Ley n.º 5 de 2022 sobre ciberdelincuencia. La Fiscalía Pública (النيابة العامة) tiene la competencia exclusiva ordinaria para iniciar causas penales, investigarlas, formular acusaciones y ejercer la acusación ante los tribunales. El Fiscal General es النائب العام. La policía, los funcionarios de aduanas y determinados funcionarios municipales o agrícolas pueden ejercer facultades de policía judicial (مأمورو الضبط القضائي). Estos registran denuncias, entrevistan a testigos y expertos, preservan pruebas y remiten expedientes y objetos incautados a la Fiscalía Pública. Un juez de instrucción (قاضي التحقيق) y una Sala de Acusación (غرفة الاتهام) pueden intervenir durante la investigación y la remisión de causas por delitos graves. Los tribunales penales forman parte de la estructura judicial ordinaria, que incluye tribunales de primera instancia, tribunales penales, tribunales de apelación y el Tribunal Supremo. La fiscalía y los tribunales militares tienen jurisdicción especial, pero su uso en casos contra civiles es jurídicamente discutido y la práctica no es uniforme entre el este y el oeste de Libia. El principio de legalidad implica que una conducta no constituye delito ni puede imponerse una pena si una ley no lo establece. En general, se aplica la ley vigente cuando ocurrió la conducta, aunque una ley posterior más favorable puede aplicarse antes de que haya sentencia firme. Por lo general, el desconocimiento de la ley no sirve de defensa. La legítima defensa, el estado de necesidad, el accidente o la fuerza mayor pueden excluir la responsabilidad en circunstancias que cumplan los requisitos. La incapacidad mental puede excluir la responsabilidad penal, mientras que la incapacidad parcial puede reducir la pena. Según las normas indicadas, una persona menor de 14 años no tiene responsabilidad penal. Pueden aplicarse medidas de protección desde los 7 años, y una persona de 14 a 17 años puede ser responsable si tiene capacidad, con una pena reducida y un trato específico para menores. Un delito puede denunciarse ante la Fiscalía Pública o ante un agente de policía judicial. Cualquier persona puede informar a las autoridades sobre delitos que no requieran una denuncia personal. En los delitos que exigen denuncia, por lo general la víctima o su representante autorizado dispone de tres meses desde que conoce el delito y al autor para presentar una denuncia oral o escrita. La Fiscalía Pública puede archivar un asunto si no se cometió delito o las pruebas son insuficientes. La víctima o la parte civil puede impugnar el archivo conforme al procedimiento aplicable. Los casos de delitos graves suelen remitirse a través de la Sala de Acusación. Los registros se limitan a objetos relacionados con el delito y normalmente se realizan en presencia del acusado o un representante y de dos testigos. Los documentos, armas, instrumentos, beneficios y otros objetos útiles incautados deben sellarse y quedar registrados. En una investigación por delito grave se cita a un abogado antes del interrogatorio o careo, con excepciones previstas, como la flagrancia o el riesgo de pérdida de pruebas. La persona acusada puede negarse a responder preguntas, y, conforme a las normas procesales proporcionadas, el interrogatorio judicial requiere su consentimiento. En el juicio, se informa al acusado de los cargos, la defensa puede interrogar a los testigos de la acusación y el acusado habla en último lugar. Las vistas suelen ser públicas, aunque el tribunal puede celebrarlas a puerta cerrada por orden público o moralidad. Puede haber sentencias en ausencia, con posibilidad de nuevo juicio tras la comparecencia o detención según las normas aplicables. Puede emitirse una orden de detención en circunstancias como la incomparecencia, el riesgo de fuga, la dirección desconocida o la flagrancia. La persona detenida debe ser interrogada de inmediato y puesta a disposición de la Fiscalía Pública dentro de las 24 horas. Si existen pruebas suficientes, puede imponerse prisión provisional por un delito grave o por un delito menos grave castigado con más de tres meses de prisión. La Fiscalía Pública puede ordenar la detención durante un máximo de seis días tras la detención, seguida de prórrogas judiciales conforme a procedimientos legales que contemplan períodos de 30 días y otras vías de 90 días. Pueden existir opciones de puesta en libertad, fianza, obligación de residir en un lugar determinado, comparecencia ante la policía y restricciones de desplazamiento. Los plazos legales no garantizan la puesta en libertad efectiva ni procedimientos puntuales: informes de las Naciones Unidas de 2024 y 2025 describen detenciones arbitrarias y prolongadas antes del juicio, representación letrada inadecuada, confesiones coercitivas, torturas, muertes bajo custodia y restricciones al acceso de familiares o a atención médica. Las detenciones por grupos armados o de seguridad pueden eludir los procedimientos formales, por lo que se debe verificar de forma independiente la autoridad responsable, el lugar de detención y el acceso a un abogado. La persona acusada de un delito grave tiene formalmente derecho a abogado durante la investigación y el juicio. La Sala de Acusación o el tribunal puede designar uno si el acusado no ha elegido abogado. En la práctica, el acceso a la defensa puede estar restringido y la investigación proporcionada no establece una tabla nacional completa y actual de los costes o servicios de asistencia jurídica. Una comisión de asistencia judicial puede eximir del depósito necesario para apelar. Las partes civiles pueden incorporarse a una causa penal para reclamar indemnización o restitución, pero quizá deban adelantar gastos de abogados, peritos y testigos. Si se rechaza o se abandona una reclamación penal, la víctima puede solicitar reparación civil ante un tribunal civil, pero no pedir la detención del acusado. Según el procedimiento indicado, la parte acusadora debe obtener la aceptación de su condición de titular de derechos civiles dentro de los tres meses. Una víctima menor o con discapacidad mental puede quedar a cargo de un tutor, una entidad benéfica autorizada o un centro de salud mental hasta que se resuelva el caso. Las principales penas incluyen la pena de muerte, la cadena perpetua, la prisión, la detención y las multas. Las penas accesorias pueden privar de derechos civiles, prohibir una profesión o actividad, restringir la capacidad jurídica o publicar una condena. Salvo que una ley especial establezca otra cosa, la prisión suele durar de tres a quince años, y la detención, de 24 horas a tres años. El texto legal contempla la ejecución por pelotón de fusilamiento, pero la práctica efectiva en materia de ejecución, conmutación, indulto y suspensión debe verificarse para cada caso. El tiempo de prisión provisional se descuenta de la pena. Según las normas aplicables, una detención simple de hasta seis meses puede permitir trabajar fuera de la prisión. El Tribunal de Menores (محكمة الأحداث) funciona dentro de cada tribunal de primera instancia. Atiende a infractores de 14 a menos de 18 años, medidas preventivas, delitos menos graves y faltas, mientras que los casos de delitos graves siguen el procedimiento de remisión especificado. Las medidas pueden incluir un centro de rehabilitación, un lugar designado, una entidad benéfica reconocida o un tutor, en vez de la detención. Los procedimientos para menores consideran la situación social, el entorno y la motivación; las vistas son a puerta cerrada, los fallos son públicos y se informa a padres o tutores, que pueden recurrir. La defensa por delito grave es obligatoria para los menores, y las víctimas infantiles pueden recibir cuidados especiales conforme al artículo 330. Las infracciones de tráfico también forman parte del derecho penal. La policía de tráfico puede ejercer facultades de policía judicial, y los casos pueden referirse a licencias, incautación de vehículos, exceso de velocidad, saltarse un semáforo en rojo, equipos inseguros, uso del teléfono, conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas y lesiones o muertes por imprudencia. El texto legal prevé penas de prisión y retirada del permiso de conducir por conducir bajo los efectos, con una retirada de uno a tres años; las lesiones o muertes por imprudencia pueden conllevar prisión, multa y retirada del permiso. Algunas infracciones castigadas solo con multa permiten pagarla de inmediato o dentro de un plazo breve, o pueden remitirse a la Fiscalía o resolverse mediante una orden penal judicial. Los importes fijados en legislación antigua sobre la moneda requieren verificación actual. La Ley de Ciberdelincuencia n.º 5 de 2022 consta de 53 artículos y puede aplicarse cuando la conducta se comete total o parcialmente en Libia, o cuando una conducta realizada en el extranjero produce efectos en Libia. Abarca el acceso no autorizado, la interceptación, la interferencia con sistemas o datos, el uso indebido de contraseñas o herramientas de descifrado, el uso indebido de herramientas de identidad, la falsificación digital, la pornografía o indecencia, la incitación a la prostitución, la trata, el blanqueo de capitales, la asistencia al terrorismo, el uso indebido de marcas registradas y las escuchas. La Autoridad Nacional de Seguridad de la Información tiene funciones de supervisión que incluyen solicitar medidas de bloqueo. El cifrado, el uso de VPN y las conductas relacionadas con la expresión requieren una revisión jurídica específica. El acceso formal a la justicia penal es posible para personas libias y extranjeras, pero el idioma, la autoridad que realiza la detención, el acceso a un abogado y el control de seguridad afectan al acceso práctico. Las tasas judiciales, la fianza y las garantías dependen del procedimiento y de la reclamación.