Derecho penal en Macedonia del Norte

El Código Penal, llamado Кривичен законик o KZ, es la fuente principal de los delitos y las sanciones en Macedonia del Norte. Sigue el principio de que una conducta solo puede castigarse si la ley la definía como delito en el momento pertinente. Si una norma posterior es más favorable a la persona acusada, se aplica la norma más favorable. Las personas físicas y jurídicas pueden incurrir en responsabilidad penal en las condiciones establecidas por el KZ. Las sanciones incluyen prisión, multas, medidas alternativas, medidas de seguridad, medidas educativas y decomiso. La consecuencia concreta depende del delito, la intención o negligencia, el daño, los antecedentes y las circunstancias atenuantes o agravantes. El Código de Procedimiento Penal, llamado Закон за кривичната постапка o ZKP, regula el proceso desde la denuncia penal hasta la investigación y el juicio. La Fiscalía dirige la fase previa a la investigación y la investigación; da instrucciones al Ministerio del Interior, a la Policía Financiera y a la Administración de Aduanas; reúne pruebas y solicita órdenes judiciales cuando la ley exige autorización judicial. También puede decidir la suspensión del procedimiento, una orden penal o un acuerdo de conformidad, y presenta y sostiene las acusaciones. La fiscalía básica competente se ocupa de la primera etapa fiscal; los casos de delincuencia organizada y corrupción pueden corresponder a la Fiscalía Básica especializada para la Persecución de la Delincuencia Organizada y la Corrupción. Los recursos siguen su curso a través de uno de los tribunales de apelación de Bitola, Skopie, Shtip o Gostivar y, en última instancia, llegan al Tribunal Supremo. Una persona puede denunciar ante la policía o la Fiscalía un delito perseguible de oficio. Los organismos estatales, empresas e instituciones públicas tienen el deber de denunciar cuando tienen conocimiento de uno de esos delitos. La denuncia debe identificar las pruebas conocidas y permitir conservar rastros, objetos y datos pertinentes. Los delitos informáticos pueden denunciarse a la División de Delincuencia Económica e Informática del SVR de Skopie, a otra unidad del SVR o a cybercrime@moi.gov.mk. La persona acusada se presume inocente y tiene derecho a guardar silencio, consultar con un abogado, recibir información sobre la acusación y las pruebas, impugnar pruebas, presentar pruebas de descargo y recurrir. También tiene obligaciones, como cumplir las citaciones y órdenes legales y no obstruir el procedimiento. Las pruebas obtenidas ilegalmente quedan excluidas. Quien no entienda la lengua del procedimiento puede recibir gratuitamente un intérprete o traducción. La detención y otras restricciones de libertad solo pueden utilizarse cuando sean necesarias y por el tiempo estrictamente necesario. La sanción penal la impone el tribunal, no la fiscalía ni la policía. La persona perjudicada, llamada оштетен, y la víctima pueden recibir información, participar en el procedimiento, formular una reclamación patrimonial y ejercer los derechos de queja o recurso previstos en el ZKP. Las víctimas vulnerables y los menores víctimas o testigos reciben protección procesal adicional. Una víctima de un delito castigado potencialmente con al menos cuatro años de prisión que haya sufrido un daño psicofísico grave puede tener derecho a una persona asesora financiada por el Estado conforme a las reglas aplicables. La Ley de Pago de Compensación Monetaria a las Víctimas de Delitos Violentos se aplica a las solicitudes desde el 25 de mayo de 2023. Su Comisión de Compensación Monetaria puede conceder ayudas para tratamiento y dispositivos médicos, pérdida de ingresos, gastos funerarios, pérdida de manutención o asistencia solidaria cuando se cumplen los requisitos legales y probatorios. La compensación no es automática. La Ley de Justicia Juvenil rige los casos que afectan a menores. Se considera menor a quien tiene menos de 18 años, y las sanciones penales solo se aplican a partir de los 14. La ley distingue entre menores de 14 a 16 años y los mayores de 16 y menores de 18, y también prevé procesos para menores en situación de riesgo, incluidos los menores de 14 años. Un juez o un consejo de menores aplica medidas educativas, alternativas o sanciones adecuadas a la edad y teniendo en cuenta el interés superior del menor. La detención y la prisión preventiva se tratan como medidas excepcionales. Las normas también abarcan a adultos jóvenes de 18 a menos de 21 años y la protección especial de menores víctimas y testigos. La conducta en carretera puede dar lugar a una infracción de tráfico o a un proceso penal. Las infracciones ordinarias suelen tramitarse como faltas, mediante una orden de pago o con medidas de tráfico. Puede surgir responsabilidad penal conforme al artículo 297-a del KZ por conducción temeraria, incluida la conducción bajo los efectos del alcohol, sin permiso, durante una prohibición vigente, en dirección prohibida o a velocidad excesiva. Las lesiones o la muerte pueden dar lugar a otros delitos conforme al KZ. Los casos digitales pueden incluir el acceso o daño no autorizado a un sistema informático, falsificación informática o uso indebido de datos personales. El Sector de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior y sus unidades de Delincuencia Económica e Informática realizan las labores policiales pertinentes, mientras que la Fiscalía ejerce la acusación. Las pruebas digitales se incautan o registran conforme al ZKP, con orden judicial cuando así se requiere. La función de ciberseguridad MVR-SOC es distinta de la persecución penal. Los procesos penales no tienen una duración uniforme ni una tarifa fija. Se aplica el derecho a un plazo razonable, pero la duración real depende de las pruebas, el número de participantes, el trabajo pericial, los recursos y otras circunstancias. Los costes de abogados, peritos, intérpretes y desplazamientos dependen del caso y de las resoluciones aplicables. La asistencia jurídica gratuita primaria ofrece asesoramiento, información y ayuda con formularios a las personas que reúnen los requisitos y residen o se encuentran en Macedonia del Norte. La asistencia secundaria depende de los ingresos y el patrimonio. La defensa y representación penal se rigen por el ZKP, no por el procedimiento general de asistencia jurídica gratuita. Se aplican el KZ, el ZKP y las normas vigentes de justicia juvenil; los borradores de nuevos códigos mencionados son planes de reforma, no normas en vigor.