Medios de comunicación en Madagascar

Madagascar cuenta con medios públicos, privados y en línea. El Código de Comunicación Mediatizada, Ley n.º 2016-029, se aplica en todo el país a la prensa escrita, los servicios audiovisuales, internet, la publicidad y el cine. La Ley n.º 2020-006 modificó el marco y reforzó la función institucional del Ordre des Journalistes de Madagascar (OJM). Por lo general, una empresa de prensa o en línea opera con un editor o director de publicación que asume responsabilidades definidas por el material publicado. Los artículos 10 y 11 de la Constitución protegen la libertad de expresión, comunicación, información y prensa. El marco legal no establece censura previa general, pero también protege los derechos de otras personas y hace referencia al orden público, la dignidad nacional y la seguridad del Estado. Por ello, periodistas y organizaciones de medios deben distinguir la información de interés público del material que perjudica ilícitamente la privacidad, la dignidad u otros intereses protegidos. El Código prevé sanciones legales; la protección de las fuentes, la responsabilidad editorial y la responsabilidad jurídica deben evaluarse por separado en cada caso. El Ministère de la Communication et de la Culture supervisa la política pública de medios. La Autorité Nationale de Régulation de la Communication Médiatisée (ANRCM) es la autoridad legal para la comunicación mediatizada y está destinada a tramitar procedimientos formales, como convocatorias y licencias para servicios audiovisuales. Las fuentes disponibles no confirman que actualmente ejerza una supervisión plenamente independiente y eficaz. ARTEC regula las infraestructuras de telecomunicaciones, el acceso y asuntos de consumo, incluidos los servicios móviles y de internet. Su canal de atención al consumidor es el 600. ORTM es la institución pública de radio y televisión y tiene obligaciones de servicio público, neutralidad, pluralismo e información conforme al Código y al marco de radiodifusión aplicable. OJM representa la dimensión de autorregulación profesional del periodismo. La radio suele ser el medio tradicional más accesible. La televisión llega a menos hogares y la lectura de periódicos es limitada. Una encuesta MICS de 2018 registró un alcance de la radio inferior al 50 % tanto para mujeres como para hombres, de la televisión inferior al 25 % y una lectura de periódicos cercana al 10 %. La misma encuesta registró que el 52 % de los hogares tenía teléfono móvil o acceso a uno, el 5 % acceso a una computadora y alrededor del 10 % internet en el hogar. Son datos antiguos. Los indicadores de ARTEC informaron una penetración móvil del 79,47 % y de internet del 32,57 % en 2023, con cobertura poblacional 3G del 98 % y 4G del 80 % en 2024. Estas cifras miden aspectos distintos del acceso y no deben considerarse intercambiables. Los medios digitales y el streaming existen principalmente mediante datos móviles, servicios comerciales y plataformas globales. Las fuentes consultadas no establecen una categoría local de streaming completa y separada ni un catálogo público nacional de streaming. El acceso suele requerir un dispositivo compatible, una tarjeta SIM, electricidad y un plan de datos o televisión de pago. Los precios y la calidad del servicio dependen del proveedor y la ubicación. Es probable que haya diferencias regionales en redes, electricidad y acceso a dispositivos, pero las investigaciones disponibles no las cuantifican. No se ha verificado una tarifa uniforme nacional para usuarios, una tarifa estándar ni un plazo nacional para el uso habitual de los medios. Las redes sociales forman parte de la comunicación mediatizada en línea y no de un sistema regulatorio local separado. Los riesgos incluyen desinformación, ciberdelincuencia, vigilancia y violencia en línea. La Ley n.º 2014-006 regula la ciberdelincuencia y la Ley n.º 2014-038, los datos personales. Estas leyes no convierten toda disputa en línea en un asunto de regulación de medios: las normas aplicables dependen de la conducta, el contenido, los derechos afectados y la institución responsable. Los niños y jóvenes representan una proporción grande de la población: los datos MICS de 2018 registraron alrededor de un 50 % de menores de 18 años. Entre los riesgos en línea figuran la explotación, el abuso sexual, el acoso y el contenido perjudicial. Un estudio de UNICEF y ECPAT de 2021, realizado en seis centros urbanos y con más de 1.500 niños de 9 a 17 años, encontró uso de internet entre el 78 % de los participantes; el 58 % lo utilizaba más de cinco veces por semana y el 82 % pasaba más de dos horas en cada conexión. Estos resultados describen al grupo estudiado y no establecen una tasa nacional. Escuelas, padres, servicios públicos de protección infantil, ONG y programas de telecomunicaciones contribuyen a la labor de protección. La participación juvenil también ha empleado formatos por proyecto, como Junior Reporters Clubs, activos entre 2007 y 2020, y One Minute Junior, lanzado en 2011, que formó a jóvenes en producción radiofónica e información dirigida a la juventud mediante emisoras asociadas. Operar un servicio de radio o televisión requiere un procedimiento formal de solicitud o licitación, licencia y requisitos de frecuencias. No se verificaron plazos exactos ni costes estándar. Los usuarios comunes suelen pagar el acceso de forma privada, mediante dispositivos, electricidad, tarjetas SIM, planes de datos, televisión de pago o suscripciones de streaming. En 2026 estaba en curso un proceso de reforma en el que participaban el Ministerio, el Parlamento, el PNUD, la UNESCO y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Incluye trabajos sobre el código de comunicación, las normas de ciberdelincuencia, el acceso a la información pública y la independencia regulatoria. Un proyecto de ley de acceso a la información había sido aprobado por el Consejo de Ministros y estaba siendo revisado por una comisión parlamentaria; no debe tratarse como ley vigente hasta su promulgación.