Derecho civil en Maldivas

Maldivas no tiene un código civil continental único y unificado. Los derechos y obligaciones civiles derivan de la Constitución, leyes específicas, reglamentos, normas procesales y acuerdos que respeten los límites legales y de la sharía aplicables. La Constitución protege el derecho de los ciudadanos maldivos a adquirir, poseer, heredar y transferir bienes. La propiedad privada está protegida; su expropiación forzosa requiere un fin público, base legal, orden judicial y una compensación justa y adecuada. El Tribunal Civil gestiona la mayoría de las disputas civiles, incluidos acuerdos, deudas, pagos, bienes, herencias, indemnizaciones, desalojos, hipotecas y legalización de documentos. El Tribunal de Familia se ocupa de matrimonio, divorcio, custodia, manutención, tutela, paternidad y filiación. Los tribunales de magistrados tramitan los asuntos civiles y familiares asignados a sus sectores judiciales; el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo conocen de los asuntos que corresponden a sus respectivas jurisdicciones. El Registro, el Ayuntamiento de Malé, los consejos insulares o municipales y los canales OneGov también realizan funciones registrales y administrativas. El Código de Procedimiento Civil 32/2021 cubre las etapas previas al juicio, audiencias, pruebas, sentencias, órdenes judiciales y ejecución. Por tanto, una demanda civil puede implicar presentación, notificación, prueba, decisión y ejecución; los pasos exactos dependen de la demanda y el tribunal. El coste y la duración varían según el caso y el tribunal; no hay una tasa o calendario general único aplicable a todo asunto civil. La asistencia jurídica estatal se dirige principalmente a quienes no pueden pagar asistencia legal, pero debe confirmarse si cubre el caso civil concreto. El derecho contractual está más fragmentado que el sistema judicial. Las disputas pueden referirse a acuerdos privados o públicos, bienes y servicios, pagos, deudas, intereses o hipotecas. El resultado depende de la ley, el reglamento, el acuerdo y los límites de la sharía aplicables; el arbitraje conforme a la Ley de Arbitraje 10/2013 puede ser una alternativa para resolver disputas. El registro de propiedades, las transferencias de terrenos, los arrendamientos, la copropiedad y las hipotecas siguen la Ley de Tierras de Maldivas 1/2002 y los procedimientos conexos. Los asuntos familiares y sucesorios pueden requerir documentos del Tribunal de Familia o del Tribunal Civil; las porciones hereditarias y los límites de los testamentos pueden necesitar un análisis basado en la sharía o una orden judicial.