Derecho penal en Maldivas

La Constitución de Maldivas protege garantías procesales penales, como la celebración de procedimientos públicos justos en un plazo razonable, la presunción de inocencia, el acceso a asistencia letrada en causas penales graves cuando la persona acusada no puede pagarla y la protección frente a tratos ilícitos. La Ley del Código Penal 9/2014 entró en vigor el 16 de julio de 2015 y, según la información investigada, fue modificada más recientemente por la Sexta Enmienda, ratificada el 17 de diciembre de 2024. Los principios de la sharía también influyen en el Código Penal y algunas sanciones. La Ley de Procedimiento Penal 12/2016 regula el procedimiento penal desde el 2 de julio de 2017. Abarca las denuncias e investigaciones, detención y prisión preventiva, registros e incautaciones, interrogatorios, pruebas, decisiones de la fiscalía, advertencias condicionales, acuerdos de conformidad y recursos. La Ley de Pruebas 11/2022 establece el marco probatorio más amplio. No se admiten las confesiones ni otras pruebas obtenidas ilegalmente. El Servicio de Policía de Maldivas, llamado habitualmente MPS, recibe denuncias en todo el país y realiza investigaciones, detenciones y labores policiales especializadas, incluidos asuntos de ciberdelincuencia y tráfico. Se puede denunciar un delito mediante los canales de denuncia del MPS, una alerta de delito o el servicio Scam Check; el número de emergencias es 911 y el número para asuntos no urgentes es 332 2111. La Fiscalía General, o PGO, examina las pruebas, decide si presenta cargos, los presenta, dirige la acusación, puede desistir de un caso antes de la sentencia, tramita recursos y comprueba la legalidad de medidas de investigación provisionales. El procedimiento habitual es investigar, someter las pruebas y los cargos a revisión del PGO y llevar el asunto ante un tribunal. El Tribunal Penal, también llamado Jinaaee Court, tiene jurisdicción penal central; el Tribunal Superior y el Tribunal Supremo conocen de recursos o de la revisión final. Lethun es el archivo oficial de leyes y sentencias. En general, una persona detenida en Maldivas debe comparecer ante un juez en un plazo de 24 horas; las normas aplicables permiten hasta 48 horas en casos de terrorismo. La persona detenida tiene derecho a que se le informe del motivo de la detención, a contactar con un familiar, amigo o abogado antes del interrogatorio, a un examen médico si lo solicita, a un trato humano y a guardar silencio durante el interrogatorio una vez informada de ese derecho. El habeas corpus ofrece una vía jurídica para impugnar una detención ilegal. La asistencia jurídica estatal no se concede automáticamente para todas las denuncias o causas penales. La Fiscalía General ofrece asistencia jurídica conforme al Reglamento de Asistencia Jurídica y a una evaluación de recursos económicos; la Constitución prevé asesoramiento letrado en causas penales graves para las personas que no pueden pagarlo. Las sanciones dependen del delito y la ley aplicable. Pueden incluir prisión, arresto domiciliario, destierro, multas y otras penas previstas por ley. La pena de muerte no se ha abolido legalmente; según la información investigada, en la práctica gubernamental se limita a casos de asesinato, está sujeta a recurso automático y confirmación del Tribunal Supremo, y el indulto presidencial opera dentro del marco de la sharía. El Servicio Penitenciario de Maldivas administra el encarcelamiento, la rehabilitación y la libertad condicional en centros que incluyen Maafushi, Malé y Asseyri. Las leyes especiales modifican las reglas para situaciones concretas. La Ley de Drogas 17/2011 establece una vía ante el Tribunal de Drogas para asuntos de consumo, tráfico y delitos relacionados con la dependencia, sujeta a las exclusiones graves del artículo 36. La Ley de Delitos Sexuales 17/2014 y la Ley de Prevención de la Violencia Doméstica 3/2012 establecen protecciones y procedimientos específicos. La Ley de Prevención del Terrorismo 10/1990 crea reglas específicas para el terrorismo, incluida la excepción de detención mencionada anteriormente. La Ley de Tráfico Vial 5/2009 abarca conductas como ignorar señales, no ceder el paso, aparcar peligrosamente, exceder la velocidad, usar el teléfono móvil al conducir y manejar un vehículo no apto para circular; las consecuencias penales dependen de la conducta, las lesiones, los daños y la disposición penal aplicable. El panel de datos de 2026 del MPS registró 2.081 casos de accidentes de tráfico, el 23,9 % de los casos denunciados que mostraba; esa cifra no es una tasa general de delincuencia. La Ley de Justicia Juvenil 18/2019 crea un sistema separado para las personas menores de 18 años. Los menores de 15 años no están sujetos a las penas judiciales ordinarias. El sistema prioriza su bienestar, rehabilitación, reintegración y medidas alternativas; la detención debe ser el último recurso y durar el menor tiempo necesario. El Tribunal de Menores, el Departamento de Justicia Juvenil, la policía especializada y los fiscales de menores trabajan con los servicios de libertad vigilada, penitenciarios y residenciales o de reinserción. Los menores reciben asistencia jurídica, y una enmienda de 2020 atribuyó al Tribunal de Menores jurisdicción desde la fase de investigación. La Ley de Justicia Juvenil y la Ley de Procedimiento Penal prohíben la pena de muerte para menores. Las víctimas pueden denunciar delitos al MPS, y se espera que el PGO apoye a víctimas y testigos durante el procedimiento penal. El servicio eDhoroashi de apoyo a víctimas, salud mental y asistencia, así como las leyes especiales sobre delitos sexuales y violencia doméstica, ofrecen vías adicionales. No hay una norma uniforme sobre indemnización o restitución para todos los casos: la elegibilidad y los plazos dependen del delito y la ley aplicable. La legislación penal digital se amplió mediante la Sexta Enmienda del Código Penal de 2024 para abarcar conductas como acceso no autorizado a sistemas, interceptación de datos, interferencia con sistemas, uso indebido de ordenadores, violencia cibernética, falsificación informática, fraude o engaño informático e infracción de derechos de autor. El Centro de Ciberdelincuencia del MPS y su área de Datos Digitales y Tecnología se ocupan de las funciones policiales pertinentes. El proyecto de Ley de Ciberseguridad de la NCSA no estaba en vigor según la información investigada y no constituye una base jurídica vigente. La policía y la fiscalía prestan servicios en todo el país, pero fuera de Malé el acceso a las islas puede dificultar los desplazamientos, la contratación de abogados y los costes procesales. La información investigada no estableció una tabla de tasas uniforme fiable ni la duración general de los procedimientos penales. En 2026, el panel del MPS mostraba 2.387 casos de robo, 1.874 de drogas, 453 de agresión, 186 de delitos sexuales y 105 de robo con violencia; estas cifras describen las denuncias mostradas y no deben tomarse como una medida completa de prevalencia.