Deudas en las Maldivas

Una deuda puede surgir de un préstamo, un pago aplazado u otra facilidad de crédito. Los bancos y las financieras autorizados de las Maldivas participan en la Oficina de Información Crediticia (CIB), que registra los datos de los proveedores y el historial de pagos. Los prestamistas suelen evaluar ingresos, gastos, obligaciones existentes, historial crediticio y condiciones de la facilidad propuesta. En el registro crediticio también pueden figurar avales o garantías. No existe un derecho general a recibir crédito; los intereses, tasas, plazos de amortización, garantías y demás condiciones dependen del proveedor y del contrato. La Oficina de Información Crediticia emite un Informe de Información Crediticia (CIR). Una persona puede solicitar gratuitamente un Informe de Consulta Personal (SIR) una vez por año natural; los informes adicionales tienen un coste. Si el informe contiene un error, puede recurrir al procedimiento de disputa de la CIB. El proveedor que comunicó la información sigue siendo responsable de su exactitud y actualización. También se puede presentar una queja escrita de consumidor financiero a la Autoridad Monetaria de Maldivas (MMA), en 1444@mma.gov.mv o llamando al 1444. La ficha informativa no confirma que exista un Reglamento definitivo de Protección del Consumidor Financiero oficialmente vigente: el informe anual de 2025 de la MMA describía el marco como pendiente de borrador o revisión final, con el segundo trimestre de 2026 como objetivo. No consta un servicio general único de asesoría sobre deudas ni una tabla pública exhaustiva de tasas y plazos. Al cierre de 2025, la deuda de los hogares ascendía a 20.220 millones de MVR, un aumento anual del 5,1 %. El número de prestatarios del sector de los hogares era de 179.299, un 7,6 % más. Los préstamos personales representaban el 22 % del crédito al sector privado y crecieron un 19 % en 2025. La base de datos de la MMA registró préstamos improductivos por valor de 3.080 millones de MVR, equivalentes al 5,7 %, en 2025. Estas cifras describen las condiciones agregadas y no determinan si un prestatario concreto puede obtener una reestructuración o un alivio. Tras el impago de un préstamo bancario o de una financiera, el proveedor puede iniciar gestiones internas de cobro o negociación y ofrecer una reprogramación o refinanciación. Si no se llega a un acuerdo, el asunto puede pasar al Tribunal Civil; las penalizaciones, la ejecución de garantías y los plazos dependen del contrato y de la legislación aplicable. No hay base fiable para afirmar en general que toda deuda permita embargar salarios o cuentas, o ejecutar fuera de los tribunales. Un tribunal puede revelar información crediticia durante un procedimiento judicial. El Ministerio de Finanzas y Empresas Públicas (MoFPE), incluido su Departamento de Gestión de la Deuda, administra la deuda pública. La Ley 29/2024 de Deuda Pública está vigente desde junio de 2025 y el Ministerio debe presentar un informe anual de gestión de la deuda al Majlis del Pueblo. A finales de 2025, la deuda pública y públicamente garantizada de Maldivas era de 154.827,8 millones de MVR: 90.793 millones de deuda presupuestaria interna del gobierno central, 43.594,4 millones de deuda presupuestaria externa del gobierno central, 19.539,2 millones de deuda externa garantizada y 901,2 millones de deuda interna garantizada. El servicio de la deuda ascendía a 15.936,3 millones de MVR. Cerca del 48,6 % de la deuda vencía en el plazo de un año; el plazo medio hasta el vencimiento era de 6,8 años y el coste medio ponderado, del 4,5 %. Por ello, la exposición a la refinanciación es un asunto central de la deuda pública. El endeudamiento público incluye letras del Tesoro, bonos, préstamos externos para proyectos o programas, garantías soberanas, sukuk y otros valores islámicos. Las letras del Tesoro se emiten a uno, tres, seis o doce meses, tienen un valor nominal de 10.000 MVR y suelen requerir una suscripción mínima de diez letras y múltiplos de diez. La ficha informativa actual señala que los valores islámicos se emiten mediante colocación privada. La murabaha, la mudaraba y la wakala bi al-istithmar son términos locales consolidados de financiación islámica; cada uno debe evaluarse según los documentos del instrumento concreto y no tratarse como producto intercambiable con los demás. Para las empresas, la Ley 7/2023 de Sociedades establece un proceso de liquidación. El acreedor debe entregar al liquidador, dentro de 15 días, una prueba formal de deuda o reclamación con los detalles de cualquier garantía. Si incumple el plazo, puede quedar excluido de una distribución anterior y perder el derecho a impugnarla. Las pruebas actuales no muestran un régimen formal de insolvencia para personas físicas o empresarios individuales que sea directamente equivalente. Entre las alternativas prácticas figuran un acuerdo bilateral, una liquidación negociada, una reclamación civil o, si el deudor es una empresa, la liquidación. No se ha demostrado que exista una cancelación automática de deudas ni una regla general de nuevo comienzo para las personas físicas.