El Estado en Malí

La Constitución del 22 de julio de 2023 establece la República de Malí y reconoce derechos como la educación, el trabajo, la vivienda, la salud, la protección social, la alimentación, el agua, la propiedad, la religión, la expresión, la prensa, el acceso a la información, la circulación, la asociación, la reunión, la huelga y la empresa, con sujeción a la ley. También establece deberes como respetar la Constitución, defender el país, responder a una movilización legal a partir de los 18 años, proteger el medio ambiente, ayudar durante catástrofes, pagar impuestos, servir al bien común, proteger los bienes públicos y mantener la integridad en el servicio público. Las lenguas nacionales son oficiales, mientras que el francés es la lengua de trabajo. La Charte de la Transition revisada del 8 de julio de 2025 complementa la Constitución. Assimi GOITA ejerce como Presidente de la Transición y Jefe de Estado. Su mandato dura cinco años y puede renovarse tantas veces como sea necesario hasta la pacificación; puede acortarse si se cumplen las condiciones para celebrar elecciones presidenciales transparentes y pacíficas. La transición termina con una elección presidencial, la toma de posesión y el traspaso del poder. Si la Carta entra en conflicto con la Constitución, prevalece la Constitución. Las instituciones de transición permanecen en funciones hasta que se establezcan nuevas instituciones constitucionales. El marco institucional formal incluye al Presidente, el Gobierno, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo Económico, Social, Medioambiental y Cultural. El marco operativo de transición consta actualmente del Presidente, el Primer Ministro, el Gobierno y el Conseil national de Transition (CNT), que tiene 147 miembros y ejerce la función legislativa durante la transición. No debe considerarse plenamente operativa la estructura formal bicameral mientras algunos órganos constitucionales no se hayan establecido. La administración del Estado sirve al interés general conforme a los principios de legalidad, igualdad, imparcialidad, neutralidad, continuidad, ética y probidad. El Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, la Direction Générale de l’Administration du Territoire (DGAT), los gobernadores, prefectos, subprefectos, consejos locales y servicios centrales o descentralizados se reparten las competencias. Una persona puede empezar por una comuna, el Distrito de Bamako o un arrondissement, y luego ponerse en contacto con un cercle o servicio regional y, cuando sea necesario, con un ministerio o la administración central. El cercle sigue siendo una referencia administrativa tras la reforma y ya no es una colectividad territorial local independiente. Malí tiene 19 regiones administrativas y el Distrito de Bamako. La descentralización otorga a las comunas, urbanas o rurales, personalidad jurídica y autonomía financiera a través de consejos elegidos. La desconcentración representa al Estado en las regiones y otros distritos administrativos. Las autoridades tradicionales tienen reconocimiento legal para prevenir conflictos, promover la cohesión social y favorecer la convivencia pacífica, pero su función no sustituye las competencias jurídicas de las autoridades públicas. Las infraestructuras, la inseguridad y la densidad de los servicios hacen que el acceso práctico sea desigual entre las distintas zonas. Las finanzas públicas se rigen por la Ley Orgánica de Leyes de Finanzas del 15 de agosto de 2025. La Ley de Finanzas de cada año abarca el presupuesto general, los presupuestos anexos y las cuentas especiales del Tesoro. La Ley de Finanzas de 2026 registró ingresos previstos de 3.057,792 mil millones de FCFA y gastos de 3.578,217 mil millones. Un proyecto oficial de ley de finanzas rectificativa fechado el 3 de julio de 2026 proponía ingresos de 3.372,895 mil millones de FCFA y gastos de 3.993,319 mil millones, incluidos ingresos adicionales vinculados en parte al impuesto ad valorem y a los fondos mineros, así como gastos adicionales destinados principalmente a la seguridad territorial. Malí no tiene una tarifa única por acceder al Estado: cada servicio aplica su propia tarifa, impuesto o regla de cobro, y los plazos de tramitación dependen del servicio y del lugar. La supervisión se reparte entre varios organismos. El Tribunal Constitucional revisa las normas, protege los derechos constitucionales y resuelve conflictos entre instituciones. El Tribunal Supremo es el máximo órgano judicial. El Tribunal de Cuentas es el máximo tribunal financiero constitucional y audita las cuentas públicas, la gestión ilícita de fondos públicos, los errores de gestión y las declaraciones patrimoniales. En la práctica, la Section des Comptes del Tribunal Supremo sigue elaborando informes financieros y anuales de ejecución. La Oficina independiente del Verificador General, el Bureau du Vérificateur Général (BVG), lleva a cabo revisiones financieras, de cumplimiento y de desempeño, y puede remitir asuntos a los tribunales. La Office central de lutte contre l’enrichissement illicite (OCLEI) previene e investiga el enriquecimiento ilícito y se ocupa de las declaraciones patrimoniales. El Médiateur de la République ofrece un canal independiente de reclamación para disputas con el Estado, las autoridades territoriales, las instituciones públicas y los organismos de servicio público. La Constitución protege la libertad de prensa, el acceso a la información, la expresión, la asociación y la reunión dentro de los límites legales. La Haute Autorité de la Communication (HAC) regula los medios, otorga licencias de servicios y supervisa los sectores de prensa, internet y audiovisuales, incluidas las sanciones no penales. La Office de Radiodiffusion-Télévision du Mali (ORTM) es la radiodifusora pública. La Autorité de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) se ocupa de la protección de datos personales y la Autorité Malienne de Régulation des Télécommunications, des Technologies de l’Information et de la Communication et des Postes (AMRTP) regula las telecomunicaciones y los servicios relacionados. El 13 de mayo de 2025 se disolvieron en todo el país todos los partidos y organizaciones políticas, se prohibió la actividad política de esas organizaciones y se derogaron la carta de los partidos y el estatuto de la oposición; esto no fusiona la regulación de los medios ni el acceso administrativo con la administración electoral. El Presidente es comandante supremo de las Forces Armées et de Sécurité. Estas fuerzas protegen la integridad territorial, a las personas y los bienes, el orden público y la aplicación de la ley, y pueden apoyar el desarrollo y la protección medioambiental. La Constitución dispone que son republicanas y apolíticas, y están bajo autoridad política civil. Los principales componentes son las Fuerzas Armadas de Malí, conocidas como FAMa, la Policía Nacional, la Gendarmería Nacional, la Guardia Nacional y la Protection Civile. La Gendarmería desempeña funciones de policía administrativa y judicial, seguridad pública, protección institucional y defensa territorial. La Protection Civile prepara la respuesta a riesgos, realiza rescates y responde a catástrofes. Una reforma de 2026 se refiere a las adquisiciones nacionales para defensa y seguridad, y el Protocolo de Defensa y Seguridad de la Alliance des États du Sahel se ratificó el 6 de mayo de 2026. El mandato de la MINUSMA terminó en 2023. Los ciudadanos y residentes pueden utilizar los organismos públicos conforme a la legislación aplicable a cada servicio y a sus criterios de elegibilidad. Las autoridades públicas deben actuar de manera legal, igualitaria, imparcial, neutral y continua, pero el acceso práctico y los plazos siguen dependiendo del servicio. Se puede presentar una reclamación por escrito al Médiateur de la République por un mal funcionamiento administrativo, mientras que las sospechas de corrupción o riqueza inexplicada pueden comunicarse a los organismos de supervisión competentes.