Derecho de inmigración en Mauritania

Las principales bases jurídicas incluyen el Decreto n.º 64-169, de 15 de diciembre de 1964; la Ley n.º 65-046, de 23 de febrero de 1965, modificada por la Ley n.º 2024-038; las normas laborales del Decreto n.º 2022-022; el marco de protección del Decreto n.º 2022-063; y el Código de Nacionalidad conforme a la Ley n.º 61-112 y sus modificaciones. El Ministerio del Interior y la DGAT se ocupan de la administración general de migración. La ANRPTS gestiona los servicios de visados y tarjetas de residencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Empleo, la DGE y TECHGHIL, el Ministerio de Justicia y la DACS también tienen responsabilidades en procedimientos específicos. La CNCRPP y ACNUR desempeñan un papel central en la práctica de registro y protección de personas refugiadas. Todos los visados se tramitan electrónicamente a través de la ANRPTS y la entrada se realiza por pasos fronterizos internacionales. El pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses. Los períodos de visado publicados oficialmente incluyen 30 días, 90 días, de 3 a 12 meses, de 1 a 2 años, de 2 a 3 años y más de 3 años. El portal electrónico actual ofrece opciones de 30, 90 y 360 días. Las tasas publicadas varían entre nacionales de países árabes y africanos y nacionales de otras partes del mundo: 40 € o 55 € para 30 días, 70 € o 95 € para 90 días, 135 € o 190 € para 3 a 12 meses, 190 € o 270 € para 1 a 2 años, 270 € o 405 € para 2 a 3 años y 540 € o 810 € para períodos de más de 3 años. Hay exenciones bilaterales de visado, pero su alcance depende del pasaporte y la nacionalidad correspondientes. La tarjeta de residencia, denominada comúnmente carte de séjour, acredita la estancia legal de una persona extranjera. Las solicitudes se presentan en un Centre d’accueil des citoyens o ante la ANRPTS. El portal revisado no especifica un plazo general de tramitación ni una tasa, y los documentos justificativos dependen del motivo de residencia. Un trabajador del sector privado suele presentar un contrato de trabajo certificado o un permiso de trabajo. Una persona empresaria puede necesitar un registre de commerce y justificantes de pago de impuestos. Para trabajar en la función pública se requieren pruebas de empleo, y para la residencia diplomática se debe acreditar la misión. El estudiante presenta un certificado de matriculación; la enseñanza privada puede requerir además la certificación del ministerio competente. Un estudiante de una mahadra presenta un certificado del centro. Una persona que trabaja en una ONG acreditada aporta pruebas de empleo o contrato junto con el agrément de la organización. Un ciudadano mauritano puede asumir el patrocinio ante notario. La residencia por matrimonio puede acreditarse mediante un certificado biométrico de matrimonio expedido por la ANRPTS, una decisión judicial o un documento matrimonial extranjero autenticado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Un menor puede presentar pruebas de su vínculo familiar con un progenitor residente en Mauritania. El permiso de trabajo, regulado por el Decreto n.º 2022-022, lo gestiona la DGE. El expediente habitual incluye una attestation de travail, un currículum, una fotografía, el diploma, una copia del pasaporte y el contrato de trabajo. El plazo indicado es de 30 días y el trámite figura como gratuito. En la práctica, el permiso de trabajo también es fundamental para obtener la tarjeta de residencia. Los estudiantes extranjeros reciben un número de estudiante mediante un proceso en el que intervienen la embajada, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Direction d’Enseignement privé. El número se expide en un plazo de 24 horas y sin coste, pero el estudiante aún necesita documentos separados para la tarjeta de residencia. Los procedimientos revisados de Mauritania no muestran un trámite integral e independiente de reunificación familiar. Hay vías funcionales basadas en el matrimonio, el patrocinio notarial y la residencia por vínculo familiar con un progenitor residente. Los documentos del estado civil respaldan la solicitud de inmigración, mientras que la cuestión de derecho civil subyacente es un asunto aparte. Los procedimientos de inmigración revisados tampoco muestran un requisito general de curso de integración ni de certificado lingüístico. En la práctica, lo principal es la residencia y la documentación específica del propósito de la estancia. La protección de las personas refugiadas se rige por el Decreto n.º 2022-063, que sustituyó al Decreto n.º 2005-0022. ACNUR informa de que Mauritania no tiene una ley nacional de asilo independiente; el decreto constituye la base jurídica vigente, mientras que la CNCRPP y ACNUR se ocupan del registro y de los procedimientos relativos al estatuto. En principio, las personas refugiadas y reconocidas como necesitadas de protección pueden recibir documentos de protección, libertad de circulación, acceso a los tribunales, derechos de propiedad y acceso a la educación, el trabajo y la atención sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales. Puede haber disponible un documento de viaje de la Convención. La expulsión de una persona protegida se limita a motivos de seguridad o a una pena privativa de libertad por un delito o una infracción. Las personas protegidas no deben participar en actividades subversivas. Cuando pudieran aplicarse tanto la protección de personas refugiadas como el régimen ordinario de residencia, prevalece la primera. En los portales oficiales revisados no se identificó un procedimiento nacional independiente para obtener la residencia permanente en Mauritania. Residir durante mucho tiempo no crea automáticamente un estatuto permanente. Las alternativas prácticas son renovar la tarjeta de residencia si se siguen cumpliendo las condiciones o estudiar la posibilidad de solicitar la naturalización. La solicitud de naturalización se presenta ante la DACS y, por lo general, incluye una petición escrita, pruebas de residencia o una tarjeta de residencia, un certificado de antecedentes penales, un certificado médico y una investigación sobre la buena conducta moral. La tasa indicada es cero, pero no se especifica el plazo de tramitación y la decisión requiere la aprobación de la Presidencia. El plazo general de residencia establecido en el Código de Nacionalidad suele ser de 10 años. Algunas categorías privilegiadas pueden optar después de 5 años, entre ellas ciertas mujeres extranjeras casadas con nacionales mauritanos que hayan mantenido una residencia ininterrumpida. El matrimonio no confiere la nacionalidad automáticamente. La Ley n.º 2024-038 prevé sanciones por entrar sin autorización fuera de los pasos oficiales, infringir las normas de residencia e incumplir las reglas de inmigración profesional. Estas infracciones pueden dar lugar a una multa de entre 50.000 y 500.000 ouguiyas, a una pena de prisión de 2 a 6 meses o a ambas sanciones. Los visados, documentos de prórroga, tarjetas de residencia, permisos de trabajo o documentos de identidad falsos o falsificados pueden acarrear penas de prisión de 6 meses a 2 años, expulsión automática y una prohibición de reingreso de 1 a 10 años, a discreción de la administración competente. Las reclamaciones sobre visados o tarjetas de residencia pueden dirigirse a la ANRPTS. La DGE se ocupa de los permisos de trabajo y la DACS de la naturalización. El servicio jurídico del Ministerio de Asuntos Exteriores puede ayudar con disputas que afecten a personas extranjeras en Mauritania; la información revisada indica que el servicio es gratuito y no fija un plazo de tramitación. La asistencia jurídica está disponible a través de la oficina regionalmente competente del Bureau d’assistance judiciaire. Es gratuita y se indica un plazo de 15 días a un máximo de un mes, también para personas en detención administrativa, refugiadas o solicitantes de asilo. Las fuentes oficiales revisadas no publican con claridad el procedimiento general de apelación contra la denegación de un visado o de residencia, por lo que conviene obtener asesoramiento jurídico local si la denegación afecta al estatuto, la expulsión o el reingreso. El régimen nacional se aplica en todo Mauritania. La práctica relacionada con la protección es especialmente pertinente en Hodh Chargui y en la zona del campo de Mbera, así como en Nuakchot y Nuadibú. No se identificaron normas de inmigración distintas y fiables para una región administrativa o un municipio. Las cuestiones fronterizas y de llegada corresponden a este tema únicamente cuando atañen a visados o condiciones de entrada; la administración estatal y el estado civil solo aparecen cuando aportan un documento o una autoridad pertinente para la inmigración. El retorno y la trata de personas se incluyen aquí solo cuando guardan relación directa con la expulsión o la protección.