Medios de comunicación en Moldavia

El término local mass-media abarca periódicos, prensa en línea, radio, televisión, servicios audiovisuales, distribución de streaming y plataformas sociales. El sistema está consolidado, pero fragmentado estructuralmente. Los canales móviles y sociales tienen gran importancia para descubrir noticias, participar y difundir contenido audiovisual creado por usuarios. En 2024, las suscripciones a Internet fijo superaron las 899.300, la penetración de Internet fijo llegó a 77,3 por cada 100 hogares, la de Internet móvil alcanzó 120,9 por cada 100 habitantes y la transmisión o retransmisión audiovisual llegó a 62,6 por cada 100 hogares. Estas cifras describen la infraestructura de acceso, no la cuota de mercado de plataformas concretas. Moldavia no tiene una tabla nacional oficial y consolidada de precios, catálogos, audiencias o requisitos de elegibilidad de las plataformas OTT; por eso, las comparaciones de streaming dependen de cada proveedor. El Consiliul Audiovizualului, habitualmente abreviado CA, concede licencias y supervisa a proveedores audiovisuales, vigila la transparencia de la propiedad y puede imponer sanciones dentro de su competencia legal. Una referencia oficial detallada de 2023 registró 53 proveedores de televisión con 57 licencias de emisión y 56 proveedores de radio con 61 licencias. La misma referencia registró una cuota del 50 % de televisión en rumano y normas de difusión obligatoria que exigían que al menos el 50 % de los servicios procediera de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá o Estados cubiertos por el convenio pertinente. La investigación disponible no permite establecer el número exacto de proveedores nacionales para 2026. Los proveedores también deben cumplir las condiciones de sus licencias y las normas sobre contenidos, publicidad, elecciones, información y protección infantil. La regulación de la CA no equivale al control general de cada publicación de los usuarios en una plataforma social. IP Teleradio-Moldova, o TRM, ofrece televisión, radio y materiales web de servicio público. Su mandato incluye información justa, equidistante e imparcial, pluralismo, libertad de expresión y programas para niños, jóvenes y adultos. Atiende al interés público de Moldavia y del extranjero, y no es el mismo tipo de servicio que una plataforma privada de streaming. Los servicios audiovisuales privados, los proveedores de vídeo en línea y el acceso a televisión de pago dependen de la oferta técnica, el catálogo, las condiciones de suscripción y los controles de edad de cada proveedor. La actividad de prensa se apoya en el marco legal sobre prensa, libertad de expresión, información de interés público y publicidad, incluidas las leyes 243/1994, 64/2010, 148/2023 y 62/2022. Los organismos públicos pueden publicar información de forma proactiva; una solicitud presentada conforme a la Ley 148/2023 suele recibir respuesta en 10 días naturales. Para una solicitud compleja o de gran volumen se puede conceder una prórroga de hasta 7 días. El Ombudsman y la Cancillería del Estado también desempeñan funciones de supervisión o control en el marco de la información pública. El Consiliul de Presă es un organismo nacional independiente de autorregulación del periodismo. Su Código de Ética, actualizado en el Foro de Medios de Comunicación de 2024, contiene más de 100 normas sobre exactitud, personas vulnerables, derechos humanos, conflictos de intereses, técnicas especiales, uso de inteligencia artificial y autorregulación. El público puede presentar una queja en línea y la Secretaría puede prestar asistencia. La mediación o un acuerdo amistoso suele tardar entre 2 y 3 meses. El Consejo puede emitir decisiones, recomendaciones o críticas públicas, pero no impone sanciones económicas. Las posibles soluciones incluyen el derecho de réplica, una rectificación o la retirada del contenido. Su recomendación permite citas de hasta 500 caracteres si se facilitan la fuente, el autor y el enlace directo; la reutilización íntegra requiere un acuerdo de derechos de autor. Los proveedores de medios y periodistas deben equilibrar la libertad de expresión con sus obligaciones de verificación, exactitud, rectificación, imparcialidad, privacidad, no discriminación, derechos de autor y protección infantil. El Centre for Strategic Communication and Countering Disinformation aborda la comunicación estratégica y la desinformación. El uso crítico de los medios también requiere comprobar fuentes, comparar reportajes y utilizar con cuidado los procedimientos de acceso a la información pública. Los niños y jóvenes están amparados por la Ley 30/2013 de protección frente a la información perjudicial. Un plan de acción gubernamental de 2024 aborda entornos en línea más seguros, alianzas para denunciar material de abuso sexual infantil, campañas de concienciación y seguimiento de las normas de seguridad en línea en las escuelas. Según la investigación, el 81 % de los niños de 9 a 17 años accede a Internet desde varios dispositivos, pero no se ha establecido un perfil nacional fiable por edades del uso de streaming o redes sociales. El plan interministerial de alfabetización mediática 2024–2026 está coordinado por el Ministerul Educației și Cercetării y el Ministerul Culturii. Combina aprendizaje formal y no formal en pensamiento crítico, alfabetización informativa, mediática y digital, incluida la asignatura escolar optativa Educație pentru media. La participación incluye solicitudes de información pública, peticiones a la CA que pueden dar lugar a una inspección, y quejas o iniciativas propias ante el Consiliul de Presă. El mandato de pluralismo y espíritu cívico de la emisora pública también promueve la participación. El Fundul pentru subvenționarea mass-mediei, administrado por el Ministerio de Cultura y un consejo de expertos conforme a la Ley 50/2024, apoya el pluralismo mediático, no a consumidores individuales. La convocatoria de 2026 exige una cofinanciación nacional de al menos el 25 % para la televisión privada nacional y de al menos el 15 % para otros medios, incluida la prensa escrita, los medios en línea y la televisión regional y local. Los solicitantes deben aportar documentación, informes financieros, información sobre las fuentes de financiación y comprobaciones de conflictos de intereses; pueden estar sujetos a sanciones.