Vivienda en Moldavia

La propiedad privada es la modalidad de vivienda predominante en Moldavia; según el censo de 2024, el 99,7 % del parque de viviendas ocupado era de propiedad privada. El alquiler urbano es más relevante que el rural; en Chișinău, el 81,3 % de los hogares ocupaba una vivienda propia. La vivienda puede adquirirse, alquilarse, asignarse mediante un programa municipal o social, o proporcionarse en modalidades asistidas como viviendas protegidas y casas comunitarias. Antes de pagar o tomar posesión, el comprador debe comprobar la propiedad en el sistema catastral. La inscripción catastral registra terrenos y derechos inmobiliarios. El Registro Estatal de Bienes Inmuebles, administrado a través de ASP, puede mostrar al propietario inscrito, copropietarios, restricciones, prohibiciones, hipotecas, servidumbres e identificación catastral del inmueble. El comprador también debe comprobar documentos de herencia o transmisión, deudas de suministros, estado técnico y de puesta en servicio del edificio, y señales de modificaciones no autorizadas. Los derechos y operaciones inmobiliarios que requieren inscripción deben registrarse ante ASP tras la autenticación y las comprobaciones documentales exigidas legalmente. Los inmuebles en Transnistria o Bender requieren comprobación específica porque los registros de ASP de la margen derecha y las suposiciones basadas en ellos quizá no se apliquen igual. Un arrendamiento privado, llamado también contract de locațiune o închiriere, debe formalizarse por escrito. Debe identificar la vivienda, arrendador, inquilino, duración, alquiler, depósito, suministros, reparaciones, preavisos, inventario, lecturas de contadores, subarriendo y modificaciones. Un arrendamiento de más de tres años debe inscribirse en Registrul bunurilor imobile; sin esa inscripción podría no ser oponible a terceros. Una persona física que alquila un inmueble suele registrar el contrato de alquiler ante SFS en siete días hábiles y pagar el 7 % del valor mensual contractual según las orientaciones vigentes de SFS. Puede presentar la solicitud en una oficina fiscal, mediante e-Cerere, por correo certificado o por correo electrónico. Un acuerdo no escrito puede declararse a SFS, pero ofrece pruebas más débiles del alquiler acordado, historial de pagos y responsabilidades. Un contrato firmado y pagos trazables ofrecen mayor protección. La vivienda social, llamada locuință socială, se asigna mediante decisión del consejo local a una persona o familia que necesita protección social. Las reglas de elegibilidad, registros, documentos y listas de espera varían según el municipio; no debe suponerse una única lista nacional ni un portal universal de asignación. Tras la decisión, normalmente se celebra el contrato en 30 días y puede durar hasta cinco años. La autoridad comprueba la elegibilidad continua al menos cada 2,5 años; puede concederse una prórroga de hasta cinco años si siguen cumpliéndose las condiciones y se presentan los documentos exigidos, por lo general al menos dos meses antes del vencimiento. La norma indicativa de espacio habitable es de 9 metros cuadrados por persona, con un excedente de hasta 12 metros cuadrados por familia en casos concretos. El alquiler y los servicios comunales y no comunales se pagan conforme al contrato y factura, normalmente antes del día 30 del mes de facturación. Locuințe Publice III es un programa previsto, no un derecho universal; la planificación oficial prevé para 2030 unas 450 viviendas sociales, 730 plazas en residencias estudiantiles y 730 plazas en residencias para personas mayores, con acceso condicionado por proyectos y criterios institucionales. Prima Casă Plus es una vía hipotecaria con garantía estatal, no un derecho automático a vivienda. La página del programa indica un precio máximo de vivienda de 2,5 millones de lei, un plazo máximo de crédito de 30 años, cuotas de garantía de hasta 70 % fuera de Chișinău y 50 % en Chișinău, y hasta 65 % para ciertas viviendas más nuevas en Chișinău. Los bancos siguen evaluando ingresos, documentos, capacidad de pago y condiciones del programa. Los tipos de interés, márgenes, comisiones y otras condiciones bancarias pueden cambiar y deben comprobarse al solicitarlo. Durante la ocupación, el contrato de arrendamiento determina muchas obligaciones entre arrendador e inquilino. El arrendador debe entregar la vivienda en el estado de uso acordado y libre de defectos materiales o jurídicos. Un defecto material que afecte el uso puede justificar una reducción del alquiler. Reparaciones, mantenimiento, modificaciones y subarriendo dependen del contrato y de la ley aplicable. En un condominio, los elementos comunes son copropiedad y los administra la asociación de propietarios, llamada asociație de proprietari din condominiu. En general, los propietarios contribuyen proporcionalmente a los gastos comunes; el inquilino solo los paga si el contrato se lo asigna. Los suministros deben comprobarse por separado del arrendamiento. Anote números y lecturas de contadores, identifique al titular de la cuenta, confirme el contrato de suministro y compruebe deudas de calefacción, agua, alcantarillado, electricidad y gas. Una reclamación al proveedor puede elevarse a ANRE, la Agencia Nacional de Regulación de la Energía, cuya línea de consumidores es 0 8001 0008, y después, si corresponde, a un tribunal. El registro de domicilio o residencia temporal es un dato administrativo de población; no crea propiedad ni otro derecho de vivienda. ASP publica actualmente un impuesto estatal de 50 lei más una tarifa de 50 lei por el servicio de registro correspondiente. Al terminar un acuerdo de vivienda, utilice un acta escrita de entrega con inventario, lecturas de contadores, llaves y liquidación del depósito. La terminación de un arrendamiento privado se rige por el Código Civil, el contrato, acuerdo mutuo o procedimiento legal aplicable. La Ley de Vivienda establece un marco de preaviso de tres meses para arrendador e inquilino; entre los supuestos especiales sin preaviso puede haber uso indebido, impago grave, daños importantes, conducta intolerable, tres meses sin pagar gastos comunes asignados o negativa a obras comunes necesarias de rehabilitación o suministro. El arrendador no puede sustituir legalmente un procedimiento formal de desahucio por un cambio de cerradura por cuenta propia. Propiedad, alquiler, suministros, gastos de transacción, impuestos, gastos comunes y compensación energética se rigen por reglas distintas y sus importes varían; compruebe tarifas y plazos vigentes con ASP, SFS, municipio, notario, banco o empresa de suministros pertinente.