Derecho civil en Mongolia

El derecho civil mongol se basa principalmente en el Código Civil de 2002 y leyes relacionadas. Reconoce la igualdad de las partes privadas, la autonomía personal, la protección de la propiedad, la libertad contractual, la no injerencia y la indemnización por daños mediante acuerdo o tutela judicial. Cuando corresponda, prevalece un tratado internacional. Puede regir una ley extranjera si las normas mongolas de conflicto de leyes lo permiten y su aplicación no contradice el derecho mongol. La capacidad jurídica civil de una persona existe desde el nacimiento hasta la muerte. La plena capacidad suele comenzar a los 18 años. Un tribunal puede emancipar a una persona de 16 o 17 años con el consentimiento requerido de sus progenitores o tutor. Las personas de 14 a 17 años suelen tener capacidad parcial. Una persona jurídica adquiere capacidad al inscribirse en el Registro Estatal y la pierde con su liquidación y eliminación de dicho registro. En general, los ciudadanos extranjeros y las personas apátridas tienen una capacidad civil comparable a la de los ciudadanos mongoles, sujeta a restricciones legales. Una persona puede actuar por sí misma, mediante representante legal o mediante abogado. Los contratos pueden ser orales, escritos, notarizados o electrónicos, según la transacción. Un contrato electrónico utiliza una firma electrónica o digital cuando la ley la exige. Entre las formas habituales figuran compraventa, permuta, donación, préstamo, arrendamiento, arrendamiento financiero, arrendamiento de tierras, franquicia, prenda, hipoteca y garantía. Las partes deben cumplir correctamente, dentro del plazo acordado y de buena fe. Un incumplimiento puede dar lugar a cumplimiento, indemnización o remedios contractuales. La transmisión de todos los bienes actuales requiere notarización. El contrato de bienes entre cónyuges debe ser escrito y notarizado. Las partes pueden elegir la ley aplicable, pero si no lo hacen, la regla supletoria depende del tipo de contrato. El plazo general de prescripción es de 10 años; para reclamaciones contractuales suele ser de 3 años y para reclamaciones sobre contratos de bienes inmuebles, de 6 años. Los bienes pueden ser públicos o privados. La propiedad pública puede pertenecer al Estado, una autoridad local, una entidad eclesiástica o una comunidad. La propiedad privada puede pertenecer a una persona o conjuntamente a varias. Normalmente comprende la posesión, el uso, la disposición y la protección del bien. Los derechos sobre bienes inmuebles y derechos relacionados, como usufructo, prenda e hipoteca, se inscriben en el Registro Estatal integrado. Por regla general, la tierra sigue siendo propiedad estatal. Conforme a las normas especiales de asignación de terrenos, los ciudadanos mongoles pueden ser propietarios privados de tierras destinadas, por ejemplo, a necesidades familiares y agricultura; el Código Civil no establece un derecho general de propiedad privada de terrenos para personas extranjeras. Las transmisiones, ventas, permutas, donaciones y prendas de tierras siguen procedimientos legales y pueden involucrar al Registro Estatal, la Oficina de Tierras y un gobernador de soum o distrito. La inscripción, los linderos y el uso permitido afectan a la situación jurídica. Entre los costes habituales se encuentran el impuesto de timbre, los honorarios notariales, la tasación y las tasas registrales. Por regla general, las reclamaciones por daños a bienes prescriben a los 5 años. Las relaciones familiares se rigen principalmente por la Ley de Familia, el Código Civil y las normas de registro del estado civil. Para contraer matrimonio, ambas partes suelen tener que contar con al menos 18 años, consentir libremente e inscribir el matrimonio ante la autoridad de registro estatal o una misión diplomática mongola. Los derechos y deberes matrimoniales empiezan con la inscripción. El divorcio se tramita ante los tribunales, que normalmente consideran primero la reconciliación y pueden suspender el caso hasta 3 meses. Se puede omitir ese paso en casos de violencia o daño grave. La mediación o un acuerdo pueden abordar custodia, manutención y bienes de propiedad conjunta. Si los progenitores no llegan a un acuerdo, el tribunal considera la edad del menor, sus cuidados, condiciones de vida, capacidad y conducta de las partes y cualquier violencia. El tribunal tiene en cuenta la opinión de un menor de 7 años o más. Los cónyuges, progenitores e hijos pueden tener obligaciones mutuas de manutención. Las normas de manutención de menores fijan importes mínimos específicos. Para un menor de menos de 11 años, la manutención suele ser el 50 % del salario mínimo regional de subsistencia. Para un menor de 11 a 16 años, o hasta los 18 si asiste a la escuela, suele ser al menos el salario mínimo de subsistencia. Si la persona deudora solo percibe salario o ingresos equivalentes, las deducciones suelen limitarse al 50 % del salario mensual. La manutención del cónyuge o de un familiar suele ser como mínimo el salario mínimo regional de subsistencia cuando se cumplen las condiciones legales. Un acuerdo de manutención notarizado puede respaldar una orden directa de un juez y su ejecución. La adopción requiere consentimiento parental escrito y notarizado, y el consentimiento del menor si tiene 7 años o más. La solicitud se presenta al gobernador de soum o distrito, cuya decisión suele emitirse en 20 días naturales; después se efectúa el registro civil y familiar. Quien adopta desde el extranjero suele acudir a la autoridad competente de su país de origen; puede aplicarse una excepción de residencia de 6 meses. La tutela suele referirse a menores de 14 años y la custodia a menores de 14 a 17. El gobernador de soum o distrito designa y supervisa la tutela y la custodia. Pueden aplicarse tasas registrales, notariales y judiciales. Una persona insolvente que reclama manutención infantil puede reunir los requisitos para asistencia jurídica gratuita. La sucesión puede regirse por testamento o por la sucesión legal. El caudal hereditario se abre en la fecha de fallecimiento o de declaración de fallecimiento, normalmente en la última residencia de la persona fallecida o donde se encuentre la parte principal del caudal. En general, los herederos legales incluyen por partes iguales al cónyuge, hijos adoptivos y biológicos, y progenitores o padres de acogida. Si no están, renuncian o quedan descalificados, la sucesión puede pasar a abuelos, hermanos y nietos, y luego a otros descendientes. Una persona dependiente con discapacidad puede tener derecho a una parte igual. Por lo general, se considera que un heredero que convivía con la persona causante ha aceptado la herencia salvo que presente una renuncia notarizada ante notario o gobernador de soum o bagh en 3 meses. Otros herederos pueden aceptarla tomando posesión o administrando el caudal, o solicitándolo a un notario o gobernador de soum o bagh en un año. Por regla general, el derecho a aceptar fuera de plazo se considera renunciado, aunque un tribunal puede restablecerlo por motivos justificados. El certificado de derecho hereditario suele expedirse después de un año, con excepciones que permiten hacerlo antes. Por regla general, los acreedores disponen de un año para presentar sus reclamaciones. Los herederos pueden repartir el caudal por acuerdo; las disputas se resuelven en los tribunales. La responsabilidad civil puede surgir de un contrato o de un acto intencional o negligente que perjudique derechos, vida, salud, dignidad, reputación comercial o bienes. Los daños a bienes pueden repararse, reemplazarse, restaurarse o pagarse como pérdida monetaria. Puede haber indemnización por daño moral causado por información difamatoria aunque no se demuestre una pérdida material. La responsabilidad por bienes defectuosos puede surgir sin contrato, aunque las normas de protección del consumidor son el régimen principal para los asuntos de consumo. La muerte o pérdida de capacidad laboral puede generar pagos periódicos. También se regulan el enriquecimiento injusto y el cumplimiento de la obligación de otra persona. La prescripción general es de 10 años; para las reclamaciones por daños a bienes suele aplicarse un plazo de 5 años. Los casos civiles mongoles se tramitan ante el Tribunal Supremo, tribunales de apelación de aimag y de la capital, y tribunales de primera instancia de soum, inter-soum y distrito. Un aimag es una división administrativa de nivel provincial. Una parte o representante, incluido un abogado, presenta una demanda escrita. Las pruebas pueden incluir explicaciones de las partes, testimonios, documentos, pruebas físicas, peritajes y grabaciones de audio o vídeo. Las partes tienen la responsabilidad principal de presentar y obtener pruebas, aunque un tribunal puede ordenarlas o recabarlas. Los procedimientos y documentos se tramitan en mongol. Quien no entienda mongol puede solicitar intérprete; las pruebas en lenguas extranjeras suelen requerir traducción al mongol por traductor habilitado y certificación notarial. La apelación se presenta a través del tribunal que resolvió el caso. El panel de apelación tiene tres jueces y el plazo habitual de revisión es de 30 días desde que recibe el expediente. El Tribunal Supremo conoce los recursos de casación o revisión dentro de su competencia. Por lo general, la parte demandante adelanta el impuesto de timbre estatal. Si prospera la demanda, la parte demandada puede tener que reembolsarlo. Los gastos judiciales también pueden incluir peritos, intérpretes, testigos, exámenes, almacenamiento y desplazamientos; las tasas dependen del arancel y del procedimiento. Las personas insolventes pueden reunir los requisitos para recibir asesoramiento jurídico gratuito, y ciertos casos protegidos —incluidas algunas reclamaciones insolventes de manutención infantil— pueden recibir representación gratuita. La Organización de Asistencia Jurídica, sus sucursales y abogados estatales adscritos al organismo central de asuntos jurídicos prestan ayuda según los requisitos aplicables. Puede recurrirse al arbitraje si las partes han pactado arbitraje. Los notarios autentican documentos y firmas y realizan actos hereditarios y algunos actos sobre bienes. Puede ejecutarse una sentencia civil firme, una orden judicial de procedimiento simplificado, determinadas decisiones de tribunales extranjeros o internacionales, un laudo arbitral, un instrumento notarial u otra orden prevista por la ley. La Agencia de Ejecución de Decisiones Judiciales y sus agentes llevan a cabo la ejecución. Por regla general, las decisiones civiles ordinarias tienen un plazo de ejecución de 4 años. Las categorías extranjeras, internacionales, arbitrales y notariales suelen tener un plazo de 3 años; una orden judicial que valida medidas de ejecución suele tener un plazo de 2 años. Las obligaciones de cuidado y los pagos periódicos siguen reglas especiales continuas. Un acreedor puede pedir al tribunal que restablezca un plazo vencido por una demora justificada. Un acreedor o deudor puede participar en la ejecución, revisar el expediente, obtener copias y explicaciones, presentar solicitudes y pedir la recusación de un agente ejecutor. Las medidas pueden incluir avisos, retenciones salariales, declaraciones de bienes, búsquedas, consultas registrales, congelación o precinto de activos, embargo de garantías, bloqueo de cuentas bancarias, venta o subasta, administración de bienes inmuebles y restricciones de viaje. Una declaración suele tener un plazo de 7 días. Normalmente, las medidas de ejecución se realizan entre las 06:00 y las 22:00. Un deudor puede incorporarse al registro nacional de deudores. Puede imponerse una restricción de viaje por una reclamación pecuniaria superior a 50.000.000 MNT o por una obligación de cuidado atrasada más de 3 meses cuando exista evasión, ocultamiento o riesgo de fuga. Los costes de almacenamiento, transporte, tasación, venta, búsqueda y comunicación pueden cargarse inicialmente a través de la agencia ejecutora y generar gastos para el acreedor. Las órdenes de agentes ejecutores pueden impugnarse en el plazo legal, y la policía puede ayudar con registros y seguridad. Los servicios judiciales, arbitrales, notariales, de registro civil, de personas jurídicas y de bienes inmuebles pueden conllevar impuestos de timbre estatal u otras tasas. El importe depende del valor de la reclamación o transacción o del arancel del servicio; no hay una tarifa universal. La admisibilidad a asistencia jurídica depende principalmente de la insolvencia, que puede evaluarse mediante la base integrada de bienestar familiar o pruebas del gobernador de bagh o khoroo, junto con documentación de ingresos inferiores al umbral de pobreza. La representación completa gratuita no es automática para todas las disputas civiles.