Deuda en Montenegro

Los bancos, las instituciones financieras de microcrédito y las empresas de arrendamiento financiero ofrecen los principales productos de crédito al consumo regulados en Montenegro. Antes de firmar, el prestamista debe facilitar el formulario precontractual prescrito, denominado Formulario PK, con las características del producto, el coste total y la información jurídica pertinente. La tasa anual equivalente (TAE) combina intereses, tasas, impuestos y seguros adicionales sujetos a condiciones. El prestamista debe mostrar la TAE antes de la firma, y la Ley de Créditos al Consumo se aplica desde noviembre de 2025 con un límite legal de TAE y controles más estrictos de solvencia. El consumidor puede desistir de un contrato de crédito cubierto en un plazo de 14 días sin dar motivos. Tras avisar al prestamista, por lo general debe devolver el capital y los intereses devengados en un plazo de 30 días; si se cumplen las condiciones legales, solo pueden quedar los gastos de notaría y documentación. Se permite el reembolso total o parcial anticipado en cualquier momento, por lo que dejan de devengarse intereses y otros costes futuros del crédito. La compensación se limita a los casos en que se reembolsan más de 10.000 € en un período de 12 meses y está limitada al 1 % o al 0,5 %, según el plazo restante. No se aplica esa compensación al reembolso mediante seguro, a los descubiertos ni durante un período de interés variable. El Banco Central de Montenegro (CBCG) mantiene el Registro de Crédito (Kreditni registar), una base de datos normalizada de préstamos y otras obligaciones declaradas. Los bancos, las instituciones de microcrédito, el Fondo de Inversión y Desarrollo, las empresas de arrendamiento financiero y factoring y ciertos compradores de deuda comunican datos al registro. Un prestatario o avalista puede solicitar su propio informe mediante una solicitud o un certificado electrónico por una tasa de 3 €. El informe puede mostrar el saldo actual, los pagos, el historial de pagos y, para una persona jurídica o un empresario, posibles bloqueos de cuentas. Para obtener los datos de otra persona se necesita un poder verificado. Cuando los pagos se vuelvan difíciles, contacta pronto con el acreedor y solicita un acuerdo voluntario o una reestructuración. Estos acuerdos dependen del acreedor y del contrato; las fuentes revisadas no establecieron un derecho legal uniforme a la refinanciación. Las negociaciones por dificultades económicas con cada acreedor son principalmente informales, mientras que el alivio de los atrasos y el acceso a la resolución alternativa de conflictos siguen fragmentados. En el nuevo marco, los acreedores deben adoptar al menos medidas razonables de acuerdo antes de iniciar la ejecución en los casos pertinentes, incluidas las medidas reflejadas en las publicaciones oficiales 135/25 y 104/26. Por lo general, primero se presenta una reclamación escrita al acreedor. Para reclamaciones sobre derechos conforme a la Ley de Créditos al Consumo, la respuesta debe ser inmediata o, si el asunto es complejo, en un máximo de ocho días; para una reclamación por incumplimiento contractual, el plazo de respuesta puede llegar a 15 días. Si la respuesta no resuelve el problema, el consumidor puede contactar por escrito con el CBCG, por correo electrónico o a través del CISZP. El CBCG supervisa, asesora y puede emitir recomendaciones, pero no resuelve el conflicto privado ni modifica el contrato de crédito. La resolución alternativa de conflictos (ADR) significa mediación o arbitraje, incluidos los procedimientos ante la Junta de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Montenegro. La asistencia jurídica gratuita (Besplatna pravna pomoć) está disponible para personas con pocos recursos y grupos protegidos legalmente que cumplan las condiciones aplicables. El presidente o un juez autorizado del Tribunal Básico del lugar de residencia o estancia del solicitante decide el acceso. El servicio puede incluir asesoramiento jurídico, redacción de documentos, representación, ADR, procedimientos ante un agente público de ejecución (javni izvršitelj) y exención de tasas judiciales. La solicitud requiere información sobre bienes, ingresos y circunstancias familiares. Los atrasos pueden dar lugar a un acuerdo o a una ejecución conforme a la Ley de Ejecución y Garantía. Un agente público de ejecución (javni izvršitelj) lleva a cabo medidas de ejecución. Los proyectos de enmiendas de 2025 y 2026 se refieren a la notificación de documentos, cuentas bancarias, salarios, ejecución sobre bienes y costes; siguen siendo proyectos y no deben tratarse como legislación vigente hasta su aprobación. Las fuentes oficiales revisadas de Montenegro tampoco identificaron un procedimiento general de insolvencia del consumidor ni un mecanismo general de condonación de deuda, por lo que un deudor particular no debe suponer que declararse en quiebra eliminará su deuda de consumo. La deuda empresarial sigue otra vía. Conforme a la Ley de Insolvencia de Organizaciones Empresariales, una empresa puede entrar en reorganización o quiebra a través del tribunal competente, con un administrador cuando corresponda. En la versión revisada, la intención de reorganizarse debe presentarse en los 20 días siguientes a la solicitud de insolvencia. La deuda pública es un asunto separado: el Ministerio de Finanzas gestiona el endeudamiento estatal mediante bonos nacionales e internacionales y préstamos de instituciones financieras internacionales. La Estrategia de Gestión de la Deuda a Medio Plazo 2025–2027 proyecta una deuda pública media del 62,5 % del PIB y una deuda pública neta del 59 % del PIB durante ese período; está disponible un informe trimestral fechado el 31 de marzo de 2026. Estas cifras describen al Estado, no una forma de pagar la deuda de un particular.