Vivienda en Mozambique

Entre los términos locales están casa o moradia para una vivienda y arrendamento para el alquiler privado. El acceso a la vivienda es fragmentado: las personas pueden alquilar de forma privada, comprar un edificio o inmueble urbano, construir en un terreno, recurrir a la ocupación consuetudinaria o basarse en la posesión adquirida de buena fe. Un DUAT, o título de uso y aprovechamiento de la tierra, acredita el derecho a usar y aprovechar una parcela. El Estado es propietario de la tierra, por lo que no es válido pagar por su propiedad solo porque lo exija un vendedor o intermediario. Una transferencia legal de un edificio urbano puede llevar aparejado el DUAT correspondiente, pero la tierra no se vende. Los ciudadanos nacionales pueden adquirir derechos de uso de la tierra mediante ocupación consuetudinaria o mediante ocupación de buena fe durante al menos 10 años, junto con la autorización escrita exigida. Las comunidades locales, los servicios públicos de catastro, los administradores de distrito y las autoridades municipales pueden tener funciones según la ubicación y la vía utilizada. La falta de un título no elimina automáticamente un derecho basado en la ocupación; los testigos, las pruebas comunitarias y una evaluación pericial pueden ayudar a demostrarlo. Los extranjeros suelen necesitar un proyecto de inversión aprobado y al menos cinco años de residencia. Por regla general, una persona jurídica extranjera debe estar constituida y registrada en Mozambique. El crédito de vivienda de FFH suele estar destinado a ciudadanos mozambiqueños, mientras que el proyecto Renascer se dirige a hogares de bajos ingresos que reciben hasta dos salarios mínimos cuando se aplican las condiciones del proyecto. La solicitud o una categoría general de elegibilidad no garantizan la asignación de vivienda. Antes de alquilar, verifique al arrendador o titular, el contrato escrito, el uso, la duración, el alquiler, el depósito, los servicios, las reparaciones, el aviso de terminación y el estado de entrega. Guarde los recibos y anote las lecturas de los contadores, las llaves y el depósito. No se ha comprobado que exista una norma nacional uniforme para alquileres, depósitos o plazos de aviso; importan el contrato y las normas aplicables del derecho civil, mientras que las prácticas locales pueden afectar su cumplimiento. Antes de comprar o construir, compruebe el DUAT u otras pruebas de ocupación, los registros catastrales, inmobiliarios y fiscales disponibles, la identidad del titular del derecho y la situación ante el municipio u otra autoridad responsable. Una transferencia puede requerir un contrato legal, inscripción registral y una escritura pública u otra autorización formal. Un terreno urbano puede exigir información previa del municipio, un proyecto de construcción aprobado, licencia de construcción y, posteriormente, licencia de uso. Las referencias orientativas indican unos 90 días para que el municipio responda sobre un DUAT, autorización provisional por cinco años para ciudadanos nacionales y dos para extranjeros, y el inicio de la construcción dentro de dos años, con una posible prórroga de hasta seis meses. Estas cifras no sustituyen la consulta del procedimiento, las tasas y los plazos municipales actuales. La tramitación formal puede tardar más que la ocupación informal, sobre todo cuando los registros catastrales, la planificación, los documentos, las estaciones o los desastres provocan demoras. EDM suministra electricidad en todo el país, incluidas conexiones residenciales, cambios de titular, tarifas y servicios de prepago Credelec. ARENE regula la electricidad fuera de la red conforme al Decreto n.º 93/2021. FIPAG gestiona conexiones de agua solo en las zonas urbanas de servicio indicadas; la solicitud puede requerir identificación, número tributario NUIT, ciudad, distrito, bairro (barrio), dirección o referencia e información GPS. Fuera de las zonas de FIPAG, los hogares pueden recurrir a proveedores locales, fuentes públicas comunales, pozos o sondeos, de modo que el acceso está fragmentado y a veces es informal. Las condiciones de vivienda varían mucho entre zonas urbanas y rurales. La IDS 2022–23 informa que aproximadamente el 35,9 % de los hogares del país tienen acceso a electricidad, frente al 76,9 % en zonas urbanas y el 15,1 % en zonas rurales. El servicio básico de agua potable alcanza aproximadamente al 52,2 % de la población nacional, al 82,1 % en zonas urbanas y al 36,6 % en zonas rurales; el saneamiento básico alcanza alrededor del 32,2 %, el 59,2 % y el 18,1 %, respectivamente. Solo cerca del 6,3 % de la población utiliza tecnologías o combustibles limpios para cocinar. Aproximadamente el 50,3 % de los suelos son de adobe o tierra, frente al 31,5 % de cemento. Una estimación de referencia de un proyecto del Banco Mundial calculó que alrededor del 80 % de la población urbana construye en asentamientos periurbanos no planificados y a menudo expuestos a inundaciones; es una referencia del proyecto, no un censo actual. El drenaje, la elevación, el acceso vial, la exposición a ciclones e inundaciones y los posibles reasentamientos afectan, por tanto, la seguridad práctica de una parcela. En 2024, la política urbana también se centró en vivienda adecuada, infraestructura básica, sostenibilidad y resiliencia de asentamientos irregulares. Mientras se ocupa el terreno, el titular del DUAT tiene derecho a acceder a la tierra y utilizarla, protección contra intrusiones y, cuando corresponda, conexiones o servidumbres de acceso para carreteras, servicios y agua. La expropiación por interés público puede requerir indemnización. El titular debe utilizar la tierra legalmente, respetar las normas de planificación, medioambiente y gestión de desastres, mantener los límites y cumplir las obligaciones fiscales aplicables. Al terminar un alquiler, documente la entrega, liquide los servicios, devuelva las llaves y registre el resultado del depósito. Si vence, se renuncia o se revoca por interés público un derecho de uso, compruebe las normas de indemnización y las consecuencias para las mejoras permanentes. Los conflictos pueden tramitarse mediante mecanismos consuetudinarios o comunitarios, administración local, vías extrajudiciales o tribunales administrativos y ordinarios; el proceso adecuado depende del derecho, el contrato y la localidad. Los derechos relacionados con la vivienda pueden transmitirse por herencia, pero deben verificarse los registros y trámites. Mozambique sigue aplicando la Lei n.º 19/97, el Decreto n.º 66/98 y el Decreto n.º 60/2006; la revisión propuesta de la ley de tierras debatida en 2025–26 aún no estaba en vigor.