Naturaleza en Nicaragua

Nicaragua cuenta con vegetación tropical y subtropical, una cadena volcánica en el Pacífico, costas caribeña y pacífica, el lago Cocibolca, el lago Xolotlán, ríos, humedales, manglares, bosques húmedos y bosques nubosos. Se han registrado 68 formaciones vegetales en el país. Cerca del 91% del territorio drena hacia el Caribe, mientras que las cuencas restantes drenan hacia el lago Xolotlán, el lago Cocibolca y la costa del Pacífico. En 2024, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), administrado por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA), comprendía 76 áreas protegidas: 68 terrestres y 8 marino-costeras. Entre sus categorías están las reservas naturales, los refugios de vida silvestre, los parques nacionales, las reservas biológicas, las reservas de recursos genéticos y los paisajes terrestres y marinos protegidos. Nicaragua también cuenta con las reservas de biosfera Bosawás, Río San Juan/Sureste e Isla de Ometepe, reconocidas por el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO; nueve humedales Ramsar que abarcan 406,852 hectáreas; 215 reservas privadas reconocidas; y parques ecológicos municipales registrados hasta 2022. Nicaragua tiene 20,485 especies registradas de fauna y flora, entre ellas 1,999 vertebrados, 12,288 invertebrados, 6,014 plantas y 184 hongos. El trabajo de conservación abarca jaguares, tapires, manatíes, águilas harpías, lapas verdes, cocodrilos, tortugas marinas, pumas, monos y quetzales. El sistema nacional de vedas prohíbe o limita la extracción de determinadas especies y hábitats. Las vedas indefinidas incluyen tapires, jaguares, tortugas marinas, manglares y pochote; las vedas estacionales protegen la reproducción de especies como la langosta, la iguana y la boa. La extracción de langosta espinosa del Caribe está prohibida del 1 de marzo al 30 de junio. Las actividades en un área protegida se rigen por su Plan de Manejo aprobado. Cuando no existe un plan, MARENA puede aprobar un Plan Operativo Anual. La zonificación determina qué actividades de conservación, investigación, educación, producción o recreación pueden realizarse. La participación comunitaria forma parte de la protección y la gestión; en la cogestión pueden intervenir gobiernos regionales o municipales, comunidades indígenas y afrodescendientes, ONG y universidades. La gobernanza caribeña también refleja los derechos territoriales y la autonomía regional. Para declarar una reserva privada se requiere probar la propiedad o tenencia, presentar un plano topográfico, las coordenadas UTM WGS84 y una solicitud ante MARENA. Para realizar trabajo científico con especies se necesitan un protocolo, un proyecto técnico, un inventario de especies, el currículum vítae, pruebas de propiedad o tenencia, el formulario correspondiente y el pago. Los centros de cría de fauna silvestre, llamados zoocriaderos, pueden dedicarse a fines comunitarios, comerciales, de investigación, bancos genéticos o repoblación y requieren licencia. La CITES, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, se aplica al comercio internacional de especies incluidas en sus listas. La importación o exportación requiere registro y permiso de MARENA, con información sobre especies, cantidades, facturas y pago; un trámite CITES marino tiene una tarifa establecida de US$50. Los guías de naturaleza y las empresas turísticas que operan dentro de áreas protegidas necesitan autorización ambiental de MARENA mediante Ventanilla Única. Las solicitudes incluyen datos de identidad, pruebas de conocimiento del área protegida, equipo y un plan de primeros auxilios. La autorización especifica las actividades, la vigencia y el equipo; el guía o la empresa presenta informes mensuales de visitantes. Quienes organizan excursiones deben avisar por escrito y con anticipación a la oficina de MARENA más cercana, facilitar la identificación de los participantes y contratar a un guía o empresa autorizada. Dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación se requiere una certificación ambiental PGR, que debe obtenerse antes de iniciar la actividad. MARENA ofrece información sobre áreas protegidas, reservas de biosfera, humedales, parques municipales, reservas privadas, zoocriaderos y ecoturismo mediante su mapa interactivo. MARENA se encarga de la política ambiental, la administración de áreas protegidas, las autorizaciones, la supervisión y el seguimiento. INAFOR tiene competencia forestal; las alcaldías coordinan los parques ecológicos municipales y asuntos locales; e INETER proporciona datos geográficos y monitorea procesos naturales como sismos, actividad volcánica, deslizamientos, sequías, inundaciones, tsunamis, huracanes e incendios forestales. Se monitorean los volcanes San Cristóbal, Telica, Cerro Negro, Masaya y Concepción. Los procedimientos de emergencia y evacuación corresponden a la gestión de desastres, mientras que el tema de naturaleza se ocupa del paisaje y los procesos naturales subyacentes. El marco constitucional y legal de Nicaragua reconoce el derecho a un ambiente sano y el deber de preservar y conservar la naturaleza. Los ciudadanos pueden participar en acciones ambientales administrativas, civiles y penales. Entre los principales conflictos están la expansión de la frontera agrícola, los cambios de uso del suelo, la extracción forestal, el tráfico ilegal, la minería, los incendios, el comercio de fauna silvestre y la presión sobre los núcleos de las áreas protegidas. Para hacer frente a estos conflictos se utilizan la zonificación, los planes de manejo, las vedas estacionales, los controles CITES, el monitoreo, la restauración y la cogestión comunitaria. El acceso y las restricciones locales varían según el área protegida, el territorio, el plan vigente y los cierres temporales; por eso, antes de entrar o utilizar recursos, consulta la información pertinente de MARENA o de las autoridades locales.