Vivienda en Nicaragua

La vivienda nicaragüense puede ser formal, parcialmente formal o informal. Algunos términos locales son vivienda, casa, alquiler o arrendamiento, lote y vivienda de interés social. Las cifras nacionales sobre el parque habitacional describen el tipo de vivienda, no su estado ni su precio. Según la ECH de INIDE de 2024, al menos el 41.3% de las paredes exteriores eran de bloque o concreto, el 94.9% de los techos eran de zinc y el 38.9% de los pisos eran de ladrillo de cemento, terrazo o cerámica. Las condiciones y los servicios disponibles pueden variar considerablemente entre las zonas urbanas y rurales, los municipios y la Costa Caribe. El alquiler suele comenzar con un contrato que establece la posesión, las condiciones de pago, las obligaciones de mantenimiento y los usos permitidos. El contrato debe especificar el depósito, la duración, los cargos adicionales y las prácticas locales. Nicaragua no tiene una única serie oficial nacional de precios de alquiler que permita estimaciones confiables para todo el país. Las controversias sobre un arrendamiento se evalúan conforme a las normas de arrendamiento aplicables, incluida la Ley de Inquilinato, y pueden tramitarse mediante un proceso sumario ante los tribunales conforme al Código Procesal Civil. No se debe suponer que hay un plazo nacional fijo de aviso o una regla de desalojo universal sin comprobar el caso y las disposiciones aplicables. Para comprar una propiedad suele utilizarse una escritura pública preparada por un Abogado o Notario. El comprador debe obtener solvencia municipal, solicitar un certificado catastral al INETER, comparar el lote y los documentos con el avalúo catastral fiscal, pagar a la DGI el impuesto de transmisión aplicable e inscribir la transacción en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil. El INETER, autoridad nacional de catastro físico, informa que los certificados catastrales en línea demoran alrededor de 10 días. Una guía de Managua indica un Impuesto de Transmisión de Bienes Inmuebles (ITBI) del 1% sobre el mayor valor entre el avalúo y el precio de venta, y una tasa del registro de la propiedad del 1% basada en el avalúo; se deben confirmar los cargos locales y vigentes. La información de Managua también indica unos 30 días para el registro ordinario y cinco para un trámite expedito, pero no constituye una garantía para todo el país. El registro puede inscribir la propiedad y derechos como usufructo, uso, habitación, servidumbres y arrendamiento. Si una propiedad carece de título inscrito, puede solicitarse un título supletorio ante el tribunal competente mediante prueba de posesión. La posesión no inscrita conlleva más riesgo, en especial cuando no están claros los linderos, la sucesión, reclamos anteriores o la facultad del vendedor para vender. SIICAR2 y el registro departamental competente pueden determinar dónde se tramita la transacción. Los municipios también gestionan la solvencia local y pueden controlar las aprobaciones de construcción o proyectos. Las zonas fronterizas y las tierras comunales de la Costa Caribe requieren verificaciones separadas. INVUR, el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural, administra programas de vivienda social como CVIS, Bono a la Prima o Crédito con Fideicomiso y subsidios a la tasa de interés. La orientación de 2025 para el bono de prima de vivienda incluye nacionalidad nicaragüense, mayoría de edad, precio máximo de venta de US$30,000, financiamiento de hasta US$28,000, ingresos familiares de hasta 10 SMP y no haber recibido previamente un Fideicomiso. La orientación indica bonos parciales de US$3,500 para viviendas de hasta US$25,000 e ingresos de hasta 6 SMP, o de US$2,000 para viviendas de hasta US$30,000 e ingresos de hasta 10 SMP. SMP es la medida de salario mínimo aplicable al programa. Se describe el apoyo a la tasa de interés para viviendas nuevas con un préstamo hipotecario aprobado, precios máximos de US$40,000 para una vivienda unifamiliar o US$50,000 para una multifamiliar, y plazos del préstamo de 15 a 25 años, sujeto al estado del programa y los cupos. Deben confirmarse las reglas y la disponibilidad del programa con INVUR o la institución financiera. Una vivienda de interés social puede estar sujeta a restricciones del programa. Conforme a la Ley 677, alquilar, vender, ceder o transferir una vivienda subsidiada puede requerir aprobación de INVUR y estar restringido por períodos que pueden llegar a 25 años; el caso específico se rige por la escritura y las normas del programa. El Código de Familia también permite que el propietario designe una vivienda familiar ante notario. Por lo general, la vivienda familiar está protegida frente al embargo, la venta y los gravámenes mientras esté vigente la protección, aunque existe una excepción para la hipoteca. La familia debe residir personalmente en la vivienda, por lo que deben comprobarse conjuntamente la escritura y el uso real.