Deudas en Paraguay

El crédito formal en Paraguay está disponible mediante bancos, financieras, cooperativas, el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y los Otorgantes de Crédito Dinerario (OCD) registrados, también llamados Casas de Crédito. Los préstamos informales de familiares, amigos u otros prestamistas privados siguen siendo comunes y pueden facilitar un acceso más amplio, pero la protección legal y las pruebas del acuerdo varían. Para acceder al crédito formal suelen evaluarse los ingresos, documentos, historial de pago, situación laboral o forma empresarial y garantías. En 2024, el 54.8% de los adultos de 18 años o más declaró haber pedido dinero prestado durante el periodo pertinente. Entre quienes habían pedido préstamos, el 58.5% utilizó fuentes no institucionales y el 39.4% instituciones financieras. Solo el 25.3% podía afrontar un gasto imprevisto sin contraer nuevas deudas, mientras que el 57.9% podía mantenerse de una semana a menos de tres meses sin financiación adicional. En 2025, los bancos, financieras y cooperativas mantenían aproximadamente USD 31.484 mil millones en créditos. Unas 2.2 millones de personas tenían al menos un crédito de un banco o financiera, equivalente a cerca del 46% de los adultos. Los bancos representaban el 88.4% del crédito conjunto de bancos, financieras y cooperativas; las cooperativas, el 9.8%; y las financieras, el 1.9%. El Banco Central del Paraguay (BCP) supervisa bancos y financieras, mientras que el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP) supervisa cooperativas. La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) atiende la protección general del consumidor. Los contratos de crédito para la venta de bienes o servicios deben indicar el precio al contado, la tasa y el monto de los intereses, la tasa por mora, comisiones, gastos, cantidad y frecuencia de cuotas, total a pagar y derechos en caso de incumplimiento. El pago anticipado permite una reducción proporcional de los intereses aún no devengados, y las cláusulas abusivas son nulas. La legislación de tarjetas de crédito establece un plazo de desistimiento de siete días, prohíbe los intereses sobre intereses y la capitalización, no permite una tarifa fija por mora, limita las penalizaciones a montos razonables y proporcionales, prohíbe cargos por pago anticipado y exige notificar los cambios contractuales con 45 días de anticipación. Los intereses compensatorios se aplican durante el periodo de crédito acordado y los moratorios, después del incumplimiento. Los intereses moratorios no pueden superar la tasa originalmente acordada, y los moratorios o punitorios no pueden capitalizarse. Los intereses punitorios no pueden superar el 30% de la tasa moratoria. El BCP publica mensualmente un límite máximo efectivo de usura; para septiembre de 2026, la tasa activa efectiva máxima era del 27.39% en moneda local y del 11.31% en moneda extranjera. Para una controversia, debe comprobarse el mes, la moneda y el producto pertinentes. La Central de Riesgo Crediticio (CRC) del BCP consolida información de riesgos de bancos y financieras. Desde el 23 de marzo de 2026, las personas pueden obtener gratis en línea el informe de su estado de deuda mediante Identidad Electrónica de MITIC; desde el 1 de mayo de 2026, es el único método de acceso. El informe utiliza calificaciones de 1 a 6 y los acreedores presentan las actualizaciones. El Buró de Información Crediticia (BIC) está autorizado por el BCP y sujeto a las normas de protección de datos. Las personas pueden solicitar acceso, rectificación, actualización, supresión, oposición y portabilidad mediante un trámite sencillo y gratuito. Si un acreedor deniega un crédito por el contenido del informe, debe notificar a la persona y facilitarle una copia. Los datos crediticios no pueden utilizarse para empleo, ascensos, despidos o acceso médico urgente. Después de pagar, la persona suele pagar al administrador o comprador de la deuda y solicitar una actualización al acreedor que reporta; el pago no elimina automáticamente todos los registros si la fuente no los actualiza. La notificación de cancelación debe realizarse dentro de 24 horas, y conforme a las normas pertinentes no se procesa una deuda vencida que permanezca sin reclamación y sin acción judicial durante tres años. Las quejas por cobro de deudas en Paraguay suelen referirse a hostigamiento, llamadas repetidas, contacto con familiares, amigos o empleadores y cargos sin respaldo. El Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor (SNIPC) de SEDECO ofrece consultas, reclamos, denuncias, información, mediación, conciliación y arbitraje; los municipios se incorporan voluntariamente. La Oficina de Atención al Consumidor Financiero del BCP atiende reclamos sobre productos de bancos y financieras supervisados. Un reclamo no suspende por sí mismo las obligaciones de pago ni un proceso de ejecución judicial. Un acreedor puede iniciar un juicio ejecutivo cuando existe un título ejecutivo. El tribunal puede ordenar el pago y el embargo de bienes; por lo general, un oficial de justicia exige el pago dentro de tres días y luego puede embargar bienes suficientes. Los inmuebles y otros bienes registrables pueden quedar sujetos a una anotación y posteriormente subastarse. El deudor puede seguir obligado a pagar las costas judiciales incluso si cancela la deuda de inmediato. La ejecución de créditos garantizados y las reclamaciones laborales pueden recibir un tratamiento especial. Conforme a la Ley de Quiebras, un deudor comerciante en situación de insolvencia puede solicitar convocatoria de acreedores o quiebra; un deudor no comerciante también puede presentarse conforme al artículo 13. La presentación puede exigir causas de insolvencia, lista de acreedores, montos, fechas, garantías, activos, inventario y documentación de respaldo. La resolución judicial sigue el procedimiento legal y tiene un plazo máximo indicado de 25 días. Tras la admisión, en general se impiden las ejecuciones anteriores iniciadas por acreedores, salvo créditos con garantía real y créditos laborales. Un síndico supervisa la administración del deudor hasta la aprobación de un concordato. No se ha identificado un procedimiento independiente de insolvencia y condonación para consumidores en Paraguay; la refinanciación privada sigue siendo un acuerdo negociado, no un derecho legal automático. Una recuperación ordenada empieza por enumerar cada acreedor, capital, intereses devengados, gastos, garantías, vencimientos y pagos realizados. Obtén informes CRC y BIC, impugna saldos sin respaldo o datos incorrectos, solicita por escrito el saldo y la asignación de pagos, negocia por escrito todo acuerdo o plan de cuotas, conserva los comprobantes y solicita actualizaciones de los informes tras pagar. Contraer un nuevo crédito costoso para atender una deuda antigua puede aumentar la carga total. La deuda pública es una cuestión macroeconómica distinta: el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) administra el crédito y la deuda pública, que no deben confundirse con las deudas personales o de pequeñas empresas.