Seguros en Paraguay

Paraguay tiene un mercado de seguros privados establecido y un sistema de seguro social obligatorio. El marco principal de seguros privados comprende la Ley 827/96 De Seguros y el Libro III del Código Civil. Solo las compañías aseguradoras paraguayas autorizadas o las sucursales de compañías extranjeras pueden ofrecer seguros privados. La SIS autoriza a las aseguradoras, mantiene registros, supervisa solvencia y transparencia, y vigila el mercado y la atención a usuarios. Sus registros incluyen aseguradoras, planes aprobados, agentes, corredores, liquidadores de siniestros y reaseguradoras. En 2025, el mercado contaba con 36 aseguradoras: 20 ofrecían solo seguros patrimoniales y 16 seguros patrimoniales y de vida. La misma información de mercado registró 146 reaseguradoras extranjeras y dos grupos de coaseguro. Los productos patrimoniales incluyen seguros de automóviles, incendio, robo, transporte, riesgos técnicos, riesgos agrícolas, responsabilidad civil, caución, aviación y cristales. Los productos personales incluyen seguros de vida, accidentes personales y accidentes de pasajeros. Los seguros de automóviles y de vida tienen una demanda local significativa. La cobertura de vida vinculada al crédito o a la cancelación de deudas sigue siendo un seguro aunque se venda junto con un producto financiero; el contrato de seguro y sus exclusiones determinan la cobertura. Quien contrate un seguro privado debe verificar tanto al proveedor como al intermediario en el registro de la SIS, y consultar el plan correspondiente en el Registro de Planes. La póliza debe ser clara y, en general, estar redactada en español. Debe identificar el riesgo asegurado, suma asegurada, exclusiones, deducible o franquicia, período de espera, límites, vigencia, renovación y reglas de terminación. En general, las primas se calculan libremente, aunque la SIS puede objetar tarifas inadecuadas, abusivas o discriminatorias. Las pólizas pueden emitirse en moneda extranjera. No debe suponerse que hay cobertura hasta revisar y aceptar la póliza o el contrato. El tomador debe informar sin demora a la aseguradora de un siniestro, es decir, una pérdida o evento asegurado. El artículo 1589 del Código Civil establece un plazo de tres días desde que se conoce la pérdida para notificarla, sujeto al procedimiento legal y contractual aplicable. El reclamante debe proporcionar información y pruebas, tomar medidas razonables para reducir los daños y permitir la investigación. La aseguradora o un liquidador registrado realiza la liquidación. El asegurado o beneficiario puede solicitar un liquidador registrado cuando el procedimiento lo permita. Normalmente se empieza reclamando a la aseguradora y luego se puede presentar una queja ante la Plataforma de Asistencia al Usuario de la SIS. Una presentación formalmente admitida por la SIS puede ser investigada y respondida en un máximo de 60 días hábiles, pero la SIS no puede conceder una prestación que deba ordenar un tribunal ni obligar al pago o al reembolso de una prima. En general, el beneficiario de un seguro de vida dispone de hasta tres años desde el evento asegurado, sujeto a la norma aplicable; el plazo puede estar vinculado al conocimiento del beneficio. Un endoso es una modificación escrita que cambia una póliza o su cobertura. Entra en vigor cuando lo firman el tomador y la aseguradora o cuando el contrato exige su aprobación. El cambio de aseguradora, la cancelación, la negativa a renovar o la devolución de una prima dependen de la póliza y el Código Civil; no hay un plazo general único para todos los casos. El reaseguro modifica la relación entre aseguradoras, no el contrato directo con el tomador, y no justifica retrasar un reclamo. El IPS proporciona el Seguro Social Obligatorio a trabajadores dependientes del sector privado, incluidos los trabajadores domésticos. Cubre enfermedades y accidentes no laborales, maternidad, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez, vejez y muerte, con beneficios familiares para parientes elegibles registrados. El empleador tramita el registro, retiene el aporte del trabajador y transfiere los aportes al IPS. La guía del MTESS indica un aporte del trabajador del 9% del salario total y aportes del empleador del 14% más un 2.5% de cargos patronales adicionales, es decir, un total patronal del 16.5%. Las tasas de aportación y su distribución deben verificarse nuevamente después de cambios legales. Los períodos de espera para servicios de salud incluyen un mes de aportes para el trabajador y dos meses consecutivos para el seguro familiar; la cobertura por accidente laboral comienza desde el inicio informado del empleo. Las obligaciones patronales también se aplican al trabajo a tiempo parcial. La Ley 4933/13 del IPS permite una modalidad voluntaria a trabajadores independientes, empleadores, representantes, propietarios de MIPYMES, amas de casa y otros grupos. El aporte habitual es del 13% de una base declarada, con un mínimo vinculado al salario mínimo. Esta modalidad voluntaria ofrece cobertura activa principalmente para jubilaciones y pensiones, no seguro médico antes de la jubilación. Por tanto, las decisiones de seguro dependen mucho de si la necesidad es proteger bienes o personas mediante seguro privado, acceder a protección social por empleo formal o contar con cobertura voluntaria de jubilación. La Ley 4950/13 creó el SOAT, pero la Ley 5150/14 derogó la Ley 4950. La norma derogada no debe usarse como prueba de una obligación general vigente de SOAT; la cobertura voluntaria de automóvil o responsabilidad y cualquier obligación sectorial deben comprobarse por separado según las reglas vigentes de la SIS y de tránsito.