Deuda en Papúa Nueva Guinea

Un contrato de crédito suele establecer el importe prestado, las fechas de pago, los intereses u otros cargos, las garantías y las consecuencias de los atrasos o el incumplimiento. Conviene comprobar que los proveedores formales figuren en la lista vigente de instituciones autorizadas por BPNG, que en el material revisado estaba actualizada al 31 de diciembre de 2025. Las empresas de préstamo de dinero también deben cumplir los requisitos de registro del artículo 57 de la Ley contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2015. BPNG mantiene una lista independiente de entidades de préstamo de dinero no registradas, por lo que hay que comprobar la autorización y el registro de una institución antes de pedirle dinero o pagarle. La Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2023–2027 del Centro para la Excelencia en Inclusión Financiera apoya la educación financiera y el acceso móvil o digital, con especial atención a las mujeres y las comunidades rurales. Según el programa, más de 250.000 personas habían recibido formación, incluidas unas 120.000 mujeres. Las fuentes revisadas no establecieron un servicio público nacional de asesoramiento sobre deudas privadas, por lo que el apoyo práctico está fragmentado. La persona deudora puede pedir al prestamista una reestructuración bilateral o un acuerdo, pero las fuentes revisadas no establecen una moratoria legal general que suspenda automáticamente todas las acciones de los acreedores. Una queja por transferencia electrónica de fondos sigue un proceso independiente de servicios de pago: la institución debe proporcionar un procedimiento de reclamación y, cuando sea posible, aclarar el asunto rápidamente; de lo contrario, debe facilitar información en 15 días y completar el proceso en un máximo de 30 días. Esa directiva se refiere a servicios de pago y no resuelve automáticamente un conflicto sobre el préstamo subyacente. Un acreedor puede reclamar la deuda civil ante el Tribunal de Distrito o el Tribunal Nacional, según la competencia. Las demandas civiles ante el Tribunal Nacional se presentan en la Secretaría y requieren la tasa de presentación correspondiente. Tras la sentencia, el sheriff puede notificar documentos previo pago de una tarifa y utilizar instrumentos de ejecución como un mandamiento de embargo, de posesión, de entrega o de incautación. También puede corresponder una orden de ejecución del Tribunal de Distrito. Por regla general, la ejecución continúa salvo que el acreedor instruya a la oficina de ejecución que la detenga. Los tribunales nacionales cuentan con oficinas regionales del sheriff, pero el acceso práctico y los plazos dependen del tribunal, el lugar, los documentos y las tarifas. Papúa Nueva Guinea cuenta con una vía formal de insolvencia conforme a la Ley de Insolvencia de 1951. Hay insolvencia cuando una persona deudora no puede pagar sus deudas en la forma exigida por la ley. El procedimiento empieza con la presentación de una petición en la Secretaría del Tribunal Nacional. Una persona deudora puede presentar una petición personalmente mediante el Formulario 1, con la firma y certificación requeridas. Un acreedor puede presentar una petición si se cumplen las condiciones legales, entre ellas que haya una deuda líquida vencida e impaga. Las disposiciones revisadas indican umbrales de al menos K100 para un acreedor, K140 para dos acreedores y K200 para tres o más acreedores. Por lo general, un acreedor garantizado debe renunciar a los derechos de garantía pertinentes o transferirlos antes de utilizar este procedimiento de petición. Entre los actos de insolvencia figuran declarar la incapacidad de pago, presentar una petición propia, realizar ciertas transferencias fraudulentas y el embargo ejecutivo de al menos K100 que no se satisface en cuatro días. La ley solo permite utilizar un acto de insolvencia ocurrido dentro de los seis meses anteriores a la petición. Como la ley tiene más de cinco décadas y una revisión de 2026 identificó términos, importes, tasas y plazos obsoletos, conviene comprobar las normas y la práctica vigentes de la Secretaría antes de basarse en estas cifras. Tras la declaración de insolvencia, los bienes disponibles se distribuyen entre los acreedores según las deudas probadas. En una petición de acreedor, los bienes pasan inicialmente al fideicomisario oficial. En una petición de la persona deudora, el fideicomisario oficial toma posesión de los bienes hasta que se declare la insolvencia o se desestime la petición. El fideicomisario oficial es el designado conforme a la ley; en los casos permitidos por el procedimiento, los acreedores también pueden elegir a un fideicomisario. Las deudas que pueden probarse incluyen obligaciones presentes o futuras y ciertas obligaciones contingentes que cumplen las condiciones legales. Los acreedores garantizados conservan sus derechos de garantía. El tribunal puede suspender otras acciones o ejecuciones, y el fideicomisario puede proteger y vender bienes, examinar las pruebas de deuda, pagar dividendos y administrar acuerdos o convenios. La persona deudora debe declarar todos sus bienes y deudas, entregar libros y documentos y responder preguntas durante el procedimiento legal. Puede tener que asistir a una reunión de acreedores para responder preguntas en una liquidación mediante acuerdo, y el tribunal puede exigir un interrogatorio bajo juramento. Negarse a responder puede constituir un delito castigado con hasta seis meses. La persona deudora puede impugnar un acto o una decisión del fideicomisario. Con el consentimiento exigido de los acreedores o del comité, del patrimonio puede pagarse una asignación para el mantenimiento de la persona insolvente o su familia. Los acreedores prueban sus reclamaciones mediante declaración jurada ante el secretario, un juez o un comisionado, y la ley puede admitir pruebas presentadas fuera de plazo. Una persona deudora incapaz de pagar puede convocar una reunión general de acreedores. Una resolución especial puede establecer una liquidación mediante acuerdo, con un fideicomisario y un estado de bienes y deudas; la resolución y el estado se presentan al secretario, y la liquidación empieza cuando se nombra al fideicomisario. Durante la insolvencia, los acreedores también pueden aprobar por resolución especial un convenio o un plan de liquidación, sujetos a la aprobación del tribunal o un juez. Estos procedimientos pueden diferir de la ejecución ordinaria y deben evaluarse según los bienes, los acreedores y la capacidad de financiar un acuerdo de la persona deudora. Los costes dependen del procedimiento. Por lo general, un acreedor asume los costes del procedimiento hasta la declaración de insolvencia; cuando la ley lo permite, los costes, cargos y gastos de insolvencia se pagan con el patrimonio. Los acreedores pueden fijar la remuneración del fideicomisario. La ejecución judicial requiere tasas de presentación, y la notificación del sheriff también está sujeta a una tarifa. La Oficina del Procurador Público presta asistencia jurídica gratuita en asuntos civiles a las personas que no pueden pagar un profesional privado, pero la elegibilidad y cobertura práctica dependen de los medios económicos, los méritos y la capacidad disponible. Las fuentes revisadas no establecen un plazo universal desde la presentación hasta el cierre. El procedimiento puede concluir cuando se realicen los bienes sin demora innecesaria o cuando termine un convenio o acuerdo, seguido de la publicación de la orden de cierre en el Boletín Oficial Nacional. El certificado de rehabilitación libera las deudas probadas, con ciertas excepciones legales. El artículo 132 permite la rehabilitación después del último examen o antes, con el consentimiento especial de acreedores exigido cuando se cumplen las condiciones legales. El artículo 133 establece una vía después de 12 meses con el consentimiento escrito de la mayoría de acreedores cuyas deudas probadas sean de al menos K20 por persona, o después de dos años sin consentimiento de los acreedores. El artículo 134 establece una vía después de tres años con el consentimiento escrito de la mayoría exigida y un juramento que confirme una declaración íntegra y veraz, sin connivencia. El tribunal puede suspender la rehabilitación o imponer condiciones, y el certificado surte efecto tras el plazo de apelación o después de resolverse una apelación. Las deudas estatales o de ingresos públicos no se liberan salvo que el secretario de Finanzas y un ministro otorguen su consentimiento por escrito. Las responsabilidades por fraude o incumplimiento de fideicomiso, los importes retenidos por el fideicomisario y las obligaciones de una persona codeudora, socia u obligada conjunta también quedan fuera de la liberación ordinaria. En general, durante los tres años posteriores al cierre, los bienes de una persona insolvente no rehabilitada no pueden utilizarse para ejecutar deudas probadas. Después de ese plazo, el saldo impago se puede ejecutar como una deuda reconocida en sentencia solo con el consentimiento del tribunal y no genera automáticamente intereses durante el periodo intermedio. La deuda pública registrada en el Boletín Económico Trimestral de BPNG o por el Departamento del Tesoro se refiere a la gestión de la deuda soberana y no constituye un recurso para una persona deudora privada.