Relaciones sentimentales en Papúa Nueva Guinea

En Papúa Nueva Guinea, las citas y el noviazgo no cuentan con un sistema nacional de registro, asesoramiento obligatorio ni proceso estatal para emparejar personas. Las familias, los clanes, las iglesias y los líderes consuetudinarios pueden participar, según la comunidad y las circunstancias de la pareja. Según la orientación del Registro Civil y de Identidad de Papúa Nueva Guinea, la convivencia no tiene el mismo estado legal que un matrimonio registrado. Un matrimonio consuetudinario se forma mediante el consentimiento y el intercambio de dinero o bienes de acuerdo con la costumbre local. El intercambio puede incluir dinero en efectivo, cerdos u otros bienes y suele llamarse precio de la novia o dava, pero su significado, importe, momento y efecto legal varían según la tribu y el grupo. El registro exige documentar la práctica local y puede basarse en un aviso o certificado de un magistrado del Tribunal de Aldea, o en una bendición de iglesia o certificado de un sacerdote. Conforme al artículo 39 de la Ley de Enmienda del Registro Civil de 2014, el registro de matrimonios consuetudinarios se limita a una persona nativa de Papúa Nueva Guinea, según la definición de la ley; un extranjero no puede contraer un matrimonio consuetudinario al amparo de esa norma. El mismo marco jurídico se refiere a una primera esposa y un primer marido, y las relaciones bígamas o poliándricas pueden constituir un delito. El matrimonio civil o estatal se celebra ante una persona autorizada e inscrita o un administrador provincial, conforme a la Ley de Matrimonio. El procedimiento habitual incluye notificar la intención de casarse, una búsqueda en el registro, el pago de la tarifa, presentar documentos de identidad y estado civil, una entrevista o asesoramiento con quien oficia la ceremonia, siete días de aviso, una ceremonia con un testigo por cada parte y la expedición del certificado y el registro. Las personas solicitantes extranjeras pueden necesitar una carta de estado civil, certificado de nacimiento, pasaporte, visado o permiso de trabajo y confirmación del empleador; la guía del registro también menciona más de dos años de residencia. El tarifario nacional publicado por el Registro Civil y de Identidad de Papúa Nueva Guinea en 2020 indica K10 por una búsqueda, K200 por una ceremonia ordinaria, K250 por una ceremonia urgente, K20 por un certificado y K40 por un certificado urgente. Para una persona extranjera, las tarifas indicadas son K200 por la búsqueda, K200 por la ceremonia ordinaria, K300 por la urgente, K20 por el certificado y K80 por el certificado urgente. Conviene comprobar estas tarifas publicadas con el Registro Civil y de Identidad antes de hacer preparativos. Un certificado de matrimonio constituye prueba legal del matrimonio y puede respaldar asuntos como herencias, prestaciones, seguridad social, nacionalidad o viajes, protección, vivienda y cuentas conjuntas. La Constitución establece el objetivo nacional de que haya igualdad de derechos y deberes en el matrimonio y corresponsabilidad parental, pero los efectos prácticos de una relación dependen de su forma legal y del procedimiento pertinente. Papúa Nueva Guinea no reconoce el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Las relaciones sexuales entre hombres del mismo sexo están penalizadas conforme a los artículos 210 y 212 del Código Penal, lo que conlleva graves riesgos jurídicos y sociales; tampoco se reconoce el matrimonio entre mujeres del mismo sexo. El consentimiento sexual exige un acuerdo libre y voluntario. La fuerza, las amenazas, el miedo, la detención, el sueño o la inconsciencia, la intoxicación, la discapacidad, el abuso de confianza o de poder y la retirada del acuerdo impiden que haya consentimiento válido. El silencio, la falta de resistencia, la ausencia de lesiones y un acuerdo anterior no demuestran consentimiento. Las fuentes de la investigación indican una pena máxima de 15 años por violación y cadena perpetua por violación agravada. La Ley de Protección de la Familia de 2013 tipifica como delito la violencia doméstica y permite solicitar protección mediante órdenes de protección familiar y órdenes provisionales de protección. Los tribunales distritales y los tribunales de aldea pueden intervenir en asuntos de protección, condiciones de buena conducta, bienes o residencia exclusiva, asesoramiento y mediación. La enmienda de 2022 eliminó las tasas judiciales y de solicitud, introdujo un aviso urgente de protección y reforzó las sanciones por incumplir las órdenes. La definición legal de familia no incluye expresamente todos los casos de relaciones únicamente de noviazgo, por lo que, en una situación que no implique cónyuges, conviene confirmar la protección con un tribunal, la policía o un proveedor de asistencia jurídica, en vez de darla por sentada. La policía, los tribunales de aldea, los tribunales distritales, el Tribunal Nacional, los centros de salud, los Centros de Apoyo Familiar y los refugios seguros pueden brindar distintos tipos de ayuda. Entre las clínicas designadas de Puerto Moresby está el Centro de Apoyo Familiar del Hospital General de Puerto Moresby. Una declaración gubernamental de 2025 informó de 56 refugios seguros en 17 provincias, pero su disponibilidad y alcance reales varían. La política sanitaria busca que la planificación familiar sea gratuita o accesible y respalda información, pruebas y tratamiento de ITS y VIH; las diferencias geográficas y el bajo acceso de adolescentes pueden limitar la disponibilidad práctica. Los datos de la Encuesta Demográfica y de Salud Nacional indican que cerca de dos tercios de las mujeres y el 54 % de los hombres de 15 a 49 años vivían entonces en una unión matrimonial. El 18 % de las mujeres actualmente casadas declaró que su marido tenía otra u otras esposas. Entre las mujeres que se habían casado alguna vez, el 63 % informó haber sufrido violencia física, sexual o emocional por parte de su cónyuge; el 35 % pidió ayuda y el 39 % no la pidió ni se lo contó a nadie. Estas cifras muestran por qué la planificación confidencial de la seguridad, el acceso a la salud y las vías fiables de protección son importantes junto con el reconocimiento social o consuetudinario de la relación. La disolución de un matrimonio civil se tramita ante el Tribunal Nacional y normalmente requiere un Decreto Nisi seguido de un Decreto Absoluto. El Registro Civil y de Identidad de Papúa Nueva Guinea elimina el matrimonio del registro tras recibir la orden judicial de disolución. La disolución consuetudinaria puede involucrar tribunales de aldea o distritales, mientras que el noviazgo o la convivencia no tienen un procedimiento nacional equivalente para registrar la ruptura. Por ello, al terminar una relación quizá se necesite asesoramiento separado sobre bienes, hijos, seguridad y obligaciones consuetudinarias.